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En 1989, el Acuerdo de Taif fijó las condiciones que pusieron fin a los quince años de guerra civil en el Líbano; los últimos combates cesaron en octubre de 1990. En el preámbulo constitucional quedó insertada una disposición que declaraba «objetivo nacional fundamental» la abolición del confesionalismo político, el sistema que reparte cada cargo relevante del Estado según la confesión religiosa. El artículo 95 de la Constitución reformada ordenaba crear un Comité Nacional, presidido por el presidente de la República y con el presidente del Parlamento y el primer ministro entre sus miembros, encargado de estudiar y proponer los medios para desmontar el reparto sectario del poder y de supervisar un plan por etapas para lograrlo.
En los treinta y seis años transcurridos desde aquellas reformas, ese comité nunca se ha formado. Cuando el presidente del Parlamento, Nabih Berri, anunció en 2010 que por fin iba a constituirlo, el rechazo llegado de todo el espectro confesional enterró la idea. Ningún presidente lo ha convocado, ningún primer ministro ha considerado su ausencia una violación de la Constitución y nadie ha llevado la omisión a los tribunales. La disposición sigue en la Constitución, sin derogar y sin cumplir: un compromiso escrito de transformación, puesto en manos de quienes deben su poder a que esa transformación no llegue nunca.
La explicación habitual del fracaso libanés es una lista de cargas: demasiadas confesiones y demasiados ejércitos extranjeros, demasiada historia comprimida en un país demasiado pequeño. El artículo 95 apunta a una pregunta más afilada. ¿Por qué un sistema político que se comprometió formalmente a su propia abolición dedicó tres décadas y media a asegurarse de que esa abolición no llegara jamás?
La maquinaria
La historia empieza con un pacto sellado en el verano de 1943, cuando dos hombres negociaron las condiciones de un nuevo país.
El presidente Bechara el Khoury, cristiano maronita, y el primer ministro Riad el Solh, musulmán suní, alcanzaron lo que pasaría a conocerse como el Pacto Nacional, un acuerdo no escrito que repartía el poder político según líneas confesionales. La presidencia sería para un maronita, la jefatura del Gobierno para un suní y la presidencia del Parlamento para un musulmán chií. Los escaños se asignaron en una proporción de 6 a 5 entre cristianos y musulmanes. En la práctica, el reparto llegaba también por debajo de los grandes cargos: ministerios, altos puestos de la Administración, mandos militares y nombramientos judiciales se distribuían por confesión.
El trato era recíproco y explícito. Los musulmanes aceptarían las fronteras del Líbano y renunciarían a la unión con Siria o con un Estado árabe más amplio. Los cristianos dejarían de apoyarse en Francia para su protección. Ambas partes aceptaron, en la práctica, ser libaneses, con la condición de que ser libanés significara no tener que compartir nunca el poder sobre otra base que la identidad comunitaria.
Toda la estructura se ajustó a un censo realizado en 1932 bajo el Mandato francés. Sigue siendo el último censo nacional oficial que ha hecho el Líbano. Entre los residentes, registró a cristianos y musulmanes casi a la par. La mayoría cristiana salió de otra parte: el recuento incluyó también a unos 250.000 emigrantes que vivían en América, África Occidental y otros lugares, una diáspora cristiana en torno al 85 %, que elevó la proporción cristiana de los libaneses registrados muy por encima de la mitad.
El Acuerdo de Taif de 1989 reestructuró la fórmula. El Parlamento pasó a un reparto al 50 % entre cristianos y musulmanes, con 108 escaños según las reformas de 1990, ampliados a los 128 actuales por la ley electoral de 1992. La autoridad ejecutiva del presidente maronita se redujo sustancialmente en favor del Consejo de Ministros. El primer ministro suní obtuvo poder ejecutivo propio. El mandato del presidente chií del Parlamento se amplió de uno a cuatro años, lo que reforzó el cargo. Pero Taif conservó el cimiento confesional y fue más allá: inscribió la paridad entre cristianos y musulmanes en la propia Constitución, para el Parlamento y para la categoría superior de la función pública, mientras el reparto por confesiones de los tres cargos más altos seguía siendo lo que era desde 1943, una regla no escrita que nadie se atreve a romper. Y el artículo 95, la disposición destinada a abolir algún día todo el arreglo, quedó en manos de los mismos actores políticos cuyas posiciones dependían de que el arreglo continuara.
