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En Corea del Sur, tener un bebé en 2024 desencadenaba una cascada de derechos. Los padres recibían un vale de dos millones de wones al nacer, o tres millones por el segundo hijo o posteriores; una «prestación parental» de un millón de wones al mes durante el primer año del bebé y la mitad durante el segundo, y una asignación por hijo de 100.000 wones al mes hasta su octavo cumpleaños. Sumado todo, según las cuentas del Gobierno, un primer hijo nacido en 2024 aportaba unos 29,6 millones de wones, unos 22.100 dólares, en efectivo y vales durante sus primeros ocho años de vida, antes de contar las desgravaciones fiscales y los préstamos preferentes para vivienda familiar. No todo llega a la cuenta bancaria: el vale de nacimiento se gasta con una tarjeta de prestaciones, y los padres cuyo bebé va a una guardería subvencionada reciben parte de la prestación parental como vale de guardería, y solo la diferencia se abona en efectivo. En 2026, la asignación por hijo empezó a extenderse hasta el noveno cumpleaños, primer paso de una ampliación prevista hasta los 13 años para 2030. La ciudad de Incheon fue todavía más lejos y anunció 100 millones de wones por hijo desde el embarazo hasta los dieciocho años: 72,5 millones de wones de prestaciones nacionales ya existentes, completados con 28,7 millones de wones de la propia ciudad.
Detrás hay plazos de elegibilidad, condiciones de retroactividad, umbrales de verificación de recursos, portales de solicitud y coordinación interinstitucional entre el comité presidencial de población (rebautizado como Comité de Estrategia de Población en septiembre de 2026), el Ministerio de Salud y Bienestar y los gobiernos locales. El Estado ha construido un aparato para traducir una decisión reproductiva en un acontecimiento burocrático. La apuesta es que, si el coste de tener hijos puede rebajarse lo suficiente, el calendario de pagos adecuado quizá logre invertir el cálculo que está llevando a los jóvenes coreanos a tener cada vez menos.
En 2023, la tasa global de fecundidad de Corea del Sur, el número de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida con las tasas de natalidad de ese año, fue de 0,72: en aquel momento, la tasa global de fecundidad nacional más baja registrada en la era estadística moderna. Subió ligeramente a 0,75 en 2024 y a 0,80 en 2025, todavía la más baja de la OCDE. Los pagos, que llevaban casi dos décadas ganando en sofisticación y escala, continuaron.
La lógica que lleva hasta aquí
Los demógrafos expresan la aritmética del reemplazo generacional con un solo número: 2,1. Esa es la tasa global de fecundidad (TGF) con la que una población se reemplaza a sí misma de una generación a otra, teniendo en cuenta la mortalidad y un ligero excedente de nacimientos masculinos. La TGF de Japón fue de 1,15 en 2024 y de 1,14 en 2025, mínimos históricos sucesivos; los nacimientos de ciudadanos japoneses cayeron por debajo de 700.000 por primera vez en 2024 y hasta unos 671.000 en 2025, la cifra más baja desde que comenzaron los registros en 1899. Las tasas de Corea del Sur, de entre 0,72 y 0,80 entre 2023 y 2025, representan algo sin precedentes modernos: un país rico que se reproduce a poco más de un tercio de la tasa de reemplazo.
Una población en edad de trabajar que mengua y que sostiene a una población jubilada cada vez mayor comprime los sistemas de pensiones y la sanidad pública. La tasa de dependencia empeora por ambos extremos a la vez: menos jóvenes se incorporan al empleo mientras más personas mayores consumen derechos acumulados durante décadas. En Japón, donde la población en edad de trabajar disminuye desde mediados de la década de 1990 y la población total desde 2008, esta presión ya condiciona la planificación fiscal. Los modelos del sistema de pensiones coreano proyectan la insolvencia en cuestión de décadas si se mantienen las trayectorias demográficas actuales.
