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Los países con las peores crisis hídricas apenas tienen capacidad de desalinización. La desalinización a gran escala existe desde la década de 1960 y se les ha ofrecido una y otra vez, pero sus cuentas nunca han salido en esos países. Yemen, Etiopía, Pakistán y buena parte del África subsahariana sufren una escasez de agua aguda y cada vez más grave. Entre todos reúnen apenas una mínima parte de la capacidad de desalinización del mundo: una planta desalinizadora de agua de mar financiada por Arabia Saudí para Adén, la ciudad portuaria de Yemen, todavía está en preparación, y Etiopía, sin salida al mar, prácticamente no tiene ninguna. El alcance de la tecnología y la geografía de la crisis casi no coinciden.
Ese es el problema central de tratar la desalinización como la respuesta a la escasez mundial de agua. La tecnología tiene fama de solución reluciente para un problema planetario, pero sus plantas se construyen allí donde coinciden el capital y la costa, y esa brecha es económica, no técnica. Tampoco se están aplicando los remedios que llegarían a todos los demás, por razones que, de nuevo, nada tienen que ver con la tecnología.
Qué es la desalinización, qué hace y dónde fallan las cuentas
La desalinización funciona de dos maneras: o se fuerza el agua de mar a través de membranas semipermeables a alta presión, un proceso llamado ósmosis inversa, o se calienta hasta que se evapora y se condensa el vapor resultante, con lo que el agua dulce queda separada de la sal. Ambos procesos son técnicamente maduros y ambos se usan comercialmente a gran escala.
Los países del Golfo viven de ella. Kuwait, Catar y Baréin obtienen de la desalinización alrededor del 90 % o más de su agua potable, y Arabia Saudí, aproximadamente el 70 %. Las grandes plantas de agua de mar que Israel tiene en la costa mediterránea producen cerca del 80 % de su agua potable, alrededor de un tercio de toda el agua dulce que el país suministró en 2022. Una sexta planta, Sorek 2, empezó a entregar agua en 2025, y según la previsión a largo plazo de la Autoridad del Agua la capacidad de desalinización casi se triplicará, de unos 600 millones de metros cúbicos anuales en 2022 a unos 1.700 millones en 2050. Son sistemas operativos, a gran escala, que funcionan tal como se diseñaron. Que la desalinización pueda o no resolver la crisis mundial del agua es una cuestión de economía.
El primer límite es la energía. La ósmosis inversa necesita entre 3 y 4 kilovatios hora, aproximadamente, para producir un metro cúbico de agua dulce a partir de agua de mar, y las plantas más avanzadas logran en torno a 2,5 kWh/m³ en condiciones ideales. El tratamiento convencional del agua de ríos o lagos requiere aproximadamente entre 0,2 y 0,6 kWh/m³. La desalinización consume, a grandes rasgos, entre cinco y veinte veces más energía por unidad de agua producida. La diferencia es grande, y la física limita cuánto puede reducirse: desalinizar agua de mar tiene un mínimo termodinámico de alrededor de 1 kWh/m³.
Llevemos eso al consumo mundial. Las extracciones anuales de agua dulce rondan los 4.000 kilómetros cúbicos, y solo la agricultura representa unos 2.800 km³. Sustituir con agua desalinizada aunque sea una fracción significativa de la demanda agrícola mundial exigiría un aporte de energía que no existe a la escala necesaria. Las mejoras de eficiencia futuras no pueden eliminar un límite que fija la física, y ese límite tiene consecuencias económicas directas y permanentes. El argumento de que la energía solar acabará haciendo viable la desalinización a esta escala es técnicamente coherente, pero llega demasiado despacio para servir de ayuda. El coste de capital de construir a la vez infraestructura solar y de desalinización a la escala requerida sigue siendo prohibitivo para los países de bajos ingresos con estrés hídrico, y los acuíferos que hoy se están agotando no disponen de las décadas que esa transición necesitaría para materializarse.
El segundo es lo que sale por el otro extremo. Por cada litro de agua dulce producido, la desalinización genera alrededor de 1,5 litros de salmuera hipersalina: un concentrado hasta unas dos veces más salado que el agua de mar, que arrastra restos de productos químicos del tratamiento, como el cloro y los antiincrustantes, y trazas de metales como el cobre. En 2019 se estimó que las plantas desalinizadoras del mundo vertían unos 142 millones de metros cúbicos de esta salmuera al día. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar producen juntos el 55 %.
