El préstamo de guerra que dio origen a la banca central: cómo un trato de 1694 sigue moldeando los bancos centrales del mundo

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Última actualización: 25 de octubre de 2026 · 21 min de lectura

En el verano de 1694, 1268 inversores comprometieron 1,2 millones de libras en menos de quince días. El rey necesitaba dinero para hacer la guerra. Se lo prestaron y recibieron a cambio una carta real para fundar un banco privado propio, que ya en la primera reunión de su consejo decidió emitir billetes de papel respaldados por la deuda que acababa de comprar. El Gobierno obtuvo la financiación para su guerra. Los accionistas obtuvieron una renta anual del 8 % y un banco capaz de emitir dinero respaldado por un pagaré del Estado.

A la institución que salió de ese trato la llamamos hoy Banco de Inglaterra, y decimos que es independiente.

La versión limpia

El relato de los manuales viene a ser más o menos este. Los bancos centrales existen para gestionar la oferta monetaria, mantener la estabilidad de precios y actuar como prestamistas de última instancia del sistema financiero, todo ello a salvo de las presiones políticas. Son instituciones técnicas dirigidas por economistas, no por políticos. Cuando funcionan bien, la inflación se mantiene baja, el crédito fluye y los pánicos se contienen antes de convertirse en derrumbes. Lo que el relato omite es de dónde salieron estas instituciones.

El relato presenta el mandato público (estabilidad de precios, estabilidad financiera, prestamista de última instancia) como el propósito fundacional, y el diseño institucional como algo que fue evolucionando hacia él con el tiempo. Lo que ocurrió se parece más a lo contrario: un acuerdo privado en 1694 al que después se le superpuso el mandato público. Christine Desan sostiene que el Banco de Inglaterra inventó un nuevo tipo de dinero como consecuencia directa del trato de 1694: deuda pública convertida en moneda circulante. Lo que impulsó la ruptura fue la emergencia fiscal de una guerra concreta.

El relato habitual presenta además la independencia del banco central como un rasgo estructural, algo que nace de manera natural de la propia función. El Banco gestiona el dinero; la injerencia política corrompe la gestión del dinero; luego la independencia se deriva de la competencia. Pero la independencia no figuraba en la carta de 1694. Llegó en mayo de 1997, cuando Gordon Brown, en su primera semana como ministro de Hacienda, cedió las decisiones sobre los tipos de interés a un nuevo Comité de Política Monetaria; el Parlamento la consagró por ley en la Bank of England Act de 1998. La institución que se exhibe en todo el mundo como modelo de independencia de un banco central funcionó durante más de tres siglos antes de que esa independencia legal existiera.

El origen importa porque el acuerdo político fundacional sigue incrustado en estas instituciones. Tres siglos de añadidos se han construido encima sin llegar a enterrarlo.

La transacción: anatomía de 1694

En el verano de 1694, a Guillermo III la guerra le iba francamente mal. Desde hacía cinco años, una coalición de potencias europeas libraba la guerra de la Gran Alianza para contener la expansión de Luis XIV, y las finanzas de Inglaterra pasaban por graves apuros.

La Corona vendía rentas vitalicias que pagaban un 14 % anual, señal de lo caro que le salía el crédito. Los instrumentos de deuda pública habituales no funcionaban, y los recursos anteriores, como los préstamos con lotería, las tontinas y diversos mecanismos de crédito a corto plazo, no habían bastado para tapar el agujero. Lo que Guillermo necesitaba era una gran suma de una sola vez, que llegara sin falta, de acreedores dispuestos a aceptar la promesa de pago del Gobierno.

William Paterson, un financiero escocés, propuso combinar un gran préstamo al Gobierno con una carta bancaria. Los suscriptores que prestaran al rey 1,2 millones de libras no serían simples acreedores: serían accionistas de una nueva institución capaz de emitir billetes de papel respaldados por la misma deuda pública que acababan de comprar. Los billetes circularían como dinero. El banco obtendría el señoreaje, el beneficio que deja la emisión de dinero, además de la renta del 8 % sobre el préstamo original. El Gobierno obtendría su dinero en efectivo. Los accionistas obtendrían una franquicia privada para crear dinero, avalada por la deuda pública.

