Cómo Brasil redujo la deforestación de la Amazonia a un mínimo histórico, y qué podría deshacerlo

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Última actualización: 25 de octubre de 2026 · 20 min de lectura

El domingo 11 de octubre de 2026, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, sobrevoló con agentes de fiscalización las zonas de la Amazonia que ardían y vio cientos de incendios en medio de bosque protegido. Volvió a subir el miércoles. Después declaró a Associated Press: «Los indicios apuntan a que ha habido un esfuerzo premeditado». El 21 de octubre la Policía Federal abrió nueve investigaciones sobre el origen de los incendios en Amazonas.

Dos días después del segundo vuelo, el viernes 16 de octubre, Capobianco compareció ante la prensa en Brasilia con las cifras del año del INPE, el instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil. Según la estimación del INPE, la Amazonia brasileña perdió 3.335 kilómetros cuadrados de bosque en los doce meses hasta julio de 2026, la cifra más baja de una serie que comenzó en 1988. «Es una caída absolutamente estratosférica… es como un sueño», dijo el ministro. A las 6.30 de la mañana siguiente, la contaminación por partículas finas en Manaos, la mayor ciudad de la Amazonia brasileña, alcanzó 401,4 microgramos por metro cúbico, un nivel que la defensa civil de la ciudad califica de «péssimo», pésimo.

El mínimo anterior, 4.571 km², databa de 2011-12. La nueva cifra es todavía una estimación, elaborada a partir de 271 imágenes de satélite prioritarias de las 516 que cubren la región, y el INPE la revisará cuando se hayan leído las demás. El año pasado, la primera estimación, 5.796 km², bajó a 5.731 al consolidarse, una diferencia de 65 km². La nueva cifra queda más de 1.200 km² por debajo del antiguo récord.

La cifra importa más allá de Brasil. La deforestación y otros cambios en el uso del suelo son la mayor fuente de gases de efecto invernadero del país, en torno al 40 % de sus emisiones brutas. Y llega en plenas elecciones. El 25 de octubre era la fecha fijada para la segunda vuelta presidencial entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y una encuesta de Datafolha realizada del 20 al 22 de octubre los situó en empate técnico. El ganador asumirá el cargo el 5 de enero de 2027.

En una sola semana, un sistema de vigilancia concebido para cazar motosierras había dado su mejor resultado mientras el bosque ardía en incendios que ni la vigilancia ni los embargos podían apagar por sí solos. El registro anual por satélite de la deforestación amazónica en Brasil se remonta casi cuatro décadas atrás. ¿Qué convirtió ese registro en menos árboles talados, y cuánto de ello sobreviviría a un cambio de manos?

Del píxel a la finca congelada

El INPE opera dos sistemas de satélite sobre la Amazonia. PRODES produce la tasa anual oficial de deforestación, la cifra que anunció Capobianco. DETER envía alertas casi en tiempo real al Ibama, la agencia federal de medio ambiente, para que los inspectores puedan actuar mientras la tala sigue en marcha.

Dos satélites, dos relojes

PRODES empezó en 1988, y su año va de agosto a julio porque la mitad del año es la época menos nublada; la ventana útil para observar la Amazonia va de mayo a octubre, y fuera de ella, explicó un investigador del INPE, todo está cubierto de nubes. Solo cuenta las talas de más de 6,25 hectáreas, un cuadrado de 250 metros de lado. Ese umbral se fijó cuando los analistas aún interpretaban copias en papel de las imágenes de satélite, y el INPE lo mantuvo para que cada año siga siendo comparable con el primero. Gilberto Câmara, que dirigió el INPE de 2005 a 2012, describió así PRODES: «O Prodes faz uma espécie de contagem de mortes no cemitério», una especie de recuento de muertos en el cementerio. Ese recuento, añadió en 2019, anunciaba en diciembre lo que había ocurrido hasta un año y medio antes. DETER, puesto en marcha en 2004, fue la respuesta a esa lentitud. Al principio detectaba talas de más de 25 hectáreas; la versión actual las cartografía hasta aproximadamente una hectárea e informa a diario al Ibama. Es un sistema de alarma, y no puede ver a través de las nubes.