La inmensa mayoría vuelve al mar. Los impactos ecológicos locales cerca de los puntos de vertido están documentados: las plumas hipersalinas, a menudo más cálidas, pueden reducir el oxígeno disuelto, someter a estrés a los organismos del fondo marino y a hábitats sensibles como las praderas marinas, y elevar las concentraciones de cobre y otros metales. El golfo Pérsico, rodeado por aproximadamente la mitad de la capacidad mundial de desalinización de agua de mar, es donde se concentran estos efectos: según un modelo, la salmuera eleva la salinidad hasta unos 4 gramos por kilogramo en el suroeste del Golfo, frente a la costa arábiga. Un estudio distinto de la cuenca en su conjunto concluyó que los aumentos de salinidad debidos a la desalinización se mantienen holgadamente dentro de la variabilidad natural del Golfo, incluso con el crecimiento de capacidad previsto hasta 2050. Sus autores dejan claro que se trata de un veredicto a escala de cuenca y que lo que ocurre alrededor de cada planta requiere más investigación. La desalinización en el interior se enfrenta a problemas de eliminación de la salmuera distintos, pero igual de graves. Sin un océano cerca, la salmuera debe inyectarse bajo tierra, evaporarse en costosas balsas impermeabilizadas o transportarse, y ninguna de estas opciones es barata ni inocua para el medio ambiente. En el interior, la eliminación de la salmuera solo se resuelve pagando un precio, y eleva sustancialmente el coste real de la desalinización allí donde se intenta lejos de la costa. El coste económico total de la desalinización, bien contabilizado, incluye estos costes ambientales derivados, y poco de eso aparece en el precio del agua desalinizada.
El tercero es el capital. Construir una gran planta de ósmosis inversa cuesta desde cientos de millones hasta más de mil millones de dólares, a lo que se suman unos costes de explotación considerables y continuos. Yemen, Etiopía, Pakistán y amplias zonas del África subsahariana, donde las crisis hídricas son más agudas, no pueden reunir capital en la escala y en las condiciones que exige esta infraestructura; incluso la planta de agua de mar que se prepara para Adén, en Yemen, depende de financiación saudí para el desarrollo. Los países del Golfo, Israel, Australia, España y la costa de California sí pueden, y usan la desalinización para complementar sistemas de agua que ya funcionan.
Los beneficios de la tecnología van a parar de forma abrumadora a quienes ya tienen el agua asegurada. Sus costes en energía y en daños ambientales en los puntos de vertido se reparten de manera más amplia. Y la tecnología apenas llega a los 2.100 millones de personas que en todo el mundo siguen sin agua potable gestionada de forma segura. Así ha sido durante las seis décadas en que la desalinización ha funcionado a escala industrial, demasiado tiempo para que se trate de un retraso en su implantación que más tiempo e inversión vayan a corregir.
El problema del 70 %
La agricultura extrae aproximadamente el 70 % de toda el agua dulce que se capta en el mundo. En muchos países más pobres, donde predomina el regadío de subsistencia y comercial, la proporción llega al 90 % o más, y a cerca del 95 % en Afganistán, Malí, Nepal, Somalia y Sudán. Frente a eso, todas las plantas desalinizadoras del mundo juntas, funcionando a pleno rendimiento con una capacidad de unos 100 millones de metros cúbicos diarios, producirían menos de 40 km³ al año, suficiente para cubrir solo un uno o un dos por ciento de lo que extrae la agricultura.
El método de riego dominante en el mundo sigue siendo el riego por inundación, en el que el agua se suelta por surcos y canales y anega los campos. Es el método menos eficiente que existe: el agua corre entre las hileras de cultivo, se evapora al sol y se filtra por debajo de la zona de las raíces, donde las plantas ya no pueden absorberla. La eficiencia de aplicación típica del riego por inundación se sitúa entre el 40 y el 60 %, de modo que aproximadamente la mitad del agua aplicada nunca llega a las raíces del cultivo, aunque parte de ella vuelve a ríos y acuíferos aguas abajo. El riego por goteo, que lleva el agua directamente a la zona radicular mediante tubos y emisores, alcanza eficiencias del 85 al 90 %. No es una tecnología experimental: se vende comercialmente y tiene décadas de antigüedad. Lo que la frena es el coste. Los sistemas de goteo son caros de instalar y mantener, así que los agricultores los adoptan para cultivos de alto valor o donde el agua escasea y tiene precio, y rara vez donde el agua es gratis.
El riego por inundación persiste porque el agua agrícola es sistemáticamente gratuita o casi gratuita en la mayor parte del mundo. Cuando el agua no tiene precio, o tiene uno simbólico, desaparece el principal incentivo económico para invertir en eficiencia. Los agricultores que siguen inundando sus campos responden de forma racional a los incentivos que tienen delante.
