Cómo las protestas escolares de Francia confluyeron con la revuelta por el coste de la vida

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Última actualización: 25 de octubre de 2026 · 21 min de lectura

Un ayuntamiento en llamas

La marcha de Limoges empezó en calma el sábado 17 de octubre. Al final de la tarde, un grupo asaltó el ayuntamiento y prendió fuego a la planta baja, y las llamas no tardaron en alcanzar el tejado. Los bomberos llegaron poco después de las seis. Hacia las ocho y media se desplomó el campanil, la torre que es el emblema de la ciudad, y las imágenes de su caída circularon masivamente por internet durante el fin de semana. Esa noche, el prefecto y el alcalde dijeron que el edificio, del siglo XIX, estaba en gran parte perdido.

El alcalde, Guillaume Guérin, contó que los bomberos le habían entregado una bandera francesa salvada de las llamas, y que quizá fuera lo que quedaba del ayuntamiento. Luego trazó una línea entre el edificio y lo que representaba: «C’est un monument qui brûle, mais ce n’est pas la République». Ardía un monumento; la República, dijo, resistiría.

En otros lugares, en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades, hubo grupos que saquearon cientos de comercios. En la capital, mientras tanto, una multitud pacífica avanzaba hacia el noroeste de la ciudad cantando el himno nacional y ondeando banderas; algunos tocaban trompetas y violines.

La magnitud de la jornada sorprendió a quienes tenían el oficio de preverla. Los servicios de inteligencia esperaban unos 200.000 manifestantes en todo el país. El Ministerio del Interior contó unos 550.000, en 110 marchas; los organizadores reivindicaron 800.000. La multitud que habían calculado mal no tenía un único origen.

Procedía de dos movimientos que nacieron por separado. Uno empezó el 17 de septiembre en Créteil, en las afueras de París, con una huelga del personal por plazas sin cubrir en un solo liceo, un instituto público de secundaria. El otro empezó antes, con un vídeo anónimo de TikTok sobre el precio del combustible que señalaba el 17 de octubre como el día para salir a la calle.

Dos convocatorias, una fecha

La convocatoria por el combustible llegó primero. A principios de septiembre, una cuenta de TikTok publicó uno de los primeros vídeos que señalaban el 17 de octubre como jornada de protesta contra los precios de los carburantes. En una semana acumulaba casi 300.000 «me gusta», y cuentas anónimas iban pasándose la fecha. Su autor tenía claro cuál era su papel: «moi je ne l’organise pas», dijo. Otro tendría que ocuparse del papeleo.

La rabia que supo canalizar era fácil de encontrar. El 9 de septiembre, la SP95-E10, la gasolina más usada, alcanzó su precio medio más alto desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo, y los precios en el surtidor seguían batiendo récords a finales de ese mes. En agosto, la guerra de Irán ya había perturbado el suministro de crudo y de combustibles, y la prohibición rusa de exportar diésel lo había restringido aún más. En septiembre, los precios de consumo en Francia eran un 3,1 % más altos que un año antes, una cifra modesta que ocultaba lo que pagaban los conductores: el diésel había subido un 44,1 %. El 22 de septiembre, el Gobierno prorrogó su ayuda al combustible para los trabajadores que van en coche a su empleo y la abrió a más personas, en un paquete de unos 450 millones de euros.

El frente escolar empezó por el personal. El 17 de septiembre, los profesores y el personal de apoyo del liceo Saint-Exupéry de Créteil dejaron de trabajar por unas plazas que seguían sin cubrirse. Los alumnos se sumaron al día siguiente, y el 21 de septiembre bloquearon el centro, el mismo día en que fueron a verlos diputados de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda radical. Algunos liceos de otros lugares estaban bloqueados desde el comienzo del curso, pero el sindicato de estudiantes de liceo USL y una fuente de la administración educativa sitúan en Créteil el inicio del movimiento nacional. Las quejas eran prácticas: clases demasiado numerosas, profesores ausentes a los que nadie sustituía, edificios en mal estado, horarios tan largos que una pancarta ante un liceo de París contaba más horas de clase que de sueño. Los alumnos querían además suprimir Parcoursup, la plataforma nacional que reparte a quienes terminan el bachillerato entre las plazas de la enseñanza superior.