El confesionalismo no fue un invento exclusivamente libanés. El principio de gestionar sociedades divididas mediante un reparto proporcional del poder tenía precedentes europeos, y Arend Lijphart lo bautizó como democracia consociativa en 1969 y desarrolló la idea en trabajos posteriores, donde el Líbano figura entre sus casos clave fuera de Europa. En el seminario, la idea resultaba elegante: dar a cada grupo una cuota garantizada de poder, eliminar el incentivo para la violencia, gestionar la división sin resolverla.
Fuera de Europa, el Líbano era el ejemplo en funcionamiento más antiguo y más completo de ese modelo, que más tarde se exportó, con modificaciones, a otros escenarios de posguerra como mecanismo institucional estándar.
El censo que gobierna el país
La fórmula del poder funciona con el censo de 1932, un recuento de hace noventa y cuatro años realizado por una administración colonial para un país que aún no existía en su forma política actual. Sus datos no describen a ninguna comunidad en sus proporciones actuales.
Las estimaciones actuales carecen de base oficial, porque ningún estudio oficial ha sustituido nunca al recuento de 1932. Indican que los musulmanes chiíes son hoy la mayor comunidad del Líbano, que suníes y cristianos tienen un tamaño más o menos comparable, algo menos de un tercio de los ciudadanos cada uno, y que los maronitas, todavía la mayor Iglesia cristiana, han bajado a cerca de uno de cada seis libaneses. Estas cifras siguen siendo estimaciones porque unos datos firmes exigirían un censo, y el sistema no puede permitirse un censo.
Todo el sistema descansa sobre cifras de población turbias que unos datos sólidos podrían echar por tierra. Todos los líderes sectarios del país saben lo que revelaría un recuento: que unas comunidades han crecido y otras han menguado, y que actualizar la fórmula supondría transferir poder político de las que menguan a las que crecen. Los líderes religiosos de todo el espectro confesional, que apenas coinciden en nada más, llevan casi un siglo de acuerdo en que no debe haber recuento.
En el Líbano, la reforma funciona por consenso entre los actores políticos, y el consenso supone que ningún grupo importante pierda. Un censo crea perdedores, y los perdedores tienen fuerza suficiente para bloquearlo, así que no hay censo. Sin censo, no existe una base demográfica legítima para defender que el reparto deba cambiar. Sin un reparto distinto, el arreglo de 1943, retocado en los márgenes por Taif pero estructuralmente intacto, sigue decidiendo quién gobierna y quién se beneficia.
El Comité Nacional del artículo 95 sigue donde ha estado desde 1990: exigido por la Constitución y nunca formado. No se ha reunido jamás, porque convocarlo requeriría precisamente el acuerdo que el sistema se construyó para impedir.
El motor clientelar
El camino que lleva de un arreglo constitucional a un país donde la luz no funciona pasa por el clientelismo. Todos los ministerios importantes del Líbano se reparten por confesión, lo que significa que cada ministro responde ante el patrón sectario que le consiguió el nombramiento y no ante la función declarada del ministerio.
Los servicios del Estado, como el empleo, los contratos, los permisos, las conexiones a los suministros y las prestaciones, pasan por la wasta, la moneda informal del acceso comunitario. A menudo uno consigue un empleo público porque su za’im, su líder comunitario, lo ha arreglado, tenga la cualificación que tenga. Y el za’im lo ha arreglado porque la gratitud de uno es su capital político.
Électricité du Liban es la expresión más clara de lo que esto significa convertido en infraestructura. Dirigida por consejos nombrados por afiliación partidista y no por mérito, y usada por los políticos como fábrica de empleos para su clientela, EDL lleva décadas perdiendo electricidad por fallos técnicos, errores de facturación y robo puro y simple; ya en 1985, las pérdidas no técnicas por robo e impagos se estimaban en el 36 % del consumo. En agosto de 2024, EDL se quedó por completo sin combustible y todo el país se apagó. En 2025, la electricidad pública había recuperado varias horas al día, cuando desde el verano de 2021 EDL apenas lograba suministrar entre una y tres. La guerra de 2026 con Israel hizo retroceder incluso esa recuperación parcial.