La fiscalización puede conseguir tanto en la Amazonia porque muy poco de lo que se tala allí superaría una revisión de los papeles. Cuando la red de vigilancia MapBiomas cotejó el área deforestada en la Amazonia en 2025 con los registros oficiales, solo el 2,7 % no mostraba ningún indicio de irregularidad. Un indicio podía ser la falta de un permiso para suprimir la vegetación, la superposición con un área de protección estricta o con tierra indígena, la superposición con las partes de una finca que la ley obliga a mantener con bosque, o la superposición con tierras ya embargadas. Un indicio no es una sentencia judicial. Aun así, significa que casi toda tala en la Amazonia lleva al menos una marca sobre la que un inspector podría actuar, y la pregunta abierta es si alguien lo hace. Capobianco ha dado una razón por la que la región se diferencia de la sabana del Cerrado, situada al sur: buena parte de la Amazonia es tierra pública, mientras que en el Cerrado predominan las fincas privadas, y en ellas la ley permite desmontar bajo ciertas condiciones.

El procedimiento que convierte una alerta en un coste es, a grandes rasgos, este. El Ibama recibe las alertas de DETER y de otros sistemas de teledetección y comprueba si la propiedad tenía autorización para suprimir la vegetación. Si no la tenía, los inspectores imponen un embargo preventivo. El embargo puede llegar antes del procedimiento administrativo en el que el propietario impugna la acusación y la posible multa. Durante años esa comprobación exigió gente sobre el terreno: los inspectores tenían que ir en persona a cada finca para verificar la destrucción. El Ibama recurrió por primera vez a los embargos remotos en 2016, pero la práctica solo se estructuró de verdad a partir de abril de 2023 y alcanzó volumen en 2025. La escala del trabajo explica por qué. En marzo de 2026, Ascema, la asociación del personal ambiental federal, contaba 752 agentes de fiscalización en el Ibama, mientras que DETER había enviado más de 100.000 alertas de deforestación en la región en los 24 meses anteriores.

Un embargo no cerca nada. Es una anotación en los sistemas del Gobierno que bloquea la producción en el área, y actúa a través de las empresas que tratan con esa tierra. Los frigoríficos no pueden comprar ganado de áreas embargadas. Desde enero de 2025, las normas del crédito rural prohíben conceder crédito rural a una explotación agropecuaria situada en una propiedad con un embargo ambiental por uso económico de tierra desmontada ilegalmente, siempre que el embargo figure en la lista pública del Ibama. Hay excepciones: los préstamos destinados únicamente a restaurar la vegetación nativa en el área embargada y, hasta el 30 de junio de 2027, otros préstamos a prestatarios que hayan pagado sus multas, cercado el área embargada y presentado un plan para restaurarla. Nadie detiene físicamente un tractor. La restricción funciona a través de los compradores y los prestamistas, que están obligados a consultar la lista.

Los embargos remotos alargaron esa lista muy deprisa. En mayo de 2025, seis meses antes de que Brasil acogiera la cumbre climática COP30 en Belém, el Ibama llevó a cabo lo que se conoció como el «embargão», el gran embargo: unas 70.000 hectáreas en 5.000 fincas de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia y Pará, embargadas a distancia en una sola operación. Encontró resistencia entre los políticos, incluidos algunos aliados del propio Lula. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, viajó a Brasilia con una delegación de políticos y ganaderos y se reunió con la cúpula del Gobierno para intentar frenar las actuaciones.

Los propietarios también acudieron a los tribunales, y algunos jueces federales les dieron la razón al dictaminar que el método del Ibama no cumplía las garantías del debido proceso. En octubre de 2025, Flávio Dino, magistrado del Supremo Tribunal Federal, suspendió 23 de esas causas en una decisión cautelar que tomó en solitario. El decreto que creó el embargo preventivo afronta su propia impugnación ante el tribunal. Como en ese caso no se había adoptado ninguna decisión, sostuvo Dino, había que presumir la constitucionalidad del decreto.

Cómo se sabe que funciona

Antes de DETER, localizar a tiempo las zonas amenazadas dependía de denuncias voluntarias y anónimas. En 2004 la tala alcanzó unos 27.700 km², y el INPE creó DETER a petición del Ministerio de Medio Ambiente. El primer Gobierno de Lula lanzó ese mismo año un plan de acción para prevenir y controlar la deforestación en la Amazonia, conocido como PPCDAm.