Entonces el conflicto de Créteil se resolvió. Unos diez días después de que los alumnos salieran a la calle, consiguieron los profesores sustitutos y el material que habían pedido, y volvieron a clase. Para entonces su protesta ya había viajado sin ellos. Una entrevista en vídeo con ocho alumnos del Saint-Exupéry, publicada el 24 de septiembre, se propagó por TikTok, y el 28 de septiembre el propio rectorado de Créteil describió las redes sociales como «un amplificateur de mobilisation». El 8 de octubre, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció más de 3.000 profesores sustitutos para los liceos que más los necesitaban y varios cientos de contrataciones adicionales. Una semana después, los alumnos seguían manifestándose porque los anuncios del Gobierno se habían juzgado insuficientes.

El 16 de octubre, las dos líneas ya se habían unido. La convocatoria del 17 de octubre, lanzada contra el coste de la vida y el precio de la gasolina, iba sumando otras reivindicaciones, y el movimiento de los liceos se había convertido en uno de sus catalizadores. El sindicato CGT se adhirió, junto con Solidaires y el sindicato agrario Confédération paysanne. Jérôme Rodrigues, una de las caras de la revuelta de los chalecos amarillos de 2018, dijo: «Les gilets jaunes doivent être solidaires des lycéens»; los chalecos amarillos debían su apoyo a los alumnos. La CFDT y Force ouvrière, otras dos confederaciones sindicales, se mantuvieron al margen y reservaron sus fuerzas para una jornada de huelgas el 5 de noviembre que los principales sindicatos, CGT incluida, habían convocado juntos. Llegado el día, entre quienes hablaron como organizadores estaban la CGT y varias organizaciones estudiantiles. Nadie habló en nombre de toda la multitud.

Cómo un conflicto escolar se convirtió en una causa

La actuación policial en los bloqueos se convirtió en un agravio por sí misma. Según las cifras del Ministerio del Interior, más de 5.000 personas fueron detenidas en el movimiento de los liceos entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. A mediados de octubre, la cuenta ya superaba las 6.000.

Algunas heridas fueron permanentes. El 30 de septiembre, cerca del liceo Balzac de Tours, un chico de 16 años recibió un disparo policial y perdió la visión del ojo derecho; el fiscal de Tours dijo que sus lesiones eran «compatibles» con un proyectil de LBD, un lanzador que dispara balas de caucho duro. El día anterior, en Alençon, un agente agarró por el cuello a una chica de 14 años frente a su liceo, y circularon vídeos de la escena. El 5 de octubre, en Lens, un chico de 15 años perdió la mano al explotar una granada cerca del liceo Auguste-Béhal. Los testigos discrepaban sobre si la había recogido, y la fiscalía dijo que los investigadores no habían establecido si lo hizo o si le cayó encima. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, suspendió entonces un tipo de granada aturdidora contra los alumnos que se manifestaban, y solo contra ellos.

La violencia iba en más de una dirección. El 4 de octubre, el ministro de Educación ya hablaba de centros incendiados o saqueados y de decenas de docentes heridos. El Gobierno sacó su propia conclusión. El 1 de octubre, el gabinete del primer ministro calificó el movimiento de «une manœuvre organisée par La France insoumise et ses proxys de l’ultragauche», una operación dirigida por LFI y sus satélites de la ultraizquierda; el coordinador de LFI, Manuel Bompard, dijo que Matignon se estaba hundiendo en el conspiracionismo. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, dijo que el país había pasado de las manifestaciones de liceo a una alteración del orden público.