Charles Montagu, lord comisionado del Tesoro que días después pasó a ser ministro de Hacienda, la sacó adelante en el Parlamento mediante la Tonnage Act de 1694. La ley pagaba los intereses de los suscriptores con nuevos derechos sobre el tonelaje de los buques mercantes, más gravosos para los que volvían de las Indias Orientales, y sobre la cerveza, la ale y otros licores. La base de ingresos de todo el arreglo descansaba en buena medida sobre el comercio marítimo británico.

La suscripción se cubrió en once días, con 1268 inversores procedentes en gran parte de la comunidad mercantil y financiera de Londres. El 27 de julio de 1694, el Banco de Inglaterra recibió su carta real.

Lo que produjo esta transacción, sostiene Desan, fue un nuevo tipo de dinero además de un nuevo banco. Antes de 1694, el dinero inglés eran las monedas acuñadas por la Corona, complementadas por los pagarés de los orfebres que circulaban entre los comerciantes londinenses. La novedad era que el Gobierno compartía ahora con inversores privados su monopolio sobre la creación de dinero. Los billetes del Banco eran recibos que podían canjearse por oro o plata en el propio Banco, pero el capital del Banco estaba inmovilizado en su préstamo al Estado. Cada billete era un derecho frente al banco, y el mayor activo del banco era un derecho frente al Estado.

La cadena era esta: el Estado promete pagar → el banco guarda esa promesa → el banco emite billetes → los billetes circulan como dinero. Detrás de la promesa de pagar en moneda, el dinero de este arreglo descansaba sobre la obligación de deuda del Gobierno, que pasaba por el balance de una institución privada.

La carta de 1694 y el monopolio de 1708

La carta de 1694 no decía casi nada sobre billetes; el Banco empezó a emitirlos de todos modos. Tampoco le concedía un monopolio, que llegó por etapas. La Bank of England Act de 1708 renovó la carta del Banco y prohibió emitir billetes en Inglaterra a cualquier banco con más de seis socios, lo que dejó el terreno a pequeñas sociedades privadas que nunca podrían rivalizar en tamaño con el Banco. El monopolio completo tardó mucho más: hasta la Bank Charter Act de 1844 no se congelaron las emisiones rivales, y los últimos billetes privados de Inglaterra desaparecieron en 1921. El monopolio no formaba parte del trato original; se arrancó en negociaciones políticas posteriores, a medida que el Banco demostraba su valor para el Estado. Cada renovación de la carta se convirtió en una negociación. El Banco tenía con qué presionar, porque el Gobierno le debía dinero y lo necesitaba para que sostuviera su deuda, y usó esa baza.

Patrick O’Brien y Nuno Palma sostienen que el Banco funcionó como una institución pública desde su fundación, mucho antes de las teorizaciones posteriores de Bagehot, y que los lazos entre el Banco, el Estado y la economía se estrecharon a partir de 1793, hasta que los préstamos del Banco pasaron a formar parte del modo en que Gran Bretaña proyectó su poder militar y comercial durante el siglo siguiente.

La dimensión colonial no es algo accesorio. La guerra de la Gran Alianza tuvo un frente norteamericano, la guerra del Rey Guillermo (1689-1697), en la que Inglaterra y Francia se disputaron el comercio de pieles y las pesquerías de Terranova, mientras la guerra en su conjunto alcanzaba también las islas de plantación del Caribe. Los derechos sobre la navegación de la Tonnage Act, los intereses comerciales de la comunidad de comerciantes suscriptores y la propia guerra estaban todos enredados en la competencia imperial atlántica.

La fundación creó una dependencia mutua. El Banco necesitaba que el Gobierno siguiera siendo solvente: si el Estado incumplía, el mayor activo del Banco se volvía incobrable, y con él la confianza en sus billetes. El Gobierno necesitaba que el Banco sostuviera su deuda y mantuviera la confianza del mercado. Ninguno podía sobrevivir a la quiebra del otro, y el arreglo se construyó así: el Banco era una máquina de convertir la deuda del Estado en dinero, y el Estado era el garante del dinero del Banco. Separarlos, en la teoría o en la práctica, siempre ha sido más complicado de lo que la posterior doctrina de la independencia ha dejado ver.