Las subvenciones son grandes y en su mayoría pasan inadvertidas. El sector agrícola de California consume alrededor del 80 % del agua que el estado capta y gestiona, o cerca del 40 % del uso total de agua del estado si se cuentan los caudales ambientales, y aporta en torno al 2 % del PIB estatal. Buena parte de esa agua circula por infraestructuras federales construidas y gestionadas por la Oficina de Recuperación de Tierras de Estados Unidos (Bureau of Reclamation), que históricamente ha suministrado agua a los usuarios agrícolas a precios que representan una pequeña fracción de su coste total. El Environmental Working Group calculó que en 2002 el precio medio del agua de riego del Proyecto del Valle Central era inferior al 2 % de lo que pagaban los vecinos de Los Ángeles por el agua potable, y que la subvención total que recibieron ese año los agricultores del proyecto superó los cerca de 48 millones de dólares que pagaron por su agua. Los regantes de los proyectos de la Oficina de Recuperación de Tierras devuelven su parte de los costes de construcción sin intereses desde que el programa comenzó en 1902, y para 1996 aproximadamente la mitad de los 7.100 millones de dólares en costes de construcción asignados a los regantes se había cargado a otros, sobre todo a los clientes de la energía hidroeléctrica.
La misma dinámica opera en todo el mundo, adaptada a los equilibrios políticos de cada lugar. El riego subvencionado impulsa cultivos que consumen mucha agua en regiones que no pueden sostenerlos sin agotar acuíferos o desviar ríos. En Asia Central, los planes de riego para el algodón de la época soviética, mantenidos por los gobiernos postsoviéticos, han provocado el colapso del mar de Aral. Antaño el cuarto lago más grande de la Tierra, hoy es en gran parte un salar y un desastre sanitario. En el Panyab y el Sind, dos regiones de Pakistán con escasez de agua, se cultiva arroz y se consume agua a un ritmo que el sistema del Indo no puede proporcionar de forma sostenible. Las almendras y los pistachos, entre las mayores exportaciones agrícolas de California en valor, proceden de cultivos perennes que necesitan agua todo el año y crecen en un territorio casi desértico con agua que se cobra muy por debajo de su valor de escasez.
Sobre el papel, la solución es sencilla: cobrar el agua agrícola a su valor real de escasez o cerca de él, destinar los ingresos a ayudar en la transición a los agricultores pequeños y de subsistencia que pasen a sistemas más eficientes, y proteger a los pequeños productores pobres con subvenciones focalizadas ligadas al volumen consumido, en lugar de precios generalizados por debajo del mercado. Algunos gobiernos ya han avanzado en esa dirección. Israel, bajo la presión constante de la escasez, ha cobrado a los agricultores un precio cercano al coste real de su agua y ha limitado su consumo con cuotas que se hacen cumplir —los productores israelíes se quejan de que sus tarifas de agua son las más altas de la OCDE, y una reforma de la Ley del Agua de 2025 rebaja algunas de ellas—. Australia lo ha hecho en la cuenca del Murray-Darling, de forma imperfecta e incompleta, pero medible.
El obstáculo político es que el electorado agrícola tiene un poder desproporcionado en la mayoría de los sistemas democráticos. El voto rural está estructuralmente sobrerrepresentado en los parlamentos, y los grupos de presión agrarios cuentan con abundante financiación. Los modelos financieros de las grandes explotaciones que consumen mucha agua se basan en el agua barata, y la reforma los amenaza directamente.
La reforma del agua agrícola alcanza también a la elección de cultivos. Los argumentos económicos para sembrar cultivos que consumen mucha agua en regiones áridas descansan en gran medida en el agua barata. Si se le pone al agua el precio correcto, las cuentas del algodón en Uzbekistán, las almendras en el condado de Fresno y el arroz en el Sind cambian, y los mercados ajustan lo que se cultiva.
Poner precio al resto
El agua agrícola es, con diferencia, la palanca más grande, pero el problema de los precios mal fijados alcanza a todos los usos del agua. El agua residencial urbana, la industrial y el consumo comercial se cobran sistemáticamente por debajo de su valor en la mayor parte del mundo, con el previsible exceso de consumo. Los recursos que no cuestan nada, o casi nada, se consumen de maneras que no resistirían un examen de su precio: céspedes en ciudades del desierto, lavaderos de coches, procesos industriales que derrochan agua, piscinas de hotel en regiones con estrés hídrico.
La objeción política habitual a poner precio al agua es que niega un derecho humano, y parte de ese argumento se sostiene. El acceso a una cantidad mínima de agua para beber, cocinar y el saneamiento básico es un derecho humano, y los sistemas de precios que dejan el agua básica fuera del alcance de los hogares pobres son injustos.
En la práctica, sin embargo, el argumento se ha convertido en un escudo político que esgrimen sobre todo los grandes consumidores de agua para proteger sus subvenciones. Los hogares pobres consumen cantidades modestas de agua: unos 20 litros por persona y día suelen bastar para beber, cocinar y lavarse las manos, y los hogares con un grifo en la parcela suelen usar unos 50. Quienes más ven subir su factura con un precio correcto son los usuarios residenciales ricos, los negocios y, sobre todo, los intereses agrícolas de los que ya se ha hablado. Cuando los grupos de presión agrarios, los operadores de campos de golf y los usuarios industriales invocan el derecho humano al agua para oponerse a la reforma de los precios, defienden sobre todo su propio acceso a agua barata, no el de los agricultores de subsistencia o los pobres de las ciudades.