Algunos de los que marcharon el 17 de octubre leyeron esas mismas semanas de otra manera. Lola, una joven de 19 años de París, reunió las dos causas en una sola frase ante Reuters: «Nous nous battons parce que le coût de la vie est trop élevé, parce que le prix de l’essence est trop cher, parce que des lycéens sont victimes de violences et de blessures partout dans le pays…». El coste de la vida, el combustible y alumnos heridos en todo el país por pedir más profesores. En la plaza de la República, dos personas treparon a la estatua que preside la plaza y la vistieron con un chaleco amarillo que decía «2026 la police mutile les lycéens»: la policía mutila a los alumnos de liceo.

Testimonios como estos no prueban que la actuación policial llenara las calles el 17 de octubre. Sí muestran por qué los conductores indignados por el combustible y los alumnos indignados por sus centros acabaron del mismo lado de las líneas policiales.

El sábado y las herramientas del Estado

El Gobierno desplegó a unos 60.000 policías y gendarmes en las calles el 17 de octubre. Según el balance del Ministerio del Interior, difundido el 20 de octubre, practicaron 2.397 detenciones ese día, y 997 policías y gendarmes resultaron heridos. En los días siguientes, casi 500 personas más fueron detenidas a raíz de las investigaciones. La Prefectura de Policía de París informó de que dos hombres habían muerto en la calle «en marge des manifestations»: un manifestante de 59 años que se desplomó en el recorrido de la marcha el sábado por la noche y un hombre de 48 que se desplomó cerca de Châtelet a primera hora del lunes. Se abrieron investigaciones sobre ambas muertes. La prefectura dijo que la primera no tenía nada que ver con la violencia ni con la actuación policial; su familia dijo que estudiaba presentar una denuncia si se demostraba que había intervenido el gas lacrimógeno.

Los reconocimientos llegaron enseguida. Nuñez dijo que en algunas grandes ciudades, con cientos de comercios saqueados, «vous ne pouvez pas regarder des commerçants et dire qu’on n’a pas perdu le contrôle»: nadie podía mirar a los comerciantes a la cara y sostener que no se había perdido el control. Presentó su dimisión, y Emmanuel Macron la rechazó alegando la necesidad de «un commandement continu», un mando ininterrumpido de la policía. Darmanin dijo «Nous avons failli incontestablement ce week-end», que el Estado había fallado sin discusión posible, y añadió que la mayoría de los detenidos eran adultos, a menudo ya conocidos por la policía, y no alumnos de liceo. El primer ministro, Sébastien Lecornu, admitió que los servicios de inteligencia no habían captado la gravedad de la situación y que los dispositivos de seguridad anteriores habían sido demasiado estáticos. Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional, de extrema derecha, y Jean-Luc Mélenchon, de LFI, primera y segundo en los sondeos de octubre para las elecciones presidenciales de abril de 2027, condenaron los dos los saqueos.

El 19 de octubre, Lecornu pidió a los prefectos, los representantes del Estado en cada departamento, que impusieran toques de queda parciales y locales para proteger los comercios. Si hacía falta podía declararse el estado de emergencia, dijo, pero los toques de queda parciales parecían más adecuados. Esa noche, la plaza de la República y el barrio de Les Halles, en París, se cerraron de las once de la noche a las seis de la mañana, y ciudades como Lyon y Niza impusieron sus propios toques de queda, algunos solo para menores.

En 2005, el Estado había echado mano de una herramienta jurídica más contundente. En noviembre de aquel año, mientras los disturbios se extendían desde la periferia de París a cerca de 300 localidades, Jacques Chirac declaró el estado de emergencia en virtud de una ley de 1955, de los tiempos de la guerra de Argelia, que permitía imponer toques de queda allí donde hicieran falta. Ni siquiera entonces se llamó al ejército; preguntado por si debía hacerse, el primer ministro, Dominique de Villepin, dijo que Francia no había llegado a ese punto. En 2026, el Gobierno dio al ejército un papel limitado. El 20 de octubre, Nuñez explicó a los diputados que los soldados de la operación Sentinelle se desplegarían sobre todo en tareas de vigilancia estática de lugares sensibles, para que policías y gendarmes pudieran pasar al control de multitudes.