La respuesta política más visible de los países de renta alta y baja fecundidad convergió en una sola palanca: el dinero. Los instrumentos (primas, asignaciones, préstamos subvencionados, desgravaciones fiscales) varían según el país y la tradición política, pero la lógica de fondo es compartida.
El enfoque de Hungría ha sido el más completo, y el más publicitado por el Gobierno que lo construyó. Desde 2015, el CSOK, o Prestación para la Vivienda Familiar, ofrece subvenciones y préstamos preferentes a familias con hijos, y a parejas casadas que se comprometen a tener más, con importes que aumentan según el número de hijos contabilizados o prometidos. A partir de 2024, el programa se amplió con el CSOK Plusz, que ofrece préstamos subvencionados por el Estado a un interés no superior al 3 %. Las parejas que, contando los hijos que ya tienen y los que prometen, vayan a tener tres o más pueden pedir prestados hasta 50 millones de forintos (unos 137.000 euros), y todo solicitante debe comprometerse a tener al menos un hijo más. El Gobierno de Orbán cifró su apoyo total a las familias, incluidas las ayudas a la vivienda y las desgravaciones fiscales, en el 6,2 % del PIB en 2021-2022. Con la medida más restringida y comparable de la OCDE, Hungría gastó en 2021 el 2,9 % del PIB en prestaciones familiares, muy por encima de la media de la OCDE, del 2,35 %, aunque por detrás de una docena de países, entre ellos Polonia, Francia, Alemania y los países nórdicos. El Gobierno de Orbán perdió las elecciones de abril de 2026, y Péter Magyar juró el cargo de primer ministro en mayo, pero los préstamos hipotecarios emblemáticos del antiguo Gobierno seguían concediéndose ese año.
Polonia lanzó su programa Familia 500+ en abril de 2016: un pago mensual de 500 eslotis, entonces unos 130 dólares, por cada segundo hijo y siguientes hasta los dieciocho años, y también por el primero en las familias de menores ingresos. En julio de 2019 se hizo universal, y en enero de 2024 se elevó a 800 eslotis y pasó a llamarse Familia 800+, con un coste de alrededor del 1,75 % del PIB. Japón ha ampliado de forma agresiva las guarderías subvencionadas desde 2013, hasta sumar en 2022 un 63 % más de centros. Corea del Sur fue superponiendo transferencias en efectivo, subvenciones a préstamos, preferencias en materia de vivienda y prestaciones parentales hasta formar un sistema entrelazado. Según el propio recuento del comité presidencial, gastó unos 280 billones de wones, aproximadamente 210.000 millones de dólares, en programas contra la baja natalidad solo entre 2006 y 2021.
Estos gobiernos no actúan de forma irracional. Se enfrentan a una presión fiscal real, a proyecciones demográficas fiables y a una demanda política constante de actuar. Lo que está menos claro es si el diagnóstico en que se basan estas políticas, que el problema es esencialmente financiero y, por tanto, admite un remedio financiero, resiste el contraste con la evidencia.