Un grupo de economistas de la PUC-Rio, una universidad de Río de Janeiro, y de la Climate Policy Initiative lleva más de una década preguntándose qué parte de esa política hizo el trabajo. La tala cayó de 27.000 km² en 2004 a 7.000 km² en 2009, un periodo en el que la caída de los precios agrícolas también pudo disuadir a los agricultores de abrir tierras. Su análisis concluyó que las políticas de conservación fueron eficaces por sí mismas. En 2008 el Gobierno incluyó en una lista negra a los municipios con más tala, y los economistas comprobaron que la inclusión en la lista redujo la deforestación, sobre todo mediante la vigilancia y la aplicación de la ley, sin efecto alguno sobre la producción agropecuaria ni sobre el crédito. Desde ese mismo año, el Consejo Monetario Nacional supeditó el crédito rural en el bioma amazónico a que se acreditara el cumplimiento de las normas ambientales. El hallazgo central de los economistas se refiere al propio DETER: la vigilancia y la fiscalización guiadas por sus alertas frenan eficazmente la deforestación.

Usar las nubes para medir a un policía

Demostrar que la fiscalización reduce la tala es más difícil de lo que parece. El Ibama envía a sus inspectores adonde la tala es peor, así que una comparación simple podría incluso sugerir que los inspectores causan deforestación. Los economistas necesitaban algo que moviera la fiscalización de un sitio a otro por razones que nada tuvieran que ver con cuánto quisiera talar nadie. Lo encontraron en el cielo. DETER no puede detectar la tala bajo las nubes, así que allí no emite alertas, y en los años en que un municipio estaba más nublado, el Ibama aparecía menos por él. Al año siguiente, esos municipios registraban más tala. La nubosidad es un accidente meteorológico. Los autores la trataron como lo que los economistas llaman variación exógena en la presencia de las autoridades, una fuente de cambio que viene de fuera del sistema estudiado. El método descansa en un supuesto: que las nubes afectan a la tala del año siguiente solo a través de su efecto sobre la fiscalización. Si eso se cumple, la tala adicional en los lugares nublados es el precio de la ausencia de los inspectores.

Esos estudios terminan, como muy tarde, en 2016. El descenso desde 2022 es otra cuestión, y las pruebas al respecto son más escasas. Tras asumir su tercer mandato en enero de 2023, Lula reactivó el PPCDAm y restableció las sanciones por la tala ilegal detectada por satélite, que se habían interrumpido con Bolsonaro, junto con restricciones al crédito y dinero adicional para los municipios prioritarios que redujeran su pérdida de bosque. La tala ha caído todos los años desde 2022, un 71,2 % en cuatro años. En marzo de 2026, Jair Schmitt, entonces director de protección ambiental del Ibama y hoy su presidente, afirmó que el embargo remoto había revertido el repunte de la tala que las alertas de DETER empezaron a señalar entre finales de 2024 y principios de 2025. «A gente reverteu a alta», dijo: revertimos la subida. Era su valoración como responsable del área. Ningún estudio ha medido todavía qué parte del descenso de 2023-26 se debe a los embargos, y cambiaron demasiadas políticas a la vez como para atribuirles a ellos todo el mérito.

Un cotejo cruzado muestra a la vez el alcance y las lagunas. Al repasar los siete años de 2019 a 2025, MapBiomas halló que el 65 % de toda el área deforestada en Brasil, y el 67,6 % en el bioma amazónico, se superpone con un permiso de desmonte o con un registro de fiscalización. Se trata de una superposición acumulada tanto con permisos como con actuaciones de fiscalización, no de una tasa de castigo. Si se cuenta por número de alertas de deforestación en lugar de por superficie, la superposición nacional baja al 27,5 %, algo que MapBiomas atribuye a que la fiscalización prioriza las talas más grandes. MapBiomas advierte además de que los registros federales y estatales que pudo obtener quizá no incluyan todos los permisos y actuaciones de fiscalización, y de que algunos organismos estatales publican datos incompletos.