Los ministros han tenido pocos incentivos para racionalizar EDL, porque racionalizarla significa despedir a cargos políticos de varias comunidades a la vez y repartir el coste político entre sus respectivas bases sectarias, de modo que al sistema le ha resultado racional dejar que la red se pudra. El regulador eléctrico que exigía una ley de 2002 no se nombró hasta septiembre de 2025.
La recaudación de impuestos sigue la misma lógica. La presión fiscal del Líbano se desplomó de alrededor del 15 % del PIB antes de la crisis a cerca del 6 % en 2021, y en 2024 solo había remontado hasta cerca del 11 %. La deuda pública bruta llegó en 2021 a un nivel estimado del 183 % del PIB, una de las ratios más altas del mundo. El aparato recaudatorio que hay detrás de esas cifras se nutría de redes clientelares sin ningún interés en una recaudación eficaz, porque una recaudación eficaz financiaría un Estado capaz de prestar servicios por su cuenta y disolvería las relaciones de dependencia de las que vive su poder político.
Juntas, las piezas forman un círculo: el confesionalismo produce clientelismo, el clientelismo produce servicios fallidos y los servicios fallidos producen dependencia de los proveedores sectarios.
Entre esos proveedores están los hospitales, escuelas y redes asistenciales de Hezbolá en las zonas chiíes; los servicios paralelos de los partidos cristianos; los programas sociales suníes del Movimiento Futuro. La dependencia de ellos refuerza la lealtad electoral confesional, y esa lealtad mantiene en pie el sistema clientelar.
La explosión del puerto de Beirut
El 4 de agosto de 2020 detonó en el puerto de Beirut el nitrato de amonio de un cargamento de 2.750 toneladas allí almacenado; cuánto quedaba de esa carga en el momento de la explosión sigue siendo objeto de controversia. La explosión mató al menos a 218 personas, hirió a 7.000 y destruyó amplias zonas de la ciudad. El nitrato de amonio se había confiscado en 2014 al buque de carga MV Rhosus y desde entonces estaba almacenado sin medidas de seguridad. Las aduanas, el ejército, las autoridades judiciales y varios ministros sucesivos sabían que estaba allí. Durante seis años fueron y vinieron cartas y peticiones judiciales, y nadie lo aseguró ni lo retiró. La razón más probable es el propio sistema: el expediente pasaba por instituciones controladas por distintos patrones sectarios, y ninguno tenía incentivos para asumir el coste político de ocuparse de material peligroso almacenado bajo la jurisdicción de otra confesión. La investigación penal posterior se bloqueó una y otra vez: jueces instructores apartados o sustituidos, figuras políticas que usaban sus cargos institucionales para impugnar el procedimiento, y el fiscal general del Líbano que acabó paralizando la investigación después de que el juez instructor principal lo imputara.
El juez Tarek Bitar reactivó la investigación en 2025. Más de 70 personas han sido imputadas en el caso, entre ellas políticos y jefes de seguridad; en octubre de 2026 su escrito de acusación seguía pendiente, y ningún alto cargo ha sido juzgado, y mucho menos condenado. La explosión es la ilustración más concentrada de lo que produce el clientelismo confesional cuando sus fallos se vuelven físicos: muerte masiva sin rendición de cuentas judicial.Quién gana con un Estado débil
La receta habitual para el Líbano consiste en encontrar a los reformistas adecuados y presionarlos con fuerza desde fuera.
La receta fracasa una y otra vez porque todos los actores del sistema libanés tienen incentivos racionales para mantener débil al Estado: una capacidad centralizada alteraría el equilibrio de poder entre los patrones sectarios.