Una nota histórica
El pronatalismo como política de Estado es anterior al Estado del bienestar. La «batalla por la natalidad» de Mussolini, proclamada en 1927, combinaba incentivos económicos, impuestos a los solteros y propaganda; aun así, la natalidad siguió cayendo hasta mediados de la década de 1930, y el pequeño repunte posterior duró poco. La Unión Soviética creó en 1944 el título de «Madre Heroína» para las mujeres que criaban diez o más hijos, con órdenes y medallas menores para las que criaban de cinco a nueve, junto con asignaciones para familias numerosas. Los efectos demográficos fueron en su mayoría modestos; la excepción más clara, el paquete que Alemania Oriental completó en 1976, un «año del bebé» remunerado sumado a los préstamos matrimoniales sin intereses, mantuvo la fecundidad muy por encima de la de Alemania Occidental durante más de una década. La distinción entre estos programas y las transferencias contemporáneas de las democracias liberales importa: los pagos modernos se formulan en términos de bienestar infantil y apoyo a las familias, no de reserva racial de la nación, y funcionan mediante el consentimiento, no mediante la coerción. El mecanismo de fondo, la teoría de los precios aplicada a las decisiones reproductivas, es el mismo. Que el pronatalismo del siglo XX rara vez lograra aumentos sostenidos de la fecundidad no zanja la cuestión de sus variantes del siglo XXI, que difieren sustancialmente en escala y diseño, pero la evidencia de este siglo encaja hasta ahora en la misma pauta.El balance
En general, los pagos pronatalistas sí producen más nacimientos a corto plazo. La pregunta que se hacen los economistas es si producen más hijos por mujer a lo largo de su vida. La distinción técnica es la que separa un efecto de calendario de un efecto de intensidad. Un efecto de calendario significa que los nacimientos se adelantan en el tiempo: una pareja que habría tenido dos hijos de todos modos los tiene a los 28 y a los 31 años en lugar de a los 30 y a los 33, en respuesta al incentivo de un pago. La fecundidad total a lo largo de la vida no cambia. Un efecto de intensidad significa que el pago lleva a una mujer o a una pareja a tener un hijo que de otro modo no habría tenido, lo que cambia el total de toda una vida y no solo el calendario.
Buena parte de la evidencia apunta al calendario. Allí donde los pagos sí añaden hijos, el efecto es pequeño en relación con el dinero gastado. El programa Familia 500+ de Polonia generó un repunte inmediato de los nacimientos: la TGF pasó de 1,29 en 2015 a 1,36 en 2016. Según datos de encuestas de hogares, la transferencia se asociaba a un aumento de 1,5 puntos porcentuales en la probabilidad anual de dar a luz en el conjunto de la población, con las ganancias concentradas en las mujeres de 31 a 40 años. Una lectura posible es que las mujeres de más edad adelantaban nacimientos ya previstos en lugar de añadir otros nuevos; una encuesta de nacimientos anuales no puede zanjarlo. Las mujeres de 21 a 30 años pasaron a tener menos probabilidades de dar a luz. La TGF volvió a subir en 2017, hasta 1,45, y empezó a bajar a partir de 2018; en 2025 había caído a un mínimo histórico de 1,07, incluso después de que la prestación se elevara a 800 eslotis. El programa redujo con fuerza la pobreza infantil, un logro real en otro terreno, pero lo que hiciera por la fecundidad no se reflejó por mucho tiempo en la tasa nacional.
Hungría presenta una pauta similar. Al lanzamiento del CSOK en 2015 le siguió un aumento de la tasa de fecundidad, de 1,45 ese año a 1,61 en 2021, aunque el número de nacimientos apenas se movió y rondó los 90.000 al año. Después, el declive se reanudó con fuerza: los nacimientos cayeron un 9 % en 2024, hasta un mínimo histórico de unos 77.500, y otro 7 % en 2025, hasta unos 72.000, la cifra más baja desde al menos 1949, mientras la TGF descendía a 1,39 en 2024 y a 1,31 en 2025. Según las cuentas de su propio Gobierno, Hungría dedica a las familias una proporción del PIB mayor que casi cualquier otro país, y tras quince años de transferencias crecientes su natalidad cae con fuerza.
Los cheques bebé de Corea del Sur son quizá los estudiados con más detalle. El economista Wookun Kim examinó los cheques bebé locales del país entre 2000 y 2015 y halló efectos reales: sin esas primas, la TGF de 2015 habría sido alrededor de un 4,7 % más baja; los nacimientos adicionales fueron hijos de más y no nacimientos adelantados; y las transferencias incluso empujaron de vuelta hacia la normalidad la proporción de sexos de los terceros nacimientos, sesgada a favor de los varones. Pero los nacimientos adicionales vinieron acompañados de un menor peso medio al nacer y de gestaciones más cortas, y Kim calculó que recuperar la fecundidad de reemplazo exigiría pagos aproximadamente entre diez y diecisiete veces mayores, en igualdad de condiciones. Según una estimación, más del 74 % del dinero pagado por los primeros programas coreanos de primas por nacimiento fue a nacimientos que se habrían producido de todos modos, nacimientos que el programa financió pero no causó. Pese a todo lo que gastó en programas contra la baja natalidad entre 2006 y 2021, Corea del Sur vio caer su TGF de 1,13 a 0,81 en esos mismos años, y después a 0,72 en 2023.