Dónde tiene fugas la cadena

La primera fuga está en el comercio de ganado, donde un animal puede pasar por varias fincas antes del sacrificio. Una investigación de Human Rights Watch halló que el ganado criado en tierras deforestadas ilegalmente pasaba por un sistema de «blanqueo» que ocultaba su origen antes de llegar al frigorífico JBS. Una finca ilegal de Pará puede vender a intermediarios de Mato Grosso, que a su vez abastecen a un matadero de JBS en São Paulo. JBS se comprometió por primera vez a rastrear a estos proveedores indirectos para 2011; en noviembre de 2025, Human Rights Watch afirmó que, por lo general, la empresa seguía sin poder identificarlos. JBS asegura que su Plataforma Pecuária Transparente está extendiendo sus controles a los proveedores indirectos. La lista de embargos atrapa a la finca que figura en ella. Un animal que pasó allí la primera etapa de su vida y luego se trasladó al pasto de un vecino limpio llega al matadero desde la finca limpia.

El crédito también tiene fugas. El veto al crédito solo se aplica a los embargos inscritos en la lista del Ibama, así que una finca desmontada ilegalmente pero nunca embargada escapa a él. Un segundo control, más amplio, debía cerrar esa brecha: los bancos tendrían que consultar una lista del Gobierno elaborada con datos de PRODES y confirmar si se había suprimido vegetación nativa en la propiedad financiada después del 31 de julio de 2019 y, si así fue, ver una autorización o un documento que lo regularizara. Ese control se aplicaba desde abril de 2026 a las propiedades de más de cuatro módulos fiscales, la unidad brasileña de tamaño de la propiedad rural. En mayo de 2026, el Consejo Monetario Nacional lo aplazó. Ahora empieza el 4 de enero de 2027 para las propiedades más grandes, en julio de 2027 para las medianas y en enero de 2028 para las más pequeñas. La primera de esas fechas cae un día antes de que el próximo presidente asuma el cargo. Los representantes del agronegocio ya habían pedido al Supremo, el 15 de abril, que suspendiera las normas.

La tercera fuga es el fuego en tierras públicas. Las tierras públicas invadidas y sin títulos de propiedad regularizados son habituales en la Amazonia. El Ibama puede embargar un área así aunque no logre identificar al responsable, publicando el embargo en el diario oficial e incluyendo el área en su web, y el Observatório do Clima, una red climática brasileña, sostiene que el embargo remoto ha sido allí la herramienta central contra el acaparamiento de tierras, la especulación y la apertura ilegal de nuevas áreas. El fuego es más difícil de atribuir a alguien. En los alrededores de Manaos, buena parte del fuego detectado en 2026 se concentra en tierras públicas de tipo similar. El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, Ipam, halló que los bosques públicos no destinados, blanco frecuente de los acaparadores de tierras, concentraron el 39 % de los focos de calor registrados en la región de Manaos entre enero y el 14 de octubre. Ane Alencar, científica del Ipam, explicó la lógica: «É mais fácil degradar a área com fogo sem ser pego, do que contratar pessoas para desmatar, usando trator e motosserra». Es más fácil degradar el área con fuego sin ser atrapado que contratar a gente para deforestar con tractor y motosierra.

La objeción más seria a todo el sistema tiene que ver con el debido proceso. Un embargo golpea primero y escucha después: una finca puede perder a sus compradores y su crédito antes de que su dueño haya rebatido las pruebas. Los jueces federales que levantaron embargos dictaminaron, sobre esa base, que el método del Ibama no cumplía las garantías del debido proceso. Un proyecto de ley en el Congreso, el PL 2.564/2025, convierte esa objeción en ley. Su resumen oficial dice que regula las medidas administrativas cautelares y establece «a garantia à ampla defesa e ao contraditório», la garantía de la amplia defensa y del principio de contradicción. Tal como se presentó, prohibía los embargos basados únicamente en la detección remota. La versión que aprobó la Cámara de Diputados en mayo de 2026 eliminó esa prohibición tajante, pero exige notificar previamente al acusado antes de cualquier embargo u otra medida cautelar basada en la detección remota.

Los defensores del sistema actual responden en el mismo terreno. El embargo es preventivo, y tras él viene un procedimiento administrativo con derecho a defensa. El magistrado del Supremo que revisó las causas federales presumió la constitucionalidad del decreto mientras su impugnación seguía pendiente. Y la nota técnica del Observatório do Clima sobre el proyecto expone el coste de invertir el orden: la notificación previa impide que el Estado responda de inmediato y elimina una de las principales ventajas de la fiscalización remota, la rapidez con que interrumpe el daño. La nota añade que el texto aprobado abre la puerta a impugnaciones judiciales contra las restricciones al crédito, las normas de trazabilidad y los acuerdos sectoriales vinculados a los embargos. El derecho de un productor a ser oído antes de una sanción y el valor de detener una tala antes de que caiga la siguiente hectárea tiran en sentidos opuestos. El texto de la Cámara resuelve ese conflicto a favor del productor.