El diseño de políticas que responde a esta objeción ya se ha aplicado y documentado. La política Free Basic Water (Agua Básica Gratuita) de Sudáfrica, introducida en 2001 como parte de los compromisos de prestación de servicios del gobierno posterior al apartheid, concede a cada hogar sus primeros 6.000 litros al mes gratis, suficientes para beber, cocinar y un saneamiento básico, y aplica por encima de ese umbral tarifas por tramos crecientes, de modo que los grandes consumidores pagan cada vez más por unidad. La lógica explícita era que los hogares pobres, que usan poca agua, no pagarían nada, mientras que los grandes consumidores pagarían precios reales. La ejecución ha sido imperfecta. Con el tiempo, municipios con problemas de liquidez han limitado la asignación gratuita a los hogares pobres registrados y la han hecho cumplir con dispositivos que restringen el caudal, y en Tshwane los elevados precios por tramo usados para financiar la asignación pueden dejar en peor situación a algunos hogares de bajos ingresos. Pero el diseño de fondo, un tramo vital gratuito o barato con precios progresivamente más altos por encima, es viable, y existen versiones de él en otros lugares: Chile subvenciona las facturas de agua de los hogares de bajos ingresos en virtud de una ley aprobada en 1989, y Flandes, en Bélgica, dio a cada residente 15 metros cúbicos de agua gratuita al año desde 1997 hasta que el sistema se abolió en 2016.
Donde hay oposición a las tarifas con tramo vital, suele proceder de la industria, la agricultura y los consumidores residenciales de ingresos altos, y no principalmente de los hogares pobres a los que la objeción dice proteger. En Sudáfrica, la presión sobre la asignación gratuita ha venido de municipios que priorizan la recuperación de costes, no de los habitantes de los townships que dependen de ella. En California, el lobby agrícola que lleva décadas bloqueando la reforma de los precios del agua invoca a los pequeños agricultores familiares en sus mensajes públicos mientras representa a explotaciones que consumen cientos de miles de acres-pie al año a precios subvencionados.
La crisis en el acuífero
El agotamiento de las aguas subterráneas es una emergencia hídrica que se gesta fuera de la vista. Los grandes acuíferos del mundo se están vaciando a un ritmo sin precedentes y sin equilibrio posible. El acuífero de Ogallala, bajo las Grandes Llanuras estadounidenses, suministra aproximadamente el 30 % de toda el agua subterránea que se usa para riego en Estados Unidos. En las Altas Llanuras del sur de Texas, la lluvia recarga el acuífero solo alrededor de un centímetro al año de media, y entre las lagunas temporales de la región la recarga es casi nula. En el oeste de Kansas y el Panhandle de Texas, el nivel freático suele bajar entre 1 y 3 pies al año. En algunas zonas del acuífero ha descendido más de 100 pies desde que empezó el bombeo a gran escala tras la Segunda Guerra Mundial. Entre el inicio del bombeo intensivo y 2015, el acuífero perdió unos 273 millones de acres-pie de agua almacenada, aproximadamente 18 años del caudal natural del río Colorado.
El acuífero de la llanura del Norte de China, que riega una producción de trigo y maíz que alimenta a cientos de millones de personas, muestra a la vez la magnitud del daño y la salida. Se vació sin tregua: en el conjunto de la región norte de China que forman Pekín, Tianjin, Hebei y Shanxi, se perdían unos 8 km³ de agua subterránea al año entre 2003 y 2010. Entonces China cerró cientos de miles de pozos, restringió el bombeo y trajo agua canalizada desde el sur, y la tendencia se invirtió. Desde 2020, los niveles del agua en la llanura han subido unos 0,7 metros al año, y en 2024 ya estaban por encima de los de 2005. Los grandes sistemas acuíferos bajo el Panyab, en la India y Pakistán, donde el cultivo de arroz y trigo a enorme escala depende desde hace décadas de la extracción de aguas subterráneas, atraviesan el tipo de problemas que tenía el norte de China. Allí donde la gobernanza no ha intervenido, estos problemas regionales suman agotamientos simultáneos y a gran escala de reservas de agua acumuladas durante milenios, que se liquidan en plazos que se miden en décadas.
La economía de las aguas subterráneas sin gestión es la tragedia de los comunes. Cada agricultor tiene un incentivo racional para bombear todo lo posible antes de que lo hagan sus vecinos. El agua que queda en el acuífero está al alcance de todos. La estrategia individualmente racional, extraer ahora, produce el resultado colectivamente catastrófico del agotamiento. En los acuíferos fósiles, cuya recarga se mide en escalas de tiempo geológicas, el agotamiento es en la práctica permanente. Harían falta entre cientos y miles de años de lluvia para reponer lo que se ha extraído de algunas partes del Ogallala.