Un Estado libanés capaz, que recaudara impuestos con eficacia, prestara servicios al margen de la confesión, ejerciera el monopolio militar de la violencia y aplicara la ley mediante un poder judicial independiente, redistribuiría el poder entre las comunidades sectarias. Si el Estado suministrara electricidad de forma fiable, la infraestructura eléctrica paralela de Hezbolá perdería su valor como activo clientelar. Si la función pública se nutriera por mérito, los patrones sectarios perderían su principal vehículo para repartir beneficios a su comunidad. Si la justicia fuera independiente, el aparato clientelar podría ser procesado.
Toda reforma que refuerce la capacidad del Estado amenaza la base de poder de todos los actores que controlan una parte de él. Las negociaciones con el FMI muestran cómo funciona esto.
Después de que el Líbano suspendiera pagos de su deuda soberana en marzo de 2020, el primer impago de la historia del país, el Fondo condicionó cualquier programa de rescate a reformas estructurales concretas: reestructuración del sector bancario, una ley de reparto de pérdidas, controles de capital, una auditoría independiente de la Banque du Liban. En abril de 2022 se alcanzó un acuerdo a nivel técnico. Desde entonces, el Parlamento ha aprobado partes del paquete: reformas del secreto bancario en abril de 2025 y una ley de reestructuración bancaria en julio de ese año. Pero a mediados de 2026 la ley que decide quién absorbe las pérdidas bancarias seguía atascada, y no se había firmado ningún programa con el FMI. Los responsables libaneses entendían las condiciones, que eran concretas, públicas y repetidas en cada misión del FMI. El obstáculo era que cada reforma repartía las pérdidas de un modo que habría arrasado la base financiera o política de un patrón sectario concreto, y cada actor capaz de bloquear esa reforma en particular tenía a la vez el incentivo y los resortes institucionales para hacerlo.
En este esquema, el Estado paralelo de Hezbolá es la expresión extrema de una lógica que sigue todo actor sectario. Hezbolá construyó lo que el Estado no ofrecía para crear las relaciones de dependencia de las que vive su poder político. Todos los demás grandes actores sectarios han hecho lo mismo, a menor escala. Lo que distingue a Hezbolá de sus rivales es esa escala, y la capacidad militar que la protege.
El Gobierno de Nawaf Salam, formado en febrero de 2025 con ambiciones reformistas explícitas, opera dentro de este mismo sistema. Las reformas ya han logrado avances antes: tras la crisis de 1958, el Consejo de la Función Pública de Fuad Chehab introdujo la contratación por mérito en los ministerios, hasta que la guerra civil lo despojó de su mandato. Ninguna reforma ha conseguido todavía desalojar el propio reparto sectario.
La thawra de 2019 y por qué no podía ganar
El 17 de octubre de 2019 estalló la movilización cívica interconfesional más amplia de la historia libanesa. El lema era «kullun yaani kullun»: todos significa todos. Las protestas apuntaban contra todos los partidos políticos sin distinción de confesión y construían un agravio nacional dentro de un sistema diseñado para reconocer solo agravios comunitarios. Cientos de miles de personas participaron a lo largo de todo el mapa sectario, y el movimiento se sostuvo durante meses. En dos semanas forzó la dimisión del Gobierno de Saad Hariri, pero no logró convertir eso en un cambio sistémico. Cada institución que la thawra necesitaba mover estaba en manos de patrones sectarios cuyo poder dependía de la lealtad sectaria que las protestas atacaban. Después se agravó el colapso financiero, llegó la COVID y estalló el puerto, y cada crisis desgastó al movimiento y desvió la atención.Los patrones de fuera
La disfunción se sostiene desde dentro, pero lo que hacen Irán, Arabia Saudí y Francia sigue importando, porque cada uno ha encontrado su propio uso para un Estado libanés demasiado débil para gobernarse a sí mismo.
Irán llenó el hueco. Allí donde el Estado estaba ausente, se sirvió de Hezbolá para construir un ejército paralelo y una red de servicios sociales, y convirtió el vacío en un activo político.
