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En resumen
La Administración para el Control de Drogas abrió sus puertas en 1973 con un presupuesto de 74,9 millones de dólares; en 2024 gastaba unos 3.300 millones de dólares al año. En 2022, 107.941 estadounidenses murieron por sobredosis, la cifra más alta jamás registrada. La prohibición nunca acabó con la demanda: entregó el mercado a las únicas organizaciones capaces de absorber el riesgo de prisión, a cambio de una fuerte prima. La represión también premia la potencia. El fentanilo concentra más beneficio y menos riesgo en cada envío, y ha desplazado a la heroína. El dinero que hoy defiende la prohibición procede de la economía legal, de empresas y de una agencia que saldrían perdiendo si cambiara la ley.
Contenido
En julio de 1973, la Administración para el Control de Drogas abrió sus puertas con un presupuesto de 74,9 millones de dólares. En el ejercicio fiscal de 2024 gastaba unos 3.300 millones de dólares al año. En 2022, 107.941 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, el total anual más alto jamás registrado. Más de dos tercios de esas muertes estaban relacionadas con opioides sintéticos distintos de la metadona, una categoría de los CDC impulsada de forma abrumadora por el fentanilo de fabricación ilícita. Desde entonces las muertes han bajado, a 79.384 en 2024 y unas 70.000 estimadas en 2025, pero 2022 sigue siendo el peor año de la historia de Estados Unidos.
El presupuesto de la lucha antidroga se multiplicó por más de cuarenta, y por unas seis incluso descontada la inflación. En ese mismo medio siglo, el problema de las drogas que la agencia nació para reducir alcanzó su año más mortífero, y una represión a esa escala construyó algo propio. El mecanismo no es propio de ninguna época ni de ninguna droga. Funciona allí donde la prohibición se encuentra con una demanda inelástica, y ya ha levantado dos veces industrias criminales en los mercados que abastecen a Estados Unidos: primero la Mafia, después los cárteles.
El precio mínimo
Empecemos por la demanda: de media, una subida del diez por ciento en el precio de las drogas ilícitas reduce la demanda en aproximadamente un nueve por ciento, lo que los economistas clasifican como inelástico, aunque por muy poco.
Y los clientes que más importan no se van. Los consumidores dependientes compran la mayor parte del producto, y los precios más altos recortan su consumo sin ponerle fin: según una estimación, los consumidores habituales de heroína compran alrededor de un ocho por ciento menos por cada diez por ciento que sube el precio.
La prohibición fija un suelo por debajo del cual ningún proveedor legal puede operar, porque ninguna entidad legítima puede asumir la responsabilidad penal: participar se castiga con la cárcel. Esa responsabilidad es la razón de ser de la ley, y su efecto es entregar el mercado a las empresas criminales, las únicas organizaciones hechas para absorber ese coste concreto.
Las organizaciones criminales dominan los mercados prohibidos porque la ley ha dejado fuera a todos los competidores legales. Los proveedores que quedan siguen compitiendo entre sí, y cobran un sobreprecio considerable por la cárcel, los decomisos y la violencia a los que se exponen.
Buena parte de ese sobreprecio es el pago por el riesgo. Pero allí donde unas pocas organizaciones controlan la importación y la venta al por mayor, se convierte en beneficios enormes, y esos beneficios compran solidez: abogados, contables, contactos políticos, redes logísticas, control armado del territorio, pactos con los rivales. Al mantener fuera a las empresas legales, la represión eleva los beneficios de quienes ya ocupan el mercado, y esos beneficios pagan la permanencia de la organización.
En 1986, el periodista y analista de políticas de drogas Richard Cowan formuló lo que llamó la ley de hierro de la prohibición: cuanto más intensa es la represión, más potentes se vuelven las sustancias prohibidas. Las sustancias más potentes concentran más valor por unidad de volumen, de peso y de riesgo legal. Durante la Ley Seca, la cerveza cedió terreno a los licores destilados. El voluminoso opio cedió terreno a la heroína refinada. Si cada envío te puede costar una acusación por delito grave, quieres meter en ese envío todo el valor posible.
Un kilo de fentanilo contiene unas 500.000 dosis potencialmente letales; la DEA calcula que dos miligramos bastan para matar. Gramo a gramo, el fentanilo es unas cincuenta veces más fuerte que la heroína, una diferencia de potencia que encaja con la ley de hierro.