La relación con la desalinización muestra lo desencaminada que está la respuesta política dominante. En partes del oeste de Estados Unidos y de Oriente Medio se están construyendo, o se proponen en serio, plantas desalinizadoras en regiones que al mismo tiempo agotan sus acuíferos con la extracción agrícola. La desalinización aporta agua potable a las ciudades mientras la agricultura sigue vaciando el acuífero compartido que hay debajo. La solución hídrica más intensiva en capital y en energía que existe se despliega contra el síntoma, un déficit de agua urbano, mientras la causa de fondo, la extracción agrícola de aguas subterráneas sin precio, sigue en gran medida sin freno, de modo que la solución cara y la liquidación del recurso común avanzan en paralelo.
La respuesta al agotamiento de las aguas subterráneas es la gobernanza: límites de extracción basados en el rendimiento sostenible, infraestructura de vigilancia, una reforma exigible de los derechos de agua e instituciones con autoridad real para reducir las asignaciones cuando bajan los niveles del acuífero. Nada de esto requiere tecnología nueva. Lo difícil es imponerse a los intereses de quienes extraen hoy, que tienen un poder económico y político considerable en las regiones donde esto más importa.
La cuenca del Murray-Darling, en Australia, es un sistema fluvial y no un acuífero, pero muestra lo que supone una gobernanza seria de un recurso hídrico compartido cuando un gobierno se compromete con ella. En la década de 2000, el sistema fluvial estaba tan sobreasignado, con licencias de riego concedidas por más agua de la que podía aportar de forma sostenible, que durante la Sequía del Milenio hubo que mantener abierta la desembocadura del Murray mediante dragado durante ocho años, y los ecosistemas de la cuenca sufrían un declive documentado. El Plan de la Cuenca del Murray-Darling se aprobó por ley en noviembre de 2012 e impuso límites obligatorios a la extracción sobre un mercado ya existente en el que los derechos de agua podían negociarse. Lo respaldaba el programa federal Water for the Future, dotado con 12.900 millones de dólares australianos, que reservó 3.100 millones para comprar derechos de riego a vendedores dispuestos y 5.800 millones para subvencionar infraestructuras de riego más eficientes. El objetivo original era devolver a los caudales ambientales entre 3.000 y 4.000 gigalitros de agua. Tras años de presión del sector agrícola, la cifra legislada fue inferior: 2.750 GL, con otros 450 GL que debían obtenerse mediante proyectos de eficiencia, y las cifras se han vuelto a ajustar desde entonces.
En 2015, el gobierno limitó las recompras de agua a 1.500 GL, presionado por los regantes y por organizaciones agrarias como la National Farmers’ Federation. Desde entonces, el plan ha sido objeto de disputas y litigios, y se ha enmendado a la baja. En diciembre de 2023, la ley Restoring Our Rivers derogó el tope de recompras y amplió los plazos de recuperación, y la primera revisión legal completa del plan por parte de la Autoridad de la Cuenca del Murray-Darling está prevista para 2026. El plan es también un raro intento de un gobierno de tratar un gran sistema hídrico compartido como un bien común gestionado y no como un recurso de extracción libre, y las condiciones ecológicas del río han mejorado de forma medible en los tramos donde se ha devuelto agua ambiental. Su historia, que no llega a ser un caso de éxito, muestra lo que exige una gobernanza seria: años de conflicto con un electorado agrícola poderoso, retrocesos políticos y una aplicación incompleta.
Por qué se sigue construyendo la respuesta equivocada
Gobiernos, bancos de desarrollo e inversores en infraestructuras financian la desalinización porque políticamente sale barata. Crea nuevo suministro de agua sin quitarle agua a nadie: no exige reformar los precios agrícolas, ni limitar la extracción de aguas subterráneas, ni enfrentarse a ningún colectivo poderoso que consuma agua. Los políticos pueden anunciar una solución al problema del agua y cortar la cinta de una nueva planta sin la pelea que exige una solución real.
El patrón se extiende a la financiación internacional del desarrollo. Los bancos multilaterales de desarrollo y los programas de ayuda bilateral han destinado un capital considerable a proyectos de desalinización en países en desarrollo con estrés hídrico, mientras en esas mismas regiones los precios del agua agrícola siguen sin reformarse y la gobernanza de las aguas subterráneas sigue siendo débil. La razón es prosaica: una planta desalinizadora es un proyecto de capital con un coste definido, una producción medible (metros cúbicos de agua al día) y una estructura de préstamo que las instituciones de financiación del desarrollo entienden. Genera contratos de ingeniería, a menudo para empresas de los países donantes. La reforma de la gobernanza, ya sea fijar de nuevo el precio del agua agrícola, establecer límites a la extracción de aguas subterráneas o construir y hacer cumplir un régimen de derechos de agua, tiene pocas de esas características. No puede estructurarse como un préstamo de capital fijo ni termina con un corte de cinta. Exige un compromiso institucional sostenido durante décadas y genera la oposición de colectivos con acceso al poder político. En el vocabulario de la financiación del desarrollo, no es financiable de la misma manera. Así, el dinero bienintencionado va a la planta, y la reforma que la planta no puede sustituir espera.