Antes de la guerra de 2024, Hezbolá superaba en armamento a las Fuerzas Armadas Libanesas, un ejército más numeroso pero con mucha menos potencia de fuego: se calcula que contaba con entre 40.000 y 50.000 combatientes y con un arsenal de entre 120.000 y 200.000 cohetes y misiles, según la fuente. La guerra de 2024 debilitó sustancialmente a Hezbolá. Hasán Nasralá fue abatido en septiembre de 2024, y la organización sufrió una prolongada desarticulación de su liderazgo y pérdidas importantes de mandos en todos los niveles. Pero a comienzos de 2026 Israel afirmaba que Hezbolá se rearmaba más deprisa de lo que se le desarmaba, y una fuente libanesa describió al grupo reconstruyéndose en paralelo a la campaña israelí para destruirlo. En vísperas de la guerra de 2026, un centro de investigación israelí cifró su arsenal en unos 25.000 cohetes y misiles. Un Estado libanés funcional y con soberanía real cerraría el vacío que ocupa Hezbolá. La inversión de cuatro décadas de Irán, que se remonta a la fundación de Hezbolá a principios de los años ochenta, fue una apuesta por la permanencia de ese vacío.
Arabia Saudí actuó a través del dinero y de una familia cliente. Rafik Hariri hizo su fortuna con Saudi Oger, una constructora que levantó en Arabia Saudí y que llegó a ser una de las mayores de Oriente Próximo gracias a numerosos contratos de patronazgo real. Se convirtió en el político suní más poderoso del Líbano, fue dos veces primer ministro entre 1992 y 2004 y canalizó inversión del Golfo hacia la reconstrucción de posguerra sin tocar el sistema confesional. Su asesinato en 2005 interrumpió la cadena clientelar, pero no la rompió: su hijo Saad heredó tanto la franquicia política como la relación con Arabia Saudí, y también fue dos veces primer ministro. La naturaleza de esa dependencia quedó a la vista en noviembre de 2017, cuando Saad Hariri, de visita en Riad, anunció su dimisión como primer ministro del Líbano en la televisión saudí. Funcionarios libaneses y occidentales citados por The New York Times dijeron que los servicios de seguridad saudíes lo habían retenido, le habían quitado el teléfono y le habían entregado un discurso de dimisión ya escrito; Hariri ha negado que lo retuvieran contra su voluntad. La existencia política del cliente dependía del patrón y no de ninguna institución del Estado libanés. Solo salió del reino después de que interviniera Emmanuel Macron, y retiró la dimisión una vez en casa. Para entonces, Saudi Oger, la empresa con sede en Arabia Saudí que estaba detrás de la fortuna familiar, ya había cerrado. Saad Hariri suspendió su actividad política en enero de 2022. Su Movimiento Futuro se relanzó en febrero de 2025 y desde entonces Riad ha vuelto a cortejar a figuras suníes, pero no ha devuelto la antigua franquicia a la familia Hariri. Mientras duró ese canal, su influencia dependió de la debilidad del Estado.
El papel de Francia ha sido la diplomacia de crisis. Protectora de los cristianos de Levante desde el siglo XVI, administradora del Gran Líbano bajo el Mandato desde 1920 y arquitecta del marco constitucional del que nació el confesionalismo, Francia copatrocinó el alto el fuego de noviembre de 2024, envió a Macron a Beirut tras la explosión de 2020 y respaldó la transición política de 2025. Cada intervención atendió un síntoma y dejó el sistema en paz. Sean cuales sean las intenciones de París, su peso en Beirut se ha basado en ser la potencia exterior a la que se llama cuando el sistema se rompe.
Un Líbano capaz de gobernarse a sí mismo cerraría el vacío que aprovecha Irán, acabaría con la dependencia que cultivó Arabia Saudí y dejaría a Francia menos crisis que gestionar. Cada patrón se ha servido de un tipo concreto de debilidad que favorece sus intereses, aunque la injerencia exterior no es la causa de la debilidad institucional en sí.