Cuando las agencias se detuvieron

El mínimo histórico ya se había marcado antes, y se perdió. Tras los 4.571 km² de 2011-12, la tala subió un 29 %, hasta 5.891 km², en 2012-13, y puso fin a un descenso continuo que venía desde 2008. El aumento llegó al año siguiente de que el Congreso revisara el Código Forestal en 2012, una revisión que, según estimaron unos investigadores, redujo en un 58 % el área que los propietarios habrían tenido que restaurar por el bosque talado ilegalmente antes de 2008. Esa coincidencia en el tiempo no demuestra por sí sola que la ley revisada causara el aumento.

El segundo vuelco está mejor documentado. PRODES pasó de unos 7.500 km² en el año de agosto de 2017 a julio de 2018 a 10.129 km² en el año hasta julio de 2019, un año de seguimiento cuyos últimos siete meses transcurrieron bajo Jair Bolsonaro, que asumió el cargo en enero de 2019. A mediados de 2019, DETER mostró un aumento del 88 % de la tala en junio respecto al mismo mes del año anterior, y el director del INPE, Ricardo Galvão, fue destituido. Las multas impuestas por el Ibama en todo Brasil cayeron un 29,4 % en los primeros siete meses del año. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo que el sistema de alertas «não se presta a medir volume de desmatamento, não é preciso e não faz comparações»: no servía para medir el volumen de la deforestación, no era preciso y no hacía comparaciones.

Los satélites siguieron funcionando durante todo ese tiempo, y las alertas siguieron llegando. Lo que cambió fue lo que el Ibama hacía con ellas. Cuando unos investigadores cruzaron las alertas de deforestación de 2019 y 2020 con los registros del Ibama, encontraron que el organismo había emitido autos de infracción o embargos en el 1,3 % de ellas. «No es la falta de información lo que provoca la inacción», dijo el autor principal, Marcondes Coelho-Junior. En el año hasta julio de 2021, la tala alcanzó su nivel más alto en 15 años, 13.038 km². En los cuatro años de PRODES de 2019 a 2022, el primero de los cuales terminó a los siete meses del mandato de Bolsonaro, la Amazonia perdió de media unos 11.400 km² al año, casi un 60 % más que en los cuatro años anteriores. Como referencia, los peores años, a mediados de los noventa, se acercaron a los 30.000 km².

Lo que un embargo no puede detener

PRODES contabiliza el bosque perdido por degradación repetida una vez que el dosel ha desaparecido por completo. En la estimación preliminar de 2025, unas dos quintas partes de la pérdida llegaron por esa vía, sobre todo por el fuego, y se contaron dentro de la tasa oficial. La degradación que no llega a la pérdida total del dosel queda fuera de ella, por mucho que se haya dañado el bosque.

El fuego exige tres tareas distintas: impedir que la gente lo encienda, castigar después las quemas ilegales y apagar un incendio que ya avanza. Douglas Morton, científico del sistema Tierra en la NASA, afirma que los grandes incendios cerca de Santarém y Manaos en octubre de 2026 empezaron como quemas de manejo, encendidas para despejar de matorrales los pastos o de cultivos los campos, que se escaparon y ardieron libremente por el sotobosque reseco de la selva. Los rayos, señala, provocan allí menos del 1 % de los incendios. La fiscalización sí llega al fuego. En septiembre y octubre, el Ibama llevó a cabo 49 operaciones de fiscalización en el suroeste de Pará que acabaron en multas, embargos y suspensión de actividades. Pero un embargo no puede apagar un incendio que ya arde. Esa tarea recayó en los 522 bomberos y agentes que el Ibama y el ICMBio, el organismo que gestiona las áreas protegidas federales, habían desplegado en Pará hasta el 22 de octubre. Para entonces, los equipos federales habían apagado 184 incendios forestales en el estado.