Lo que no figuraba en el acuerdo

El Banco de Inglaterra no se diseñó para ser prestamista de última instancia. Esa función se fue sedimentando a golpe de crisis, despacio y a regañadientes.

El libro de Walter Bagehot Lombard Street, de 1873, suele citarse como el texto fundacional de la doctrina del prestamista de última instancia: en una crisis, el banco central debe prestar sin restricciones, a tipos de penalización y contra buenas garantías. Bagehot prescribía una reforma que consideraba necesaria. No pedía al Banco que empezara a rescatar al mercado; le pedía que se comprometiera de antemano a hacerlo. El telón de fondo era una sucesión de crisis en las que el Banco había actuado tarde, a regañadientes o de forma incoherente. En 1797 suspendió los pagos en oro bajo la presión de la guerra. En 1825, su propio endurecimiento ayudó a precipitar el hundimiento que luego se le pidió detener. Después vinieron las secuelas de la fiebre ferroviaria de 1847 y, en 1866, la quiebra de Overend, Gurney & Co., la mayor casa de descuento de la City de Londres, que el Banco dejó caer antes de prestar a una escala sin precedentes para frenar el pánico. Bagehot lo vio desarrollarse, y aquello alimentó directamente Lombard Street.

Henry Thornton había expuesto ese mismo principio en 1802, en An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain. Thornton entendía que los billetes del Banco eran el ancla última de liquidez del sistema, y que en un pánico el Banco tenía la responsabilidad de emitirlos sin restricciones para los prestatarios solventes. La expresión es todavía más antigua: en 1797, sir Francis Baring ya había llamado al Banco el «dernier resort».

Thornton antes que Bagehot

Bagehot refinó y popularizó la doctrina en 1873, pero las bases intelectuales las había puesto Thornton, y el concepto estaba disponible desde décadas antes de que el Banco empezara a aplicarlo de forma sistemática. El mérito se lo lleva Bagehot porque su versión llegó cuando el Banco por fin estaba dispuesto a comprometerse.

Visto a lo largo de los siglos transcurridos desde la banca medieval, el arreglo moderno, el banco central como organismo público independiente, es reciente y potencialmente frágil, sostiene Stefano Ugolini: uno entre varios modelos posibles, que van del control total del Gobierno a la provisión enteramente privada. Cada crisis reabrió la pregunta de quién asumiría esas funciones y en qué condiciones, y cada vez el mandato público se amplió para cubrir lo que los documentos fundacionales habían dejado fuera.

Cuando un banco central de hoy equilibra su mandato de inflación con la estabilidad financiera, una tensión que atraviesa la política monetaria desde 2008, la segunda obligación es la que lo ata más estrechamente a los bancos y mercados surgidos del arreglo de 1694. Cuando el Banco de Inglaterra intervino en el mercado de gilts en septiembre de 2022, su objetivo era evitar que se agarrotara ese sistema financiero, mientras el tipo oficial seguía subiendo para combatir la inflación.

La plantilla viaja

La estructura de 1694 resultó ser reproducible. A veces se exportó conscientemente como modelo, pero no hacía falta, porque la lógica política estaba al alcance de cualquier Gobierno que se enfrentara al mismo problema: una gran necesidad de financiación, ingresos fiscales insuficientes, una clase mercantil capaz de aportar crédito y la necesidad de dar a esos acreedores algo más duradero que una promesa.

Francia llegó por la vía de la catástrofe. En la década de 1790, el Gobierno revolucionario imprimió asignados, papel moneda emitido contra las tierras confiscadas a la Iglesia, y siguió imprimiendo hasta que la hiperinflación destruyó la confianza en el papel moneda. Napoleón, como primer cónsul, necesitaba reconstruir deprisa el sistema monetario. El 18 de enero de 1800, un grupo de banqueros parisinos fundó la Banque de France a instancias suyas, y el propio Napoleón fue el primero de sus accionistas privados. El banco emitía billetes contra efectos comerciales descontados en lugar de un préstamo fundacional al Estado, pero, al igual que su modelo londinense, era una institución privada con un mandato público: la plantilla de 1694 con ropaje francés, sin el préstamo de guerra. Obtuvo el privilegio de emisión para París en 1803, y el monopolio se extendió a todo el país en 1848.