Lo que hacen en realidad los soldados de Sentinelle

La operación Sentinelle se creó tras los atentados terroristas de París de enero de 2015 para poner soldados de guardia en lugares de culto y otros puntos sensibles, en apoyo de la policía y la gendarmería. Su tamaño se presta a malas lecturas. En enero de 2025, el Ministerio de las Fuerzas Armadas la cifró en casi 7.000 soldados diarios, una cifra que suma a los desplegados y a los que permanecen en alerta. Para los Juegos Olímpicos de 2024 se elevó a 10.000. Un titular que diga que se han desplegado tropas en Francia puede describir, por tanto, una rutina que dura ya una década, un refuerzo temporal o un cambio de misión. La decisión de octubre de 2026 fue un cambio de misión: los soldados debían hacerse cargo de puestos de guardia fijos para que pudiera enviarse a más policías a las marchas. Cuando Nuñez expuso, el día 23, sus planes para el 24 de octubre, no mencionó Sentinelle en absoluto. Las unidades que sí nombró, los cuerpos de élite RAID, GIGN y BRI, debían proteger edificios públicos, lejos del contacto con las multitudes.

De cara al 24 de octubre, Nuñez anunció 70.000 policías y gendarmes, 10.000 más que la semana anterior, con vehículos blindados y cañones de agua. Los tribunales juzgaron por la vía rápida a los detenidos: en Lille, tres hombres de entre 20 y 25 años sin antecedentes penales fueron encarcelados de inmediato por saquear una tienda de videojuegos. La Asamblea Nacional creó una comisión de investigación sobre la violencia y la estrategia policial a petición de su presidenta, Yaël Braun-Pivet; el 23 de octubre, el Reagrupamiento Nacional ya la boicoteaba tras no conseguir ninguno de los tres puestos de relator de la comisión. Los toques de queda seguirían vigentes el 24 de octubre en algunas ciudades y zonas sensibles, entre ellas los alrededores de la plaza de la República.

Ninguna de estas medidas requería que nadie del otro lado aceptara nada. Sin una dirección única con la que negociar una concesión, el Gobierno recurrió a lo que controla directamente, y a continuación echó mano del derecho de manifestación.

Las palabras de un presidente, la firma de un prefecto

El 22 de octubre, tras un consejo de seguridad con los servicios de inteligencia, Macron dijo: «La recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir». Su consejo general era que no hubiera manifestaciones en los próximos días. Ese sábado solo se autorizarían las marchas organizadas por sindicatos, por recorridos elegidos para proteger los comercios, y se rechazarían las peticiones procedentes de «des gens qui n’ont aucune légitimité pour cela», gente sin legitimidad alguna para hacerlas.

La ley francesa no deja esa decisión en manos de un presidente. Una marcha en la vía pública debe declararse con antelación, y las autoridades pueden prohibirla, pero solo mediante una medida necesaria, adecuada y proporcionada al riesgo de desórdenes; no hay ningún permiso que conceder. En las ciudades donde la policía es un cuerpo nacional, solo el prefecto decide si se prohíbe una marcha, y el alcalde no tiene competencia para hacerlo. La ley tampoco clasifica a los manifestantes según quién los haya convocado. «Il n’y a rien dans la loi qui permet de distinguer une manifestation organisée par un syndicat ou par un autre collectif», dijo John-Christopher Rolland, profesor de Derecho Público en la Universidad Paris Nanterre: nada en ella separa la marcha de un sindicato de la de cualquier otro. Las palabras de Macron solo podían funcionar como un mensaje a los prefectos.