La Banque du Liban y quién la protegió
Aproximadamente desde 2016, la Banque du Liban, bajo el gobernador Riad Salameh, llevó a cabo una serie de operaciones de «ingeniería financiera»: tomaba dólares prestados de los bancos comerciales a tipos superiores a los del mercado para defender la paridad de la libra con el dólar, lo que creaba un sistema circular que necesitaba constantes entradas de dólares nuevos y generaba rendimientos desmesurados para un sector bancario libanés bien conectado con el poder político. Cuando el esquema se hundió en octubre de 2019, los depositantes de a pie perdieron el acceso a sus ahorros. La libra perdió más del 98 % de su valor. No se ha aprobado ninguna ley integral de protección de los depositantes. Ningún político intervino mientras ocurría. El sector bancario era el principal vehículo con el que las élites sectarias guardaban y gestionaban su riqueza, así que amenazar la paridad equivalía a amenazar la base financiera de la red clientelar de cada líder. El banco central siguió protegiendo esas redes hasta que se acabaron los dólares de los depositantes.Tres explicaciones rivales
Cada uno de los tres contraargumentos señala algo real, y cada uno, si se sigue lo bastante lejos, conduce de vuelta al sistema confesional.
La presencia palestina. Jordania y Siria también acogieron en la misma época a grandes poblaciones de refugiados palestinos. Jordania vivió el Septiembre Negro en 1970; la monarquía hachemí sobrevivió porque el Estado pudo organizar una respuesta de seguridad unificada. Siria absorbió a los refugiados sin guerra civil porque el régimen de Asad ejercía una autoridad centralizada. El Líbano no pudo articular una respuesta unificada porque el sistema confesional dividía al Estado por las mismas líneas que el conflicto. Las milicias cristianas se oponían a la presencia armada palestina como una amenaza para el peso demográfico maronita. Los líderes suníes la toleraban en nombre de la solidaridad panárabe. Las comunidades chiíes se organizaron contra ella a través del movimiento Amal, mientras las facciones palestinas les disputaban el mismo territorio del sur. La presencia armada palestina fue una de las principales causas de la guerra, pero hizo su daño añadiendo una presión que el sistema confesional no podía contener.
La propia guerra civil, de 1975 a 1990, se presenta a veces como el acontecimiento que rompió el país. Pero la guerra la desencadenaron unas dinámicas confesionales que ya funcionaban a pleno rendimiento. Y Taif, que fijó las condiciones para terminarla, reprodujo esas dinámicas en lugar de resolverlas: afianzó a los jefes de las milicias de la guerra como actores políticos de la posguerra y consagró en el acuerdo sus bases sectarias. La guerra agravó una disfunción que ya existía y que la había hecho posible.
La tutela siria, de 1990 a 2005: los últimos quince años de una presencia militar que había empezado en 1976. Damasco, bajo Hafez al Asad hasta su muerte en 2000 y después bajo su hijo Bashar, manejó la política libanesa durante esos quince años a través del sistema confesional, usando las redes clientelares sectarias como palancas. Cuando Siria se retiró tras la Revolución de los Cedros, que siguió al asesinato de Rafik Hariri, la arquitectura confesional estaba completamente intacta. Siria se había encontrado la disfunción ya instalada, se había servido de ella y dejó la infraestructura sin daños al marcharse.
Los tres son acontecimientos que el sistema confesional procesó, y cada vez que absorbió uno y sobrevivió a él, salió más atrincherado. Cada crisis que convirtió a los actores sectarios en los principales proveedores de seguridad o de servicios ahondó las relaciones de dependencia que hacen que el sistema se perpetúe a sí mismo.
Bosnia funciona con el mismo diseño
Si la arquitectura confesional sobrevivió a una guerra civil, a una ocupación extranjera, a un asesinato que desencadenó una revolución, a un colapso financiero, a una explosión con víctimas masivas y a repetidas campañas militares israelíes con su lógica intacta cada vez, entonces esa lógica importa más allá del Líbano, y ha sido exportada.
El Acuerdo de Dayton de 1995 creó para Bosnia y Herzegovina una estructura de gobierno basada en el mismo modelo de reparto del poder de posguerra: una presidencia rotatoria de tres miembros, con un bosníaco, un croata y un serbio; cargos asignados por etnia en todos los niveles de gobierno, y dos entidades semiautónomas con administraciones y leyes propias. El resultado son cinco presidentes (la presidencia tripartita del Estado más uno por cada entidad), trece primeros ministros, catorce parlamentos y más de setecientos parlamentarios, al servicio de una población de unos 3,1 millones de habitantes.