El caso estadounidense es la adopción más deliberada de un modelo ajeno. El pánico de 1907 había dejado claro que el sistema bancario descentralizado de Estados Unidos, con bancos autorizados por el Gobierno federal, carecía de un prestamista de última instancia para el conjunto del sistema. Cuando empezaron a quebrar las sociedades fiduciarias de Nueva York, el contagio se propagó a través de la banca corresponsal. La Cámara de Compensación de Nueva York podía respaldar a sus bancos miembros, pero la mayoría de las sociedades fiduciarias quedaban fuera de ella, y el pánico siguió su curso hasta que J.P. Morgan organizó personalmente la respuesta privada y ganó tiempo gracias a una autoridad financiera que no era razonable esperar que un ciudadano particular volviera a aportar. El Congreso respondió creando en 1908 la Comisión Monetaria Nacional, con el senador Nelson Aldrich al frente de un estudio sistemático de la banca central europea.

La isla de Jekyll

En noviembre de 1910, seis hombres viajaron en un vagón de tren privado hasta el Jekyll Island Club, un coto de caza privado frente a la costa de Georgia: el senador Aldrich; A. Piatt Andrew, subsecretario del Tesoro; Henry Davison, de J.P. Morgan & Co.; Arthur Shelton, secretario de Aldrich; Frank Vanderlip, del National City Bank, y Paul Warburg, de Kuhn, Loeb & Co. Ocultaron su identidad. Una vez a bordo del vagón privado de Aldrich, se llamaron solo por el nombre de pila para que el personal no pudiera identificarlos; el viaje en sí se hizo pasar por una cacería de patos. Su verdadero cometido era redactar el Plan Aldrich: una «National Reserve Association» bajo control privado que funcionaría como banco central.

El secreto era el intento de Aldrich de evitar que el plan se tachara de ley hecha a la medida de los banqueros, que es lo que era. El plan no se aprobó en esa forma. Los demócratas del Congreso, encabezados por Carter Glass y Robert Owen, lo reescribieron a fondo. La Ley de la Reserva Federal, firmada por Wilson el 23 de diciembre de 1913, creó un sistema de hasta 12 Bancos de la Reserva Federal regionales, cuyas acciones estaban en manos de los bancos comerciales miembros, cada uno con su propio consejo, todos ellos supervisados por una Junta de la Reserva Federal nombrada por el presidente. En la versión de la isla de Jekyll, los bancos habrían gobernado el dinero. La versión de Glass y Owen era un híbrido: propiedad privada de los bancos regionales y supervisión pública a cargo de una junta en Washington.

Lo que recibieron los bancos privados con la Ley de la Reserva Federal fue un derecho formal sobre la liquidez del sistema: acciones de los bancos regionales de la Fed, acceso a la ventanilla de descuento y ventajas de afiliación que ponían los recursos del sistema a su alcance en una crisis. Lo que recibió el Gobierno federal fue un prestamista de última instancia que no aparecía en el presupuesto federal. No se concedió ningún préstamo fundacional al Gobierno, pero la combinación de propiedad privada y privilegio público era la plantilla de 1694 adaptada a una república que desconfiaba tanto de la autoridad central como del poder de la banca privada.

Qué significa «independencia»

Cuando Brown cedió la independencia operativa en mayo de 1997, y la ley la consagró al año siguiente, el mundo entero lo vio como una culminación, la prueba de que la independencia del banco central era el arreglo maduro y moderno. Sin embargo, durante el medio siglo anterior, el Banco nacionalizado había estado legalmente sometido a las instrucciones del Tesoro, y durante los dos siglos y medio previos había sido una empresa privada que vivía de sus préstamos al Estado.

La independencia del Bundesbank tiene un origen completamente distinto. El Bank deutscher Länder, predecesor del Bundesbank, lo crearon en 1948 las autoridades aliadas de ocupación, y la independencia del banco central alemán no fue solo la expresión de una preferencia democrática alemana por el dinero sólido. El diseño era deliberado: el nuevo banco central se construyó para que un Gobierno alemán no pudiera volver a usarlo jamás para financiar su propio gasto, como había hecho el régimen nazi para pagar el rearme y la guerra. Hasta 1951 no recibía instrucciones de Bonn, sino de una Comisión Bancaria Aliada. La independencia del banco central alemán empezó como una decisión de las potencias ocupantes, inscrita en las instituciones de un Estado derrotado; cuando el Bundestag aprobó la Ley del Bundesbank en 1957, mantuvo esa independencia pese a las objeciones del canciller Konrad Adenauer, que el año anterior había atacado públicamente la política restrictiva del banco central. El famoso compromiso alemán con la estabilidad de precios, la cultura institucional y la reputación son reales, pero la independencia en sí se trasplantó bajo ocupación y solo después se adoptó.