Las cifras de octubre traen cada una su propio mapa. En Manaos y los 18 municipios de su entorno, el Ipam contó 5.598 focos de calor entre el 4 y el 14 de octubre, un 321 % más que en los 11 días anteriores. Un foco de calor es una detección de calor por satélite, no un recuento de incendios ni de superficie quemada. La ventana se abrió el día de la primera vuelta de las elecciones, y Alencar se mostró prudente sobre lo que eso significaba. No había ido a la zona a comprobar si había un motivo político, dijo, «mas os dados mostram uma coincidência»: pero los datos muestran una coincidencia temporal. En Pará, el INPE detectó 2.991 focos de calor del 14 al 20 de octubre, 610 más que la semana anterior. La Coiab, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña, informó de que entre julio y el 20 de octubre los incendios alcanzaron 12 territorios indígenas en Amazonas. En la Amazonia brasileña se ha deforestado menos del 2 % de las tierras indígenas, frente a más del 27 % del territorio situado fuera de ellas.

A escala de toda la cuenca, el fuego ya rivaliza con la motosierra. En 2024, en el conjunto de los países amazónicos, los bosques quemados liberaron, según las estimaciones, 791 millones de toneladas de dióxido de carbono, 86 millones arriba o abajo, más que los 625 millones estimados (38 millones arriba o abajo) procedentes de la deforestación. Morton prevé que la sequía y el riesgo de incendios en el sur de la Amazonia alcancen su punto máximo hacia agosto y septiembre de 2027. Los dos problemas están relacionados: menos tala deja menos combustible para los incendios descontrolados, y el bosque ya calcinado por incendios anteriores arde con más facilidad la vez siguiente. Una modelización publicada en mayo de 2026 halló que, dejando aparte la deforestación, hasta un tercio de la selva amazónica corre el riesgo de perder su estabilidad por encima de 3,7-4,0 °C de calentamiento global. Con una deforestación del 22-28 %, un calentamiento de 1,5-1,9 °C sobre los niveles preindustriales podría encaminar el 62-77 % de la superficie forestal hacia un estado degradado, un cambio que podría tardar entre décadas y unos pocos siglos en completarse. Ya se ha deforestado alrededor del 17-18 % de la Amazonia.

La votación y el proyecto de ley

La señal más reciente es temprana y hay que leerla con cuidado. Los registros brutos de DETER del INPE muestran 898 km² de alertas de deforestación entre el 1 de agosto y el 16 de octubre de 2026, frente a 770 km² en el mismo periodo de 2025. Son alertas de los primeros meses de un nuevo año de seguimiento, no la tasa. La última vez que Brasil acudió a las urnas, en 2022, las alertas se dispararon a partir de agosto. Giovana Girardi, columnista de Agência Pública, interpretó ese repunte como señal de que los infractores actuaban a sus anchas ante la expectativa de que pudiera ganar un gobierno menos permisivo. Esa es su lectura de 2022, y nada en los registros hasta el 16 de octubre indicaba que en 2026 estuviera ocurriendo lo mismo.

La segunda vuelta es la primera decisión. El programa de Flávio Bolsonaro promete reforzar la fiscalización ambiental en la Amazonia, centrarla en el crimen organizado en lugar de en los trabajadores extractivistas y los pequeños agricultores, y acabar con la «deforestación ilegal» para 2029. En un acto de campaña en Marabá, Pará, el 19 de octubre, prometió: «Esses entraves ambientais que existem, principalmente por razões ideológicas, a gente vai acabar», es decir, que acabaría con las trabas ambientales que existen sobre todo por razones ideológicas. No dijo cuáles. A los propietarios de tierras les dijo «você vai poder plantar, criar gado, vai fazer o que quiser na sua terra»: que podrían plantar, criar ganado y hacer lo que quisieran en su tierra. Lo que cuenta como ilegal no está fijado: las leyes establecen cuánta tala está permitida, y los aliados de Bolsonaro en el Congreso han presionado para legalizar la tala en más casos. Su partido, el PL, obtuvo el 4 de octubre 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, la mayor bancada.

El objetivo declarado de Lula es «deforestación ilegal cero para 2030». Su propio Gobierno también ha impulsado la BR-319, una carretera que atraviesa bosque preservado en Amazonas. El 13 de abril de 2026 sacó a licitación obras en la carretera, aprovechando un resquicio de la nueva ley de licencias ambientales que Lula había vetado y el Congreso restableció. Un juez federal suspendió las licitaciones el 28 de abril; el presidente del tribunal regional federal las restableció esa misma noche, y a 24 de octubre el fondo del asunto no se había juzgado. El nuevo mandato empieza a mitad de un año de PRODES que se prolonga hasta julio.