Dos organizaciones acudieron a los tribunales. El 22 de octubre, la Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) y el Syndicat de la magistrature, un sindicato de jueces, pidieron al Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa de Francia, que suspendiera lo que llamaban la decisión del presidente. El 23 de octubre, el tribunal rechazó sus recursos con argumentos que dejaban sin fuerza jurídica la consigna presidencial. Sus declaraciones, decía el auto, «ne révèlent pas l’existence d’une décision d’interdire toute manifestation, ni d’une instruction donnée en ce sens aux préfets»: no revelaban ni una decisión de prohibir las manifestaciones ni una instrucción a los prefectos en ese sentido. Correspondía a los prefectos valorar, en el momento de decidir, la magnitud real del riesgo de desórdenes de cada marcha declarada o prevista. El Gobierno ganó porque el tribunal concluyó que las palabras del presidente no habían prohibido nada por sí mismas ni habían dado instrucciones a nadie.

Lo que protege la sentencia Brokdorf de Alemania

En febrero de 1981, los opositores a una central nuclear en construcción en Brokdorf, en la Alemania Occidental, planearon protestas contra ella. Antes incluso de que se hubieran notificado a las autoridades, el jefe de la administración del distrito prohibió toda protesta en unos 210 kilómetros cuadrados alrededor del emplazamiento. Más de 50.000 personas se manifestaron de todos modos. En 1985, el Tribunal Constitucional Federal se sirvió del caso para fijar una regla. Salvo que se prevea que una protesta en su conjunto se vuelva violenta, la libertad de reunión sigue protegiendo a sus participantes pacíficos aunque se espere que algunos individuos o una minoría recurran a la violencia. La prohibición preventiva de todo un acto debe cumplir requisitos estrictos sobre cómo se evaluó el riesgo, y la posibilidad de que algunos manifestantes sean violentos no basta por sí sola para justificarla. Las autoridades deben además cooperar con los organizadores, y cuanto más hagan estos por mantener pacífica una protesta, más alto es el listón para que intervenga el Estado. Dos sociólogos franceses especializados en la policía remontan a ese deber de comunicación y cooperación parte de la práctica de desescalada que Alemania desarrolló después.

Mientras tanto, los prefectos usaron el poder al que había remitido el tribunal. De cara al 24 de octubre se prohibieron las marchas en Lyon y en varias ciudades más. En París, la prefectura autorizó al principio un recorrido sindical de la Bastilla a Nation y rechazó otro de la Bastilla a la Ópera solicitado por chalecos amarillos y la agrupación estudiantil Interfac. Luego, la tarde del viernes 23 de octubre, prohibió el recorrido Bastilla-Nation que había negociado con los sindicatos el día anterior. En su lugar ofreció uno de Porte d’Italie a Porte de Vincennes por los boulevards des Maréchaux, en el límite de la ciudad. Los sindicatos lo rechazaron y recurrieron la decisión ante el tribunal administrativo de París. A los líderes de los partidos que Lecornu recibió en Matignon el 22 de octubre no les había ido mucho mejor: la izquierda salió decepcionada porque la reunión se había centrado en el orden público y no en una respuesta política a la crisis.

Lo que puede ganar la calle

En una encuesta a personas inscritas en el censo electoral realizada en enero de 2026, solo el 15 % decía confiar en los partidos políticos y el 18 % en el presidente, mientras que el 73 % confiaba en la policía y el 60 % en su alcalde. La desconfianza recae sobre el cauce que debe convertir la rabia en ley, y desde las elecciones anticipadas de 2024 un Parlamento fragmentado ha atascado aún más ese cauce. Nada de esto explica los saqueos. Sí describe el terreno en el que una protesta tiene que buscar resultados.

Dos veces en las últimas décadas la calle cambió una decisión, y en ambas lo hizo cambiando la posición de alguien que tenía que decidir. En 2006, el Gobierno de Villepin creó el CPE, un contrato de primer empleo que habría permitido a los empresarios despedir a los nuevos trabajadores menores de 26 años durante un periodo de prueba de dos años. El Parlamento sí lo debatió: la Asamblea votó la enmienda que creaba el contrato en la noche del 8 al 9 de febrero. Más tarde, ese mismo día, Villepin recurrió al artículo 49.3 de la Constitución para todo el proyecto de ley: el Gobierno se jugó su supervivencia en el texto, y el debate se detuvo. Siguieron semanas de huelgas y marchas que reunieron a millones de personas, con bloqueos de centros escolares y la primera ocupación de la Sorbona desde 1968. El 10 de abril, Chirac cedió y anunció que el contrato sería sustituido. El Parlamento había votado; el presidente cambió de opinión.