La independencia del BCE está recogida en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe al BCE y a los bancos centrales nacionales de la zona del euro, así como a los miembros de sus órganos rectores, recibir o solicitar instrucciones de cualquier Gobierno nacional o de la UE. El Tratado es un documento político, negociado por jefes de Gobierno, y solo puede modificarse con el acuerdo de todos los Gobiernos miembros y la aprobación de cada uno de los Estados miembros. Eso hace que la independencia del BCE sea de las más difíciles de deshacer del mundo, pero sigue siendo un acuerdo político que los Gobiernos eligieron y que podrían, juntos, reescribir. La crisis del euro mostró qué ocurre cuando ese acuerdo sufre tensiones. La promesa de Mario Draghi en julio de 2012 de que, «dentro de nuestro mandato», el BCE haría «lo que sea necesario para preservar el euro», seguida en septiembre por el programa OMT de operaciones monetarias de compraventa, puso a prueba los límites de su mandato y de la prohibición del Tratado de financiar a los Gobiernos. Unos demandantes alemanes lo combatieron hasta llegar al máximo tribunal de la UE, que en 2015 dictaminó que las OMT eran legales. El programa ni siquiera llegó a usarse: bastó la promesa para calmar los mercados.

El Acuerdo entre el Tesoro y la Reserva Federal de marzo de 1951 es el ejemplo estadounidense más esclarecedor. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fed había fijado los rendimientos de la deuda del Tesoro y se había comprometido a comprar todos los bonos necesarios para mantener los tipos a largo plazo en el 2,5 %, y esa acomodación fiscal continuó en la posguerra. A comienzos de 1951, con la guerra de Corea empujando la inflación a una tasa anualizada del 21 %, la Fed quería dejar subir los tipos; el gobernador Marriner Eccles era su voz más franca. Truman y su secretario del Tesoro, John Snyder, querían mantener la fijación. El mandato legal de la Fed no habría resuelto nada, y el conflicto se zanjó mediante una negociación bilateral explícita. El negociador del Tesoro, el subsecretario William McChesney Martin, cerró el Acuerdo anunciado el 4 de marzo de 1951, que liberó a la Fed de la fijación; acto seguido, Martin cambió de bando para dirigir él mismo la Fed.

La teoría fiscal del nivel de precios

Los economistas Christopher Sims, premio nobel, y John Cochrane sostienen que el nivel de precios no lo determina solo la política monetaria, sino la posición fiscal del Gobierno. Si la deuda pública supera lo que los inversores esperan que cubran los futuros superávits presupuestarios, los precios suben hasta que el valor real de la deuda coincide con ellos; a la política monetaria le resulta más fácil moldear el momento y la trayectoria de esa subida que impedirla. La implicación es que la independencia del banco central depende del margen fiscal. Un banco central de un país con una trayectoria de deuda insostenible conserva su estatuto, pero administra una política monetaria cuyo alcance está acotado por la aritmética fiscal del Gobierno. Su independencia pasa entonces a depender de la voluntad del Gobierno de mantener su credibilidad fiscal, que es una condición política y no estructural.

El Banco de Inglaterra, el Bundesbank, el BCE y la Fed son las instituciones que más a menudo se citan como modelos de independencia de un banco central. En todos los casos, la independencia tiene fecha, depende de decisiones políticas concretas tomadas por personas concretas y puede revocarse mediante procesos políticos: una ley del Parlamento o del Congreso o, para el BCE y ahora también para el Bundesbank, una modificación del Tratado que protege a ambos. La misma tensión aparece en el plano operativo: las operaciones de crisis que rescataron a los mercados después de 2007 hincharon los balances de los bancos centrales y los cargaron de riesgo. Un banco central que tiene grandes cantidades de deuda pública tiene un interés financiero directo en la solvencia del Estado, y ese interés condiciona su margen de maniobra.