Quebec es el contraejemplo más citado. En 1988, la provincia introdujo la asignación por recién nacido (Allowance for Newborn Children), que en 1992 pagaba 8.000 dólares canadienses a plazos tras el nacimiento de un tercer hijo o posterior. La diferencia de fecundidad entre Quebec y el resto de Canadá, de 0,29 hijos por mujer en 1987, se redujo a 0,08 en 1991. El economista Kevin Milligan documentó un aumento medible de la fecundidad en Quebec atribuible al programa: alrededor de un 12 % de media, y un 25 % entre las familias con derecho a la prestación completa.
El caso de Quebec es una reivindicación menos clara de lo que parece, porque varios rasgos de aquel contexto concreto eran excepcionalmente favorables. Los nacionalistas quebequeses tenían motivaciones políticas y culturales explícitas para fomentar los nacimientos francófonos en competencia demográfica con el Canadá anglófono, y el programa estaba inserto en una política identitaria más amplia que el dinero por sí solo no reproduce. Los pagos, en relación con los ingresos quebequeses de finales de la década de 1980, eran cuantiosos. El dinero dejó de llegar: Quebec suprimió la asignación en 1997, al mismo tiempo que ponía en marcha guarderías públicas baratas, y su tasa de fecundidad cayó de alrededor de 1,61 en 1996 a 1,45 en 2000, aunque los datos por cohortes de Milligan sugieren que los hijos de más nacidos al amparo del programa fueron realmente adicionales, no simplemente adelantados. Cada nacimiento adicional había costado al erario más de 15.000 dólares canadienses. El dinero puede activar una respuesta de la fecundidad en condiciones estructurales específicas; de ello no se deduce que grandes programas de transferencias en contextos cultural y económicamente distintos vayan a lograr lo mismo.
Cuando el personal del FMI examinó en 2024 la política de fecundidad de Japón, no encontró ninguna correlación evidente entre las transferencias en efectivo y la fecundidad en 34 países de la OCDE, y en sus regresiones las prestaciones en efectivo no tuvieron un efecto significativo. La única política que elevaba la fecundidad de manera fiable era la escolarización en guarderías y educación preescolar, sobre todo de los menores de tres años. El documento del FMI cita además una estimación según la cual la expansión de las guarderías en Japón desde 2005 elevó su TGF en alrededor de 0,1, así como investigaciones anteriores que sugieren que el gasto en guarderías tiene cinco veces más impacto en la fecundidad que las transferencias en efectivo.
El 500+ de Polonia redujo de forma demostrable la pobreza infantil, y el CSOK de Hungría ayudó a unas 233.000 familias a comprar o construir vivienda en sus primeros ocho años. Los pagos de Corea del Sur amortiguaron el golpe económico inmediato de convertirse en padres. El argumento se refiere específicamente a la fecundidad: la evidencia de que las transferencias en efectivo producen aumentos sostenidos de la fecundidad a lo largo de la vida, en lugar de adelantar nacimientos ya previstos o de aliviar las dificultades económicas sin influir en las decisiones reproductivas, es escasa.