En noviembre de 2018, los chalecos amarillos, un movimiento nacido en las redes sociales y organizado al margen de partidos y sindicatos, salieron a la calle contra una subida de los impuestos sobre los carburantes prevista para el 1 de enero de 2019. El ministro de Ecología, François de Rugy, dijo que el Gobierno mantendría «la trajectoire prévue», el rumbo previsto. A principios de diciembre ya había renunciado a la subida de enero. Más adelante, ese mismo mes, aprobó un aumento de la prime d’activité, un complemento para los trabajadores con ingresos bajos, que se pagaría desde febrero de 2019; sumado a la subida habitual del salario mínimo en enero, supuso para un trabajador soltero sin hijos con derecho a la ayuda y que cobrara el salario mínimo más de 100 euros adicionales al mes. Un chaleco amarillo, Alain Bouché, preguntó en televisión por qué, si el Gobierno podía hacer esto, había esperado a que hubiera conflicto y violencia.

El contraejemplo es 2023. La reforma de las pensiones de Macron, que elevó la edad de jubilación a los 64 años, pasó por la Asamblea mediante el artículo 49.3 y fue promulgada el 14 de abril de 2023, pese a que los sindicatos le habían pedido conjuntamente que no la firmara. Los disturbios no lograron moverla. En marzo, tras unos enfrentamientos en los que se prendió fuego a la entrada del ayuntamiento de Burdeos, Darmanin, entonces ministro del Interior, dijo que la ley no debía retirarse por culpa de la violencia. Lo que la cambió fue un pacto parlamentario dos años después. En octubre de 2025, Lecornu, que necesitaba que los socialistas no tumbaran su Gobierno, propuso suspender la reforma; la suspensión era una de sus condiciones. La ley de financiación de la seguridad social para 2026 suspendió hasta 2028 el aumento de la edad de jubilación y del periodo de cotización exigido, con efecto desde el 1 de septiembre de 2026.

En 2006 y en 2018, la calle ganó porque alguien con poder para firmar tenía un motivo para hacerlo: un presidente frente a semanas de bloqueos, un Gobierno frente a disturbios en muchas ciudades. Cuando el Ejecutivo pudo esperar, como en 2023, la calle perdió, y lo que las marchas no consiguieron llegó más tarde de la mano de un primer ministro que contaba los votos socialistas.

Leído así, octubre de 2026 es una protesta sin contraparte. El hombre que lanzó la fecha dijo que no la organizaría. La CGT se sumó a una convocatoria que no había redactado, y la CFDT y Force ouvrière se quedaron fuera. Las concesiones fueron a parar a quienes podían recibirlas: los alumnos de Créteil consiguieron sus profesores, y las organizaciones de estudiantes de liceo consiguieron reuniones. El 23 de octubre, Macron recibió a una veintena de sus representantes durante casi tres horas en el Elíseo. Está previsto que se reúnan con Lecornu el lunes 26 de octubre, y el entorno de Macron dijo que el Gobierno asumiría compromisos «dès lundi», desde el lunes. Los alumnos dijeron que seguirían movilizados hasta que llegaran medidas concretas. Los precios del combustible, la causa que fijó la fecha del 17 de octubre, no tienen ningún delegado en esa mesa. La ausencia de un organizador único dificulta la negociación.