Lo que construyó la prohibición
Antes de 1920, el crimen organizado estadounidense era local y estaba poco conectado: pandillas callejeras de base étnica, familias mafiosas que practicaban la extorsión de la Mano Negra en los barrios italianos, juego y burdeles tolerados por las maquinarias políticas de las ciudades. Nada coordinaba sus actividades, y ninguna operaba a escala nacional.
El 17 de enero de 1920 entró en vigor la Decimoctava Enmienda, que creó el mayor mercado ilegal que el país había conocido: el alcohol, en una nación de unos 106 millones de habitantes. La demanda no desapareció; perdió su cadena de suministro legal.
Lo que vino después se derivó de la estructura del mercado. En su apogeo, a finales de los años veinte, se calcula que la organización de Capone en Chicago ingresaba unos 100 millones de dólares al año entre contrabando de alcohol, juego, prostitución y todo lo demás, cerca de 2.000 millones de dólares de hoy. Son estimaciones de la época, no cuentas auditadas, pero los órdenes de magnitud no se discuten en serio.
Ese dinero construyó instituciones además de fortunas. Pagaba a maestros cerveceros y camioneros, a abogados que sabían cómo corromper a un gran jurado, a contables que sabían cómo esconder dinero y a policías y jueces que sabían lo que valía estar en la nómina adecuada. Construyó redes de distribución que cruzaban las fronteras entre estados, y acuerdos territoriales que se imponían con violencia cuando hacía falta y con negociación cuando era posible.
En mayo de 1929, tres meses después de la matanza de San Valentín, Capone viajó a Atlantic City para una reunión de jefes del hampa organizada por Enoch «Nucky» Johnson. La leyenda la atribuye a Johnny Torrio, Lucky Luciano y Meyer Lansky y presenta a los capos repartiéndose el país; el historiador Marc Mappen sostiene que fue un encuentro más reducido y centrado en Chicago, destinado a zanjar las guerras de esa ciudad y quizá a poner freno al propio Capone. No se conserva ningún acta. En cualquier caso, sobre la mesa estaban el territorio, las disputas y el tipo de derramamiento de sangre público que atraía una atención indeseada.
La Ley Seca terminó el 5 de diciembre de 1933, y las organizaciones que había financiado siguieron adelante. Casi catorce años de alcohol prohibido habían construido ese aparato de nóminas, dinero blanqueado, territorio controlado y tratados entre bandas, y nada de eso se disolvió con la derogación. Se reorientó hacia el juego, la usura, la extorsión sindical y, con el tiempo, los narcóticos.
En cuanto a la violencia: según los datos nacionales, fragmentarios, de la época, la tasa de homicidios de Estados Unidos subió hasta unos 9,7 por cada 100.000 habitantes en 1933, el último año de la Ley Seca, y luego cayó cerca de un 30 % en los cinco años siguientes, a medida que se restablecía el suministro legal. Chicago es el caso más nítido: contando los homicidios hasta 1930, su tasa total de homicidios aumentó un 21 % durante la Ley Seca, y el aumento se produjo en asesinatos que no tenían que ver con el alcohol, mientras que los homicidios relacionados con el alcohol se mantuvieron estables. Si la prohibición causa violencia sigue siendo objeto de debate, pero tanto los datos de Chicago como la subida y bajada nacional en torno a 1933 son compatibles con esa idea. No hace falta que la prohibición causara cada asesinato para que se sostenga el argumento de fondo, que tiene que ver con el tipo de organizaciones que creó y con lo que les ocurrió después de 1933: sobrevivieron y se diversificaron.
La fábrica de cárteles
El 17 de junio de 1971, el presidente Nixon declaró el abuso de drogas «enemigo público número uno». Dos años después se fundó la DEA. Desde entonces, Estados Unidos ha gastado bastante más de un billón de dólares en la guerra contra las drogas, sumando operaciones federales, represión estatal y local, interceptación en la frontera y apoyo militar y de inteligencia en el extranjero. El mercado al que apuntaba no dejó de crecer: en 2024, unos 331 millones de personas en todo el mundo consumían alguna droga ilegal, el 6,2 % de la población de 15 a 64 años, frente al 5,2 % de una década antes.