El problema metodológico
Aislar el efecto de un cheque bebé sobre la fecundidad es difícil. Las políticas se introducen en contextos económicos que también se están moviendo: un pago lanzado en un periodo de vivienda cada vez más cara y salarios estancados no se verá igual que uno lanzado durante una recuperación. Las actitudes culturales hacia el matrimonio y la formación de familias cambian en plazos que se solapan con la aplicación de las políticas. Y los gobiernos que anuncian grandes paquetes pronatalistas a menudo amplían al mismo tiempo las guarderías y reforman los permisos parentales, lo que dificulta atribuir los resultados a un único instrumento. Los mejores estudios recurren a la variación geográfica en el despliegue de las políticas, o a sorteos como los de crédito para vivienda de Brasil (que se analizan más adelante), para aislar los efectos. Estos diseños son escasos y dependen del contexto. Las correlaciones más amplias entre países son, en el mejor de los casos, indicativas.Lo que el dinero no alcanza
Los calendarios de pago y las fórmulas de condonación de préstamos están diseñados para resolver un problema financiero. La evidencia estructural sugiere que el descenso de la fecundidad en los países ricos no es, ante todo, un problema financiero, o al menos no uno que las transferencias en efectivo, tal como están diseñadas hoy, puedan resolver.
Tres mecanismos explican la mayor parte, y el debate pronatalista los infravalora sistemáticamente.
El primero es la vivienda. En los lugares donde más ha caído la fecundidad, como Seúl, Tokio, Londres y Estocolmo, los adultos jóvenes se agolpan en ciudades caras, donde se concentran las oportunidades económicas. Una vivienda de tamaño familiar en esas ciudades es inasequible para la mayoría de quienes tienen veintitantos años o están en la primera mitad de la treintena. En los sorteos de crédito para vivienda de Brasil, un raro diseño aleatorizado que aísla limpiamente el efecto, obtener una vivienda por sorteo aumentaba un 32 % la probabilidad de tener un hijo y un 33 % el número de hijos entre las personas de 20 a 25 años. El efecto disminuía bruscamente con la edad.
Una transferencia de 10.000 o 20.000 dólares no compra un piso de tamaño familiar en Seúl, donde el precio mediano de un piso ronda ya los 1.300 millones de wones, cerca de un millón de dólares. El pago ataca un síntoma, el golpe económico de un nacimiento, y deja intacta la condición previa que limita la fecundidad y que, de entrada, hacía que formar una familia pareciera inasequible.
El segundo factor estructural es la penalización profesional de las mujeres. Tener un hijo produce una divergencia acumulativa en los resultados laborales de madres y padres (menos contrataciones, ascensos más lentos, menores ingresos a lo largo de la vida) que los economistas llaman «penalización por hijos». El economista Matthias Doepke y sus colegas sostienen que esto condiciona las decisiones de fecundidad: en los países ricos donde es difícil compaginar una carrera profesional con la maternidad, la fecundidad es más baja. Un cheque bebé no cambia la estructura del mercado laboral, las prácticas de contratación de las empresas ni el reparto del trabajo doméstico no remunerado en el que se asienta la penalización. Los países ricos que mantuvieron la fecundidad más cerca del nivel de reemplazo en la década de 2000 (Francia, Noruega y Suecia, todos cerca de dos hijos por mujer hacia 2010) combinaban guarderías universales asequibles, permisos parentales que los padres realmente disfrutan y normas laborales que tratan las interrupciones de la carrera como algo normal y no descalificador. Incluso ellos han retrocedido desde entonces, hasta niveles de entre 1,4 y 1,6. La evidencia japonesa apunta en la misma dirección: se estima que la ampliación de plazas de guardería desde 2005 elevó la TGF del país en alrededor de 0,1, mientras que en la comparación entre países las prestaciones en efectivo no mostraron ningún efecto significativo.