La tesis del Gobierno es que estaba escuchando, y que el 17 de octubre fue un fallo de inteligencia y de actuación policial aprovechado por delincuentes y por una pequeña franja radical. Antes de la marcha, los alumnos de Créteil habían obtenido lo que pedían, el ministro había anunciado profesores sustitutos y la ayuda al combustible se había ampliado; después, las autoridades atribuyeron parte de la violencia a grupos de extrema izquierda y a saqueadores. Ambos argumentos se sostienen, y ninguno zanja la disputa que llenó las calles. La ayuda al combustible fue una decisión del Estado en solitario, casi un mes antes de las marchas, y nadie puede aceptar una nueva concesión en nombre de la multitud que salió a la calle por el combustible. Entretanto, un fallo policial en un solo sábado produjo una respuesta general, un límite a quién puede manifestarse, sobre la que el Consejo de Estado dictaminó después que, en derecho, no era una decisión en absoluto.

Donde la policía se encuentra con la multitud

Cada una de estas decisiones termina allí donde los agentes se enfrentan a los manifestantes, y los psicólogos que estudian las multitudes han analizado lo que ocurre en ese punto. Una actuación policial que trata a la multitud como irracional y peligrosa por naturaleza tiende a volverse contra sí misma: puede conducir a intervenciones que refuerzan a quienes, dentro de la multitud, defienden la violencia. El conflicto generalizado nace del encuentro entre la policía y la multitud, y una actuación policial que distingue entre grupos puede llevar a la multitud a contener a la minoría violenta que hay en su propio seno.

En 2016, dos sociólogos franceses, Olivier Fillieule y Fabien Jobard, sostuvieron que el mantenimiento del orden en Francia se resistía a los modelos de desescalada empleados en Alemania, Suecia y Suiza, y que la teoría de las multitudes de Gustave Le Bon, el escritor del siglo XIX que describió las masas como irracionales, seguía en el centro de su filosofía. Desde entonces, Francia ha puesto una doctrina por escrito. Un marco nacional para el control de multitudes, el schéma national du maintien de l’ordre, se publicó el 16 de septiembre de 2020. El 10 de junio de 2021, el Consejo de Estado anuló cuatro de sus disposiciones, entre ellas la «nasse», el cerco a una multitud que los anglófonos llaman kettling, porque el texto no precisaba cuándo podía utilizarse. El ministerio publicó una versión revisada en diciembre de ese año.

El lenguaje de octubre de 2026 tira en dos direcciones. El 19 de octubre, Nuñez prometió intensificar la intervención contra «les casseurs et les pilleurs», vándalos y saqueadores, para que los agentes pudieran ser «mobiles et réactives» cuando algunos grupos se separaran para saquear tiendas. El 23 de octubre confirmó que los LBD y las granadas podían usarse dentro de la ley: «C’est la proportionnalité, toujours la proportionnalité». El alcalde de Marsella, Benoît Payan, calificó de «inefficace» la doctrina de mantenimiento del orden del Gobierno. Y el sindicato de comisarios de policía dijo que sus efectivos estaban «à bout», agotados.

La investigación sobre las multitudes no puede mostrar qué efecto tuvo una táctica concreta en octubre de 2026, y describe lo que la actuación policial puede hacer, no lo que debe hacer. Sí ofrece una prueba para el 24 de octubre y los días siguientes: si los agentes a los que se ordena actuar con rapidez contra los saqueadores siguen siendo capaces de distinguirlos de la multitud que los rodea.

Un edificio y un aula

El 23 de octubre, Lecornu viajó a Limoges. El Estado, dijo, reconstruiría el ayuntamiento «à l’identique», exactamente como era, y clasificaría todo el edificio como monumento histórico. Los contribuyentes locales no pagarían «un euro» por ello, y el Estado exigiría la responsabilidad civil de quienes lo quemaron. Lo ocurrido allí, dijo, «n’a rien à voir avec un mouvement social ou un mouvement lycéen». El 22 de octubre ya había dos hombres detenidos. Uno, de 34 años, era según los investigadores un activista de ultraizquierda ya fichado por los servicios de seguridad, y se le consideraba sospechoso de tentativa de homicidio contra una persona depositaria de la autoridad pública; trece agentes de la policía municipal se encontraban dentro del ayuntamiento durante el ataque. El otro, de 66 años, fue arrestado en la Creuse ese jueves. Las acusaciones no se han dirimido ante un tribunal.