La crisis del agua es un fracaso de gobernanza lo bastante persistente, y lo bastante cómodo de diagnosticar mal desde el punto de vista político, como para presentarse hoy como una carencia tecnológica. Las soluciones se conocen, son económicamente coherentes y han funcionado en las jurisdicciones que las aplicaron bajo suficiente presión. Israel construyó una gobernanza seria del agua a la vez que su capacidad de desalinización: precios agrícolas reales, reciclaje de aguas residuales a gran escala (Israel reutiliza más del 80 % de sus aguas residuales tratadas en la agricultura, la tasa más alta del mundo) y gestión de la demanda. La reforma australiana del Murray-Darling, con todas sus limitaciones, es más ambiciosa que cualquier cosa que se haya intentado en la mayoría de los sistemas fluviales sobreasignados del mundo. Singapur, una isla pequeña que no puede recoger suficiente lluvia para sus necesidades y que durante mucho tiempo ha dependido del agua que le llega por tubería desde Malasia, construyó una estrategia de «cuatro grifos nacionales»: captación local, agua importada, desalinización y aguas residuales regeneradas con un tratamiento intensivo y comercializadas con la marca NEWater, que hoy pueden cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional. La combinó con una tarifa escalonada que cobra a los hogares más por metro cúbico por encima de los 40 metros cúbicos al mes.
En Israel y Australia, la reforma seria de la gobernanza llegó cuando las opciones políticamente más fáciles habían fracasado a la vista de todos y el coste político de la reforma cayó por debajo del coste de seguir sin ella.
La mayor parte del mundo sigue apurando las opciones más fáciles. Que la reforma de la gobernanza llegue antes de que se sequen los acuíferos depende de qué intereses pierden poder cuando el agua tiene su precio correcto, y de si quienes cargan con el coste del retraso, sobre todo los futuros usuarios del agua, logran organizarse frente a quienes se benefician de la situación actual. Hasta entonces, las plantas seguirán levantándose a lo largo de las costas, y los niveles freáticos seguirán bajando a sus espaldas.
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Multimedia
Planta desalinizadora de ósmosis inversa – Wikipedia (James Grellier)
Principales fuentes y referencias
Desalination capacity, energy and brine
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World Health Organization (2020). Domestic water quantity, service level and health, 2nd edition (about 20 L/person/day often sufficient for drinking, cooking, food hygiene and handwashing; about 50 L/person/day with one tap on-plot). https://www.who.int/publications/i/item/9789240015241
Agriculture and irrigation
FAO (2012). FAO Statistical Yearbook 2012: World Food and Agriculture, Part 4 (Sustainability dimensions), «Water» (3,941 km³ withdrawn in 2005; agriculture about 70%). https://www.fao.org/4/i2490e/i2490e04b.pdf
FAO AQUASTAT. Water use: methodology. https://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use/
UNESCO (2024). United Nations World Water Development Report 2024. https://www.unesco.org/reports/wwdr/en/2024/s
UN News (12 December 2025). UN sounds alarm over rising demands on water resources as scarcity increases (agriculture about 72% of withdrawals; 95% in Afghanistan, Lao PDR, Mali, Nepal, Somalia and Sudan). https://news.un.org/en/story/2025/12/1166582
Water Footprint Calculator. Why All Farms Don’t Use Drip Irrigation (flood irrigation loses about 50% of water applied; drip can be expensive to install and operate). https://watercalculator.org/footprint/farmers-use-drip-irrigation/
FAO. Irrigation Water Management: Irrigation Methods, chapter 6, Drip irrigation («Generally only high value crops are considered because of the high capital costs»). https://www.fao.org/4/S8684E/s8684e07.htm
Bali, K. (2016). Irrigation methods and efficiencies (drip 85–90%). California Department of Food and Agriculture, FREP conference presentation. https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/frep/pdfs/2016FREPPresentations/1-8BaliIrrigationETMethods.pdf
Jägermeyr, J. et al. (2015). Water savings potentials of irrigation systems: global simulation of processes and linkages. Hydrology and Earth System Sciences, 19, 3073–3091. https://hess.copernicus.org/articles/19/3073/2015/
Public Policy Institute of California. Water Use in California’s Agriculture (about 40% of statewide water use and 80% of human water use; about 2% of state GDP). https://www.ppic.org/publication/water-use-in-californias-agriculture/
Simon, E. (6 May 2015). With urban water use in California cut, agriculture regulations scrutinized. ABC News. https://abcnews.com/US/california-water-rules-leave-agriculture/story?id=30843208
Environmental Working Group (December 2004). California Water Subsidies. https://www.ewg.org/research/california-water-subsidies