Lo que la represión sí consiguió se ve con más claridad en el negocio colombiano de la cocaína de los años ochenta. El Cártel de Medellín, bajo Pablo Escobar, alcanzó una escala industrial durante el periodo de represión más intenso de la historia de la DEA.
Al suprimir la competencia y mantener los precios altos, la represión ayudó a financiar el crecimiento del cártel. Cuando un grupo especial de la policía colombiana respaldado por Estados Unidos mató a Escobar el 2 de diciembre de 1993, y los cárteles de Medellín y de Cali fueron desmantelados en los años siguientes, el comercio mundial de cocaína se repartió entre más organizaciones y cambió de geografía en lugar de encogerse.
Es el efecto globo: si se aprieta el narcotráfico en un lugar, se expande en otro. Si se destruye una organización, las que sobreviven se quedan con el mercado al que abastecía. Las organizaciones mexicanas, que llevaban transportando cocaína colombiana desde los años ochenta, se hicieron con una parte cada vez mayor: los cárteles de Sinaloa y del Golfo, después los Zetas, que empezaron como el brazo armado del Cártel del Golfo, y más tarde el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Crecieron hasta convertirse en negocios criminales diversificados, con el narcotráfico como fuente original de beneficios, y se extendieron a gran escala a la trata de personas, el robo de combustible, la minería ilegal y la extorsión.
La Mafia se apoyó en sus otros negocios ilícitos cuando su mercado principal fue legalizado; los cárteles se diversificaron mientras el narcotráfico seguía en marcha. Está menos claro si todo este desplazamiento reduce además el volumen total del comercio.
El efecto globo: lo que muestran los datos
El desplazamiento de la oferta de una zona geográfica a otra tras la interceptación está bien documentado. El caso clásico: cuando las fuerzas estadounidenses estrecharon el cerco al contrabando en el Caribe y el sur de Florida en los años ochenta, los traficantes desviaron por tierra a través de México hasta dos tercios de sus envíos de cocaína. Es más difícil demostrar si la interceptación reduce además el volumen total que llega a los consumidores: la represión desplaza la oferta de forma fiable, y la evidencia sobre si la reduce en conjunto sigue sin estar resuelta.
La ley de hierro aparece en la crisis de los opioides. Durante los años 2000 y hasta entrada la década de 2010, el suministro de opioides de receta desviados al mercado ilegal se fue estrechando: se procesó a las «fábricas de pastillas», algunos opioides pasaron a listas más restrictivas y en 2010 se reformuló el OxyContin para que fuera más difícil triturarlo e inyectarlo o esnifarlo. La población adicta a los opioides no dejó de ser adicta. Muchos se pasaron a la heroína, y las muertes por heroína empezaron a dispararse a partir de 2010. Desde 2013 llegó una tercera ola, más mortífera: el fentanilo de fabricación ilícita, mezclado con la heroína y después sustituyéndola cada vez más, porque el fentanilo metía mucho más beneficio y mucho menos riesgo en cada envío.
El fentanilo puede sintetizarse a partir de precursores químicos, sin insumos agrícolas, sin zonas de cultivo de coca o amapola que interceptar, sin depender del clima ni de la geografía. Es más compacto por unidad de efecto, más fácil de ocultar, más barato de producir y más rentable por envío. Y como, gramo a gramo, es mucho más potente que la heroína, el margen entre colocarse y una dosis mortal se mide en motas.
La heroína está desapareciendo hoy del mercado estadounidense: las muertes relacionadas con la heroína cayeron alrededor de un tercio solo en 2023, porque el fentanilo la sustituyó y cambió una droga moderadamente letal por otra extremadamente letal. Esa es la dirección que señala la ley de hierro, a una escala que Cowan no podía prever cuando escribió en 1986 sobre el crack.
El mercado aprende
En 2011, Ross Ulbricht lanzó Silk Road en la red Tor, con las transacciones protegidas por un depósito en garantía en bitcoines. Lo que construyó fue una experiencia completa de venta al por menor de drogas ilegales, con valoraciones de vendedores, reseñas de clientes, resolución de disputas y políticas de devolución. En varios aspectos, comprar allí era mejor que comprarle a un camello. El FBI cerró Silk Road en octubre de 2013, y más tarde se ordenó a Ulbricht el decomiso de 183 millones de dólares, la cifra que calculó el tribunal para las ventas totales de Silk Road en sus dos años y medio de funcionamiento, valoradas al tipo de cambio del bitcóin en el momento de cada transacción.