El tercer mecanismo es la precariedad económica, distinta tanto del coste de la vivienda como de la pobreza. En Europa y Asia oriental, los adultos jóvenes citan sistemáticamente la inestabilidad financiera entre sus principales razones para no tener hijos o para tener menos de los que idealmente querrían. La inestabilidad que describen va más allá de una falta de ingresos actuales, que una transferencia podría remediar, y alcanza a la incertidumbre sobre si la economía seguirá ofreciendo empleo estable, si el mercado de la vivienda seguirá siendo manejable y si los costes de la educación y la sanidad podrán sostenerse durante dieciocho años o más. En la mayoría de los países europeos, el tamaño de familia que la gente considera ideal, de alrededor de 2,0 a 2,3 hijos, lleva décadas por encima de la fecundidad que alcanza. Una transferencia que cubre el coste presente de un nacimiento pero no reduce la incertidumbre a largo plazo tendrá un efecto limitado sobre este mecanismo en concreto.
Lo que cuesta el declive
Los costes económicos del envejecimiento de la población son reales. Una estimación, con datos de los estados de Estados Unidos entre 1980 y 2010, halló que cada aumento del 10 % en la proporción de la población de 60 años o más reducía el PIB per cápita un 5,5 %, dos tercios de esa caída por un menor crecimiento de la productividad. Las pensiones públicas de Japón pagan ya algo más de lo que ingresan, y por ahora son los rendimientos de las inversiones los que mantienen creciendo el fondo de reserva; se prevé que el fondo nacional de pensiones de Corea, incluso tras una reforma de 2025 que eleva las cotizaciones del 9 % al 13 %, se agote hacia 2064. Una población en edad de trabajar menguante implica recortes de prestaciones, subidas de impuestos o deuda.
Pero los costes no son fijos, y buena parte del discurso pronatalista supone, erróneamente, que producir más hijos es la única forma de reducirlos.
La participación femenina en la población activa ha ido en aumento en los países de la OCDE, y la brecha de género en las tasas de empleo se ha reducido sustancialmente desde 1990; es la respuesta más a mano de la oferta de trabajo al cambio demográfico. El FMI estimó en abril de 2025 que las mejoras de salud de los trabajadores de más edad añadirían alrededor de 0,4 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PIB mundial entre 2025 y 2050. La inmigración es el corrector demográfico más inmediato disponible, y el más limitado políticamente. Los países con altas tasas de inmigración, como Canadá, Australia y en algunos periodos Alemania, han gestionado las presiones demográficas con más eficacia de la que sugerirían por sí solas sus tasas de fecundidad.
El dato de Japón
La población de Japón disminuye desde 2008; su población en edad de trabajar, desde mediados de la década de 1990. Si el declive demográfico fuera catastrófico sin más a corto plazo, Japón debería mostrar ya un deterioro económico inequívoco. En cambio, Japón sigue siendo una de las cinco mayores economías del mundo por PIB nominal. Su PIB per cápita solo ha crecido alrededor de un 0,7 % anual en términos reales durante dos décadas, y en dólares es inferior al de 2004, en parte por la demografía, en parte por la debilidad del yen y en parte por el estancamiento de la productividad. Las tasas de actividad de los trabajadores de más edad y de las mujeres han aumentado y compensan en parte el descenso de la población. Los costes de la estructura demográfica de Japón se acumulan y sería caro ignorarlos, pero no llegan al desastre que sugeriría el alarmismo demográfico más estridente, y la economía se ha adaptado hasta ahora.Gestionar en lugar de revertir
La evidencia disponible favorece las intervenciones estructurales frente a los desembolsos en efectivo. Las guarderías universales asequibles cuentan con la evidencia internacional más sólida: una oferta que elimine la barrera con independencia de los ingresos o del lugar de residencia, en lugar de subvenciones que compensen en parte guarderías a precio de mercado. Los permisos parentales pensados para que los disfruten los padres, con altas tasas de sustitución salarial y una protección del empleo que funcione en la práctica, reducen la penalización profesional de las mujeres al repartir de forma más equitativa la perturbación laboral. Las reformas laborales que normalizan el trabajo a tiempo parcial, la reincorporación tras una interrupción de la carrera y la flexibilidad laboral para madres y padres atacan la fuente estructural de la penalización en lugar de compensarla.