El acuerdo, en vivo

La Reserva Federal tiene bonos del Tesoro, el Banco de Inglaterra tiene gilts y el BCE tiene bonos soberanos de la zona del euro. Para los tres grandes, la deuda pública es el activo central, como lo era para el Banco de Inglaterra en 1694; solo los bonos del Tesoro suponen alrededor de dos tercios del balance de 6,7 billones de dólares de la Fed.

La expansión cuantitativa desde 2008 hizo visible la estructura como nunca antes. El balance de la Fed pasó de unos 900.000 millones de dólares al entrar en la crisis de 2008 a casi 9 billones en abril de 2022. La Asset Purchase Facility del Banco de Inglaterra había completado compras por 895.000 millones de libras, casi todas en gilts, en diciembre de 2021. El balance consolidado del Eurosistema alcanzó su máximo, unos 8,8 billones de euros, en junio de 2022. En todos los casos, el banco central compra deuda pública, el Gobierno disfruta de una financiación más barata y el banco central paga con reservas de nueva creación, dinero que hace aparecer en su propio balance.

La dominancia fiscal se produce cuando la deuda del Gobierno es tan grande que el banco central no puede subir los tipos de interés sin poner en peligro la solvencia del Estado. Las decisiones de política monetaria quedan entonces subordinadas en la práctica a las necesidades de financiación del Gobierno, aunque la independencia formal del banco central siga figurando en los textos.

Los pagos netos por intereses de la deuda federal estadounidense pasaron de unos 345.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2020 a 970.000 millones en el de 2025: casi se triplicaron en cinco años. La Oficina de Presupuesto del Congreso prevé unos intereses netos de alrededor de 2,1 billones de dólares anuales en 2036, casi una quinta parte de todo el gasto federal. A esa escala, cada decisión sobre tipos del Comité Federal de Mercado Abierto repercute directamente en el coste del servicio de la deuda federal. La independencia legal del Comité sigue intacta, pero la aritmética fiscal eleva lo que está en juego en cada decisión que toma.

El Reino Unido mostró una versión más aguda de esa presión en septiembre de 2022. El minipresupuesto del Gobierno de Truss, con rebajas de impuestos sin financiar por valor de unos 45.000 millones de libras, desató una crisis en el mercado de gilts que dejó a los fondos de pensiones con estrategias de inversión guiadas por los pasivos al borde de la liquidación forzosa. El Banco de Inglaterra respondió interviniendo en el mercado de gilts y comprando gilts a largo plazo para contener los rendimientos. Esto ocurrió seis días después de que el Banco hubiera subido los tipos de interés para combatir la inflación. En la misma quincena endurecía la política monetaria, aplazaba las ventas de bonos que tenía previstas y compraba gilts por miles de millones para frenar una liquidación a la desesperada, al tiempo que insistía en que esas compras no eran en absoluto política monetaria. El Comité de Política Monetaria siguió fijando los tipos y el Comité de Política Financiera se ciñó a sus propias competencias, pero había sido el presupuesto del Gobierno el que creó la emergencia a la que respondía el Banco. La operación fue temporal: en enero de 2023 el Banco ya había vendido los últimos de esos gilts.

La década de tipos casi nulos del BCE tuvo un efecto secundario: mantuvo asequible la deuda italiana. La razón declarada del banco era una inflación estancada por debajo del objetivo, y fijó su política para cumplir ese mandato. Con rendimientos mucho más altos, el coste del servicio de la deuda italiana habría sido bastante más gravoso, así que el mandato y la realidad fiscal apuntaron en la misma dirección hasta que dejaron de hacerlo, y el BCE tuvo que improvisar.

Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed, lo dijo sin rodeos sobre el caso estadounidense en un panel de la American Economic Association celebrado en Filadelfia el 4 de enero de 2026: «Las condiciones previas para la dominancia fiscal se están reforzando claramente». Dudaba de que Estados Unidos acabara tomando ese rumbo, pero advirtió de que «los peligros son reales y deben vigilarse», y señaló los llamamientos públicos del presidente Trump para que la Fed bajara los tipos con el fin de aliviar la carga del servicio de la deuda pública. La Casa Blanca presentó esa presión como una diferencia de criterio sobre política económica, pero el mecanismo es el que describía Yellen.