La fórmula de gobierno salió del acuerdo que cerró la guerra, con cuotas étnicas y una división en entidades negociadas para poner fin a los combates, la misma lógica de diseño que la del Pacto Nacional de 1943 y el Acuerdo de Taif de 1989. El mecanismo de reforma se blinda de la misma manera. En 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en el caso Sejdić y Finci contra Bosnia que el reparto étnico de la presidencia y de la cámara alta vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos al excluir a las minorías de los cargos más altos. Diecisiete años después, la sentencia sigue sin aplicarse, porque aplicarla requiere el consentimiento de los actores cuyas posiciones dependen de que el reparto continúe. El caso Sejdić-Finci es el artículo 95 de Bosnia: una constatación autorizada de que las reglas étnicas del sistema para sus cargos más altos infringen la normativa europea de derechos humanos, que sigue sin ejecutarse porque las personas a las que esas reglas protegen pueden bloquear el cambio. Al sistema bosnio le ha costado generar orden por sí solo; por eso la gestión exterior ha sido una constante, y por eso las cosas se degradan cuando esa gestión se debilita o se vuelve hostil.
Bosnia tiene algo que el Líbano nunca tuvo: un marco jurídico europeo que envuelve la disfunción, en forma de jurisdicción del TEDH, condicionalidad de la adhesión a la UE y presencia de seguridad de la OTAN. Como ese andamiaje es más pesado y cuenta con más recursos, la disfunción bosnia ha avanzado más despacio, y bajo presión exterior sus dirigentes sí aceptaron trasladar al nivel estatal la defensa, la fiscalidad indirecta y la reforma judicial. Aun así, el cerrojo sobre el reparto central ha resistido: la sentencia del TEDH sigue sin aplicarse en Sarajevo por la misma razón por la que el comité del artículo 95 nunca se ha formado en Beirut.
En Bosnia, formar gobierno lleva meses de forma habitual, porque ningún grupo étnico acepta un resultado que reduzca su cuota. La adhesión a la UE, condicionada a reformas que redistribuirían el poder étnico, lleva dos décadas avanzando a paso de tortuga: los líderes de la UE dieron luz verde a la apertura de negociaciones en marzo de 2024, y dos años después Bosnia aún no había empezado formalmente a negociar. La República Srpska, todavía dirigida por Milorad Dodik incluso después de que una condena de 2025 lo apartara de su presidencia, practica una política separatista estructuralmente análoga a la relación de Hezbolá con el Estado libanés: construye instituciones paralelas, aprovecha la debilidad del Estado central como base política y cuenta con el respaldo de patrones exteriores. En el Líbano, la retirada siria de 2005 y el posterior repliegue saudí dejaron al sistema con menos apoyos exteriores en los años previos a su colapso de 2019. Si el mecanismo es el mismo, el Líbano sugiere adónde conduce el camino de Bosnia.
La guerra de Israel en el Líbano de 2026 comenzó a principios de marzo, cuando Hezbolá abrió fuego contra Israel tras la muerte del líder supremo de Irán a manos de Estados Unidos e Israel. A finales de mayo había llevado a las tropas israelíes al otro lado del río Litani, con más de 3.300 muertos y más de un millón de desplazados según las cifras oficiales libanesas. El cruce se produjo pese a un alto el fuego acordado en abril. En junio, el Líbano e Israel firmaron en Washington un marco auspiciado por Estados Unidos que vincula una retirada israelí por fases al desarme verificado de los grupos armados no estatales, es decir, Hezbolá; el grupo, que no estaba en la mesa, lo rechazó.
Israel está en el Líbano en 2026 como lo estuvo en 1978, 1982, 2006 y 2024. El Estado libanés ha prometido ahora, sobre el papel, el monopolio de la fuerza. Cumplir esa promesa pasa por los mismos vetos sectarios que han impedido que el comité del artículo 95 llegue a reunirse nunca.
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Principales fuentes y referencias
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