Estas intervenciones comparten un problema de economía política que explica por qué, en su lugar, suelen financiarse las transferencias en efectivo. Son caras, difusas, y sus efectos sobre la fecundidad aparecen en plazos mucho más largos que un ciclo electoral. Un paquete de 29,6 millones de wones por bebé se anuncia de una sola vez, y el mérito es del Gobierno que lo anunció. Una reforma sistemática de la oferta de guarderías tarda una década en aplicarse y otra en mostrar efectos demográficos.
Los programas de transferencias también producen mejoras reales del bienestar en dimensiones distintas de la fecundidad: reducción de la pobreza infantil, menos estrés financiero en los primeros años de crianza, cierto apoyo a la participación laboral de las madres. La evidencia que aquí se sopesa atañe solo a la fecundidad, no al valor social total de estas transferencias.
La pregunta más difícil, que el aparato de la política pronatalista rara vez afronta de manera directa, es si revertir el declive demográfico es siquiera posible. Aparte de Israel, ningún país de la OCDE tiene hoy una fecundidad de reemplazo, y ninguno de los que han caído a una fecundidad muy baja ha logrado remontar. Los países con los apoyos estructurales más completos fueron los que más se acercaron, y no pudieron sostenerlo: Suecia, con su combinación de guarderías subvencionadas, permisos parentales neutros en cuanto al género y protecciones laborales, repuntó hasta 2,13 en 1990 y 1,98 en 2010, pero desde entonces ha descendido hasta alrededor de 1,4.
Como ninguna política ha logrado todavía devolver a un país a la fecundidad de reemplazo durante mucho tiempo, la pregunta que la aritmética demográfica plantea a los países ricos es cómo gestionar una población que envejece y que acabará disminuyendo sin una perturbación fiscal o económica catastrófica. La inmigración, la participación laboral femenina, la prolongación de la vida laboral y el crecimiento de la productividad ofrecen, en conjunto, una respuesta a esa pregunta más manejable que cualquier calendario de pagos dirigido a las decisiones reproductivas.
El repunte coreano de 2024
En febrero de 2025, Statistics Korea publicó su informe demográfico anual correspondiente a 2024. La tasa global de fecundidad había subido a 0,75, desde el 0,72 del año anterior, el primer aumento en nueve años. Los matrimonios habían crecido un 14,8 %, el mayor aumento en un solo año desde que comenzaron los registros en 1970. Los nacimientos alcanzaron unos 238.000, un 3,6 % más.
El Gobierno surcoreano, que había gastado unos 210.000 millones de dólares en programas contra la baja natalidad solo entre 2006 y 2021, no tardó en asociar este repunte a sus políticas.
El relato de la propia Statistics Korea atribuye el aumento de los matrimonios sobre todo a la demanda contenida de parejas que habían aplazado sus bodas durante la pandemia de COVID-19, a un abultamiento temporal de la población de mujeres en la primera mitad de la treintena y a cambios modestos en las actitudes hacia el matrimonio y la familia. Son fluctuaciones demográficas que preceden, por su lógica y su cronología, a cualquier desfase causal verosímil de las estructuras de pagos implantadas en 2024. Un gobierno que se atribuye el mérito de una recuperación de 0,03 puntos de la TGF que sus propios estadísticos achacan sobre todo al rebote pospandémico reclama más de lo que la evidencia respalda; esa misma evidencia no puede demostrar que los pagos no contribuyeran en nada. El repunte continuó en 2025, cuando la TGF alcanzó 0,80 y los nacimientos aumentaron un 6,7 %, hasta unos 254.000, más deprisa de lo que preveía la propia proyección optimista del Gobierno. Aun así, el ministerio de estadística volvió a señalar en primer lugar a los matrimonios, que habían aumentado otro 8,1 % en 2025 y que se traducen en nacimientos con un desfase de uno a dos años.
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Multimedia
Principales fuentes y referencias
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