La segunda decisión está en el Senado. A 24 de octubre de 2026, el PL 2.564/2025 estaba en manos de su relator, el senador Jaques Wagner, en la comisión de justicia, donde se le asignó el 18 de agosto. Después debía pasar a la comisión de medio ambiente, y no constaba ninguna votación. El Observatório do Clima advierte de que la notificación previa que exige el texto de la Cámara haría el mayor daño en las tierras públicas invadidas y sin títulos regularizados, el tipo de tierra donde ha ardido este año buena parte del fuego de la región de Manaos.

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• The Amazon: What Everyone Needs to Know — Mark J. Plotkin (2020). Breve guía de preguntas y respuestas sobre la ecología, los pueblos y la deforestación de la Amazonia.
• La suerte de la selva — Susanna Hecht, Alexander Cockburn (1993). El relato clásico de la ganadería, las carreteras y la política que impulsan la tala en la Amazonia brasileña.

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Multimedia

La selva amazónica desde la ISS – Wikimedia Commons (Foto: Alexander Gerst, CC BY 2.0)

Espigão do Oeste, Rondônia – Wikimedia Commons (Foto: Fernando Augusto/Ibama, CC BY-SA 2.0)

Operação Verde Brasil, Rondônia – Wikimedia Commons (Foto: Ibama, CC BY-SA 2.0)

Principales fuentes y referencias

INPE and Ministério do Meio Ambiente. «Taxas de desmatamento Prodes 2026» (press-conference slides). 16 October 2026. https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias-defeso-eleitoral/apresentacao-coletiva-prodes-2026_inpe.pdf

INPE. «Brasil alcança menores taxas de desmatamento da série histórica na Amazônia e no Cerrado.» 16 October 2026 (updated 20 October). https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/brasil-alcanca-menores-taxas-de-desmatamento-da-serie-historica-na-amazonia-e-no-cerrado

Paraguassu, L. and Romani, A. «Deforestation in Brazil’s Amazon falls to record low.» Reuters, syndicated in Newcastle Herald, 17 October 2026. https://www.newcastleherald.com.au/story/9370233/deforestation-in-brazils-amazon-falls-to-record-low/ ; Associated Press. «Amazon deforestation hits lowest level since 1988.» Jamaica Gleaner, 17 October 2026. https://jamaica-gleaner.com/article/world-news/20261017/amazon-deforestation-hits-lowest-level-1988 ; Al Jazeera. «Brazil’s Amazon deforestation hits lowest level on record.» 17 October 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/10/17/brazils-amazon-deforestation-hits-lowest-level-on-record

Associated Press. «Brazil investigates Amazon wildfires that disrupt daily life.» ABC News, 15 October 2026. https://abcnews.com/International/wireStory/brazil-investigates-amazon-wildfires-disrupt-daily-life-fueled-137285901 ; AFP. «Brazil probing ‘criminal’ origin of forest fires: minister to AFP.» eNCA, 14 October 2026. https://www.enca.com/lifestyle/brazil-probing-criminal-origin-forest-fires-minister-afp ; TV Brasil. «PF vai investigar origem de incêndios no Amazonas.» 21 October 2026. https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2026/10/pf-vai-investigar-origem-de-incendios-no-amazonas

Times Brasil / CNBC. «Amazonas registra salto de focos de calor e qualidade do ar em Manaus chega a nível péssimo.» 17 October 2026. https://timesbrasil.com.br/brasil/amazonas-registra-salto-de-focos-de-calor-e-qualidade-do-ar-em-manaus-chega-a-nivel-pessimo-veja/

Poder360. «Desmatamento cai na Amazônia e no Cerrado em 2026.» 16 October 2026. https://www.poder360.com.br/poder-sustentavel/desmatamento-cai-na-amazonia-e-no-cerrado-em-2026/

INPE. «Estimativa de desmatamento na Amazônia Legal para 2025 é de 5.796 km2» (technical note). October 2025. https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/20251015Nota_tcnica_EstimativaPRODES_2025.pdf

Bloomberg Línea. «Segundo turno opõe propostas sobre desmatamento, terras indígenas e energia no Brasil.» 9 October 2026. https://www.bloomberglinea.com.br/brasil/segundo-turno-opoe-visoes-sobre-desmatamento-terras-indigenas-e-energia-no-brasil/

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