Lo que los alumnos de Créteil salieron a reclamar en septiembre, profesores al frente de sus clases, estará sobre la mesa en Matignon el lunes 26 de octubre, donde los representantes de los liceos esperan las primeras medidas concretas. Antes llegaba el sábado 24 de octubre, una segunda jornada nacional convocada por sindicatos, alumnos de liceo y la coordinadora de los chalecos amarillos, con 70.000 policías y gendarmes anunciados, marchas prohibidas en varias ciudades y el recorrido de París recurrido ante la justicia.

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Multimedia

Manifestaciones del 17 de octubre de 2026 en París – Wikimedia Commons (Foto: Jules*, CC BY-SA 4.0)

Ayuntamiento de Limoges, mayo de 2026 – Wikimedia Commons (Foto: Benjamin Smith, CC BY-SA 4.0)

Manifestación de estudiantes de liceo del 6 de octubre de 2026 en París – Wikimedia Commons (Foto: FreCha, CC BY-SA 4.0)

Principales fuentes y referencias

France 3 Nouvelle-Aquitaine. «Mobilisation du 17 octobre à Limoges : la mairie de Limoges toujours en feu, le campanile, emblème de la ville, s’est effondré.» France 3 Nouvelle-Aquitaine, 17 October 2026. https://france3-regions.franceinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/mobilisation-du-17-octobre-des-manifestants-mettent-le-feu-a-la-mairie-de-limoges-3435198.html

franceinfo. «‘C’est un monument qui brûle, mais ce n’est pas la République’ : l’émotion mêlée de colère du maire de Limoges devant l’incendie qui a détruit l’hôtel de ville.» franceinfo, 17–18 October 2026. https://www.franceinfo.fr/faits-divers/c-est-un-monument-qui-brule-mais-ce-n-est-pas-la-republique-l-emotion-melee-de-colere-du-maire-de-limoges-devant-l-incendie-qui-a-detruit-l-hotel-de-ville_8242447.html

Corbet, Sylvie, and Jade Le Deley. «Clashes, fires and looting break out as protesters rally across France.» Associated Press via ABC News, 17 October 2026. https://abcnews.com/International/wireStory/protesters-france-rally-rising-living-costs-joining-students-137342706

Reuters. «EN DIRECT-Journée de « colère sociale » en France, nombreuses violences en marge des cortèges.» Boursorama, 17–18 October 2026. https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/en-direct-journee-de-colere-sociale-en-france-nombreuses-violences-en-marge-des-corteges-981e06cc307cb5bf1dcf475d805db316

franceinfo. «VRAI OU FAUX. Combien de personnes sont mortes en marge de la mobilisation du 17 octobre à Paris ?» franceinfo, 20 October 2026, updated 22 October 2026. https://www.franceinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-faux-combien-de-personnes-sont-mortes-en-marge-de-la-mobilisation-du-17-octobre-a-paris_8245396.html

Reuters. «French police clash with protesters amid rally over cost of living.» CNBC, 17 October 2026. https://www.cnbc.com/2026/10/17/french-protesters-take-to-streets-over-rising-prices-and-social-strain.html

Associated Press. «French police arrest more than 1,800 people after violent protests erupt across country.» CBS News, 18 October 2026. https://www.cbsnews.com/news/protests-france-rising-living-costs-students/

franceinfo. «‘J’ai remis ma démission parce que je suis responsable de tout’, affirme Laurent Nuñez, après les heurts et pillages lors de la mobilisation du 17 octobre.» franceinfo, 19 October 2026. https://www.franceinfo.fr/societe/mobilisation-du-17-octobre/j-ai-remis-ma-demission-parce-que-je-suis-responsable-de-tout-ce-qui-se-passe-affirme-laurent-nunez-apres-les-heurts-et-pillages-lors-de-la-mobilisation-du-17-octobre_8243536.html

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