US General Accounting Office (1996). Bureau of Reclamation: Information on Allocation and Repayment of Costs of Constructing Water Projects (RCED-96-109). https://www.govinfo.gov/content/pkg/GAOREPORTS-RCED-96-109/html/GAOREPORTS-RCED-96-109.htm
Micklin, P. (2007). The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35, 47–72. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120
NASA Earth Observatory. The Aral Sea before the streams ran dry. https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/the-aral-sea-before-the-streams-ran-dry-77193
California Department of Food and Agriculture. California Agricultural Exports 2024–2025. https://www.cdfa.ca.gov/Statistics/PDFs/2024-2025_california_agricultural_exports.pdf
Times of Israel (3 April 2025). Government amends Water Law to cut price for farmers. https://www.timesofisrael.com/government-amends-water-law-to-cut-price-for-farmers/
OECD (2010). OECD Review of Agricultural Policies: Israel 2010. https://doi.org/10.1787/9789264079397-en
Water pricing and lifeline tariffs
Szabó, A., University of Houston Center for Economic Growth and Opportunity. The value of free water: Analyzing South Africa’s Free Basic Water Policy (6 kl per household per month free since 2001; in Tshwane, the high unit prices needed to fund the free allowance «unintentionally hurt» low-income households). https://www.uh.edu/class/economics/cego/research/economic-development/water-project/study-one/
Scheba, S. (15 October 2022). South African «Free Basic Water» policy: from progressive to regressive agenda? Water Alternatives blog. https://www.water-alternatives.org/index.php/blog/fbw
Republic of Chile (1989). Ley 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas (FAOLEX text). https://faolex.fao.org/docs/pdf/chi180333.pdf
Belgian Court of Arbitration (1998). Judgment 36/1998 on the Flemish decree of 20 December 1996 (free supply of 15 m³ per person per year from 1 January 1997). https://nl.const-court.be/public/n/1998/1998-036n.pdf
De Watergroep (January 2016). Een nieuwe waterfactuur voor huishoudelijke klanten (the free 15 m³ ended on 1 January 2016). https://www.dewatergroep.be/-/media/de-watergroep/drinkwater/tarieven-en-facturatie/folder-een-nieuwe-waterfactuur-voor-huishoudelijke-klantenpdf.pdf · https://corporate.dewatergroep.be/en/drinking-water/the-flemish-water-bill-explained
Groundwater
McGuire, V.L. (2017). Water-level and recoverable water in storage changes, High Plains aquifer, predevelopment to 2015 and 2013–15. US Geological Survey Scientific Investigations Report 2017-5040 (about 175,000 square miles in eight states; storage down about 273.2 million acre-feet since predevelopment). https://pubs.usgs.gov/publication/sir20175040
Dennehy, K.F., Litke, D.W. and McMahon, P.B. (2002). The High Plains Aquifer, USA: groundwater development and sustainability (about 30% of the nation’s groundwater used for irrigation). US Geological Survey. https://pubs.usgs.gov/publication/70024629
Wood, W.W. and Sanford, W.E. (1995). Chemical and isotopic methods for quantifying ground-water recharge in a regional, semiarid environment (Southern High Plains recharge about 11 mm a year). Ground Water, 33(3), 458–468, doi:10.1111/j.1745-6584.1995.tb00302.x. https://www.usgs.gov/publications/chemical-and-isotopic-methods-quantifying-ground-water-recharge-a-regional-semiarid
Texas Water Development Board. Southern Ogallala groundwater availability model, report appendices (recharge between playas). https://www.twdb.texas.gov/groundwater/models/gam/ogll_s/OGLL_S_Report_Appendices.pdf
Texas A&M AgriLife, Ogallala Aquifer Program (water-level declines of 1 to 3 feet per year). https://ogallala.tamu.edu/?p=301
TreeFlow. The first reconstruction of streamflow for Lees Ferry (natural flow record of the Colorado River averaged 15.0 million acre-feet a year to 1975). https://www.treeflow.info/node/28
Feng, W. et al. (2013). Evaluation of groundwater depletion in North China using the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data and ground-based measurements. Water Resources Research, 49(4), 2110–2118 (8.3 ± 1.1 km³ a year in 2003–2010 across about 370,000 km² of Beijing, Tianjin, Hebei and Shanxi). https://doi.org/10.1002/wrcr.20192
China Daily (1 March 2023). Nation reverses major decline in northern groundwater levels (279,000 wells closed). https://mobile.chinadaily.com.cn/html5/2023-03/01/content_004_63fe6497ed5071e117b53949.htm
Long, D. et al. (2020). South-to-North Water Diversion stabilizing Beijing’s groundwater levels. Nature Communications, 11, 3665 (doi:10.1038/s41467-020-17428-6). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7374106/
Long, D. et al. (2025). Unprecedented large-scale aquifer recovery through human intervention. Nature Communications, 16, 7296 (North China Plain groundwater levels rising about 0.7 m a year since 2020, above 2005 levels by 2024). https://www.nature.com/articles/s41467-025-62719-5
Nature (2009). Satellite data show Indian water stocks shrinking. https://www.nature.com/articles/460789a