Mark Sobel, de OMFIF, advirtió en agosto de 2025 de que, si las presiones fiscales se intensificaban, los bancos centrales podrían verse «presionados para eximir a los Gobiernos de sus responsabilidades», con un control de la curva de rendimientos o una expansión cuantitativa a continuación «so pretexto de preocupaciones de estabilidad financiera —no de política monetaria—». En ese escenario, la deuda pública que los bancos centrales ya tienen en cartera se convierte en el instrumento con el que se desgasta la independencia mientras se conserva su forma jurídica.

La imagen y el argumento

En el centro de nuestra manera de hablar de los bancos centrales hay una sustitución. En 1694, el vocabulario era: préstamo, carta real, billetes, intereses, financiación de guerra. En 2026, el vocabulario es: independencia, institución técnica, mandato de política monetaria, estabilidad de precios, prestamista de última instancia. Los términos originales describen lo que ocurrió, un trato político entre un Gobierno y una clase mercantil que dio a esta última una franquicia para crear dinero a cambio de financiar una guerra. Los términos posteriores describen algo que se fue añadiendo a ese trato a lo largo de tres siglos de gestión de crisis, Bagehot, Thornton, compromisos en el Congreso, negociaciones de tratados e imposiciones políticas.

El segundo vocabulario oculta el primero. La independencia legal nunca estuvo en el diseño original; se añadió tarde, mediante procesos políticos distintos en países distintos, cada uno moldeado por las relaciones de poder de su momento.

Los suscriptores de 1694 financiaron la guerra de un rey, recibieron a cambio una carta bancaria y, casi por accidente, crearon una plantilla sobre la que todavía construyen los bancos centrales más influyentes. Cerraron el trato para una guerra concreta y con intereses propios concretos. Desde entonces, la institución ha sido nacionalizada, dotada de economistas con doctorado y provista de mandatos legales sobre la estabilidad de precios. La pregunta abierta es qué haría falta para renegociar el propio acuerdo: quién tendría que renunciar a qué, quién tiene intereses en el arreglo actual y cómo sería un banco central si se diseñara hoy, con otros objetivos y otros beneficiarios.

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• Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism — Christine Desan (2014). Cómo el pacto del Banco de Inglaterra de 1694 cambió la forma de crear dinero; citado en el artículo.
• Till Time’s Last Sand: A History of the Bank of England 1694-2013 — David Kynaston (2017). La historia autorizada en un solo volumen del Banco, desde su fundación con un préstamo de guerra hasta 2013.
• America’s Bank: The Epic Struggle to Create the Federal Reserve — Roger Lowenstein (2015). La reunión de Jekyll Island y la política detrás de la Ley de la Reserva Federal.

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Vista del edificio del Banco de Inglaterra en julio de 2022 – Wikipedia

Principales fuentes y referencias

Christine Desan, Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism (Oxford University Press, 2014). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198709572.001.0001

Patrick K. O’Brien and Nuno Palma, «Not an ordinary bank but a great engine of state: the Bank of England and the British economy, 1694–1844,» Economic History Review, vol. 76, issue 1, 2023, pp. 305–329. https://doi.org/10.1111/ehr.13191

Bank of England Museum, «Why was the Bank of England founded?» https://www.bankofengland.co.uk/museum/online-collections/blog/why-was-the-bank-of-england-founded

Bank of England, «Our history.» https://www.bankofengland.co.uk/about/history

Tonnage Act 1694 (5 & 6 Will. & Mar. c. 20), Statutes of the Realm, vol. 6, pp. 483–495 (British History Online). https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495

Bank of England, «The Bank of England note: a short history,» Quarterly Bulletin, 1969. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/1969/the-boe-note-a-short-history

Bank of England, «The Bank of England Act,» Quarterly Bulletin, May 1998. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/1998/the-boe-act

Walter Bagehot, Lombard Street: A Description of the Money Market (Henry S. King, 1873). Project Gutenberg edition. https://www.gutenberg.org/ebooks/4359

Henry Thornton, An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain (J. Hatchard, 1802). Scan of the 1802 edition, Internet Archive. https://archive.org/details/enquiryintonatur06thor

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