The Murray-Darling Basin
Government of South Australia, Department for Environment and Water. Millennium Drought (the Murray Mouth almost closed in 2002, triggering round-the-clock dredging for the following eight years). https://www.environment.sa.gov.au/topics/water-and-river-murray/basin-river-murray-lakes-and-the-coorong/river-murray-droughts/millennium-drought
Wheeler, S.A. (27 February 2023). Water buybacks are back on the table in the Murray-Darling Basin. Here’s a refresher on how they work. Global Water Forum (republished from The Conversation). https://globalwaterforum.org/2023/02/27/water-buybacks-are-back-on-the-table-in-the-murray-darling-basin-heres-a-refresher-on-how-they-work/
Senate Environment and Communications References Committee, Parliament of Australia. Chapter 3: Water buybacks and infrastructure investment (Water for the Future: A$3.1 billion for purchasing water entitlements, A$5.8 billion for irrigation infrastructure). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Completed_inquiries/2010-13/waterlicences/report/c03
Senate Rural and Regional Affairs and Transport References Committee, Parliament of Australia. Inquiry into the management of the Murray-Darling Basin, chapter 5 (Restoring the Balance buyback, A$3.1 billion over 10 years; A$5.8 billion infrastructure programme). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Rural_and_Regional_Affairs_and_Transport/Completed_inquiries/2008-10/murray_darling/report/c05
Quiggin, J. (1 December 2011). Sausages, legislation and the Draft Basin Plan (2,750 GL against the 3,000 to 4,000 GL suggested in the 2010 Guide as the minimum for a sustainable outcome). https://johnquiggin.com/2011/12/01/sausages-legislation-and-the-draft-basin-plan/
National Farmers’ Federation (2015). Farmers stress importance of legislating cap on water buybacks. https://nff.org.au/media-release/farmers-stress-importance-of-legislating-cap-on-water-buybacks/
Parliament of Australia (2023). Water Amendment (Restoring Our Rivers) Bill 2023 (repeals the statutory 1,500 GL cap on Commonwealth water purchases; extends deadlines). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7076
Government of South Australia, Department for Environment and Water. Basin Plan (2,750 GL plus a further 450 GL, a package equivalent to 3,200 GL; Restoring Our Rivers Act commenced 7 December 2023; first full review of the Basin Plan due in 2026). https://www.environment.sa.gov.au/topics/water-and-river-murray/projects-plans-security-and-legislation/legislation-and-policies/basin-plan
Australian Water Association. MDBA report shows plan aims have «a long way to go» (positive local-scale environmental outcomes where environmental water was delivered). https://www.awa.asn.au/resources/latest-news/environment/natural-environment/mdba-report-shows-plan-aims-have-a-long-way-to-go
The Conversation (23 April 2019). Australia’s ‘watergate’: here’s what taxpayers need to know about water buybacks. https://theconversation.com/australias-watergate-heres-what-taxpayers-need-to-know-about-water-buybacks-115838
Development finance, Israel and Singapore
International Finance Corporation. Aqaba-Amman Water Desalination & Conveyance (AAWDC), project disclosure. https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/47924/aqaba-amman-water-desalination-conveyance-aawdc
Haaretz (23 March 2015), via York University Middle East Environment archive. Israeli wastewater policy continues to pay off (85.6% of wastewater reused, the highest rate in the world). https://mideastenvironment.apps01.yorku.ca/2015/03/israeli-wastewater-policy-continues-to-pay-off-haaretz/
GovTech / McClatchy (24 March 2014). Desalination in Israel means robust water resilience (more than 80% of wastewater treated and recycled, mainly for agriculture). https://www.govtech.com/fs/desalination-in-israel-means-robust-water-resilience-.html
PUB, Singapore’s National Water Agency. Our Water Story (the four national taps: local catchment, imported water, NEWater and desalinated water). https://www.pub.gov.sg/Public/WaterLoop/OurWaterStory
WaterTechOnline. WaterTechOnline interviews Harry Seah, PUB (two-thirds of Singapore’s land area is water catchment; 17 reservoirs). https://watertechonline.com/watertechonline-interviews-harry-seah
Water & Wastes Digest (26 January 2017). Singapore opens fifth NEWater plant (enough NEWater capacity to meet up to 40% of total daily water demand). https://www.wwdmag.com/wastewater-treatment/news/10935243/singapore-opens-fifth-newater-plant
PUB (September 2023). Water price to rise from April 2024; Government to provide support (domestic tariffs for 0–40 m³ and above 40 m³ a month). https://www.pub.gov.sg/Resources/News-Room/PressReleases/2023/09/Water-price-to-rise-from-April-2024-Government-to-provide-support
Tortajada, C. (2006). Water Management in Singapore. International Journal of Water Resources Development, 22(2), 227–240. https://doi.org/10.1080/07900620600691944