En doce meses ya operaban más mercados de la red oscura que antes del cierre, con más productos anunciados, más vendedores, mejor seguridad operativa y una infraestructura más distribuida. En 2016, las transacciones de drogas ilícitas en los criptomercados se habían triplicado y los ingresos se habían duplicado desde el cierre de Silk Road.
Como tras la caída de Escobar, destruir al actor dominante fragmentó el mercado sin reducirlo, pero esta vez la estructura del mercado era distinta.
Los mercados físicos de drogas dependen del dominio geográfico: el control del territorio, conquistado y mantenido con violencia, esquina a esquina y manzana a manzana. Como un mercado así no puede recurrir a los tribunales para resolver sus disputas, buena parte de su violencia nace de la competencia por el territorio de venta al por menor y no de la adicción en sí.
Los mercados en línea rompen esa dependencia. Un vendedor no tiene territorio ni necesita presencia en la calle. Las herramientas policiales que funcionan contra los mercados físicos (tomar la esquina, detener al camello, cartografiar la red) pierden buena parte de su alcance. La policía todavía puede incautar los servidores de un mercado y detener a sus administradores, como hizo una operación internacional con AlphaBay en 2017, pero compradores y vendedores se mudan al siguiente sitio.
¿Reducen la violencia los mercados de la red oscura?
En teoría, sacar la venta al por menor de la esquina debería reducir la violencia que acompaña a las guerras por el territorio. Nadie ha medido todavía si es así.
La capa técnica también se adaptó. Las transacciones en bitcóin quedan registradas en una cadena de bloques pública. Los investigadores siguieron el rastro de las criptomonedas para identificar y procesar a vendedores de Silk Road. La respuesta del mercado fue una migración constante hacia Monero —una criptomoneda concebida para la privacidad, diseñada para ocultar emisores, receptores e importes, que los investigadores solo logran rastrear en raras ocasiones y con gran dificultad—. Muchos de los mercados más nuevos de la red oscura ya no aceptan otra cosa.
Bajo la presión policial, el mercado se rediseña a sí mismo, y paga esa reorganización con un margen de beneficio que existe solo porque la prohibición lo creó.
Una mejor vigilancia, las técnicas forenses sobre la cadena de bloques y una persecución internacional más agresiva dejan intacta la economía de fondo. La pregunta es si la premisa fue alguna vez sólida: que imponer responsabilidad penal a bienes con demanda inelástica encogería esos mercados lo bastante como para justificar entregarlos a quien estuviera dispuesto a asumir esa responsabilidad.
El contraexperimento y el problema estructural
En julio de 2001, Portugal despenalizó la posesión para consumo personal de todas las drogas ilícitas. No fue una legalización: las cadenas de suministro siguieron siendo ilegales y las empresas criminales continuaron gestionándolas. Lo que cambió fue el trato a los consumidores. La posesión pasó a ser una infracción administrativa, tramitada por Comisiones de Disuasión de ámbito distrital formadas por profesionales del derecho, la salud y el trabajo social. La reforma legal fue acompañada, al mismo tiempo, de una ampliación a gran escala de la capacidad de tratamiento, los servicios de reducción de daños y los programas de reinserción social. El cambio legal y la inversión en tratamiento no pueden separarse analíticamente, y probablemente uno sin la otra habría dado resultados distintos.
Portugal registró 76 muertes por drogas en 2001. La cifra cayó con fuerza en la década posterior a la reforma, y en 2017 la tasa era de apenas 6 por millón de personas de 15 a 64 años, alrededor de una cuarta parte de la media de la UE. Desde mediados de la década de 2010 las muertes por sobredosis han vuelto a subir: el registro nacional de sobredosis contabilizó 80 en 2023, y sus tres últimos años fueron los más altos desde 2009. Los nuevos diagnósticos de VIH atribuidos al consumo de drogas inyectables bajaron de unos 104 por millón en 2000 a unos 4 por millón en 2015. Los condenados por delitos de drogas pasaron de más del 40 % de los presos con condena firme en Portugal en 2001 al 15,7 % en 2019. Las cifras en sí no están en discusión.
Portugal, sin embargo, no legalizó el suministro. Las cadenas de suministro criminales continuaron, y la despenalización no tocó el margen de beneficio que las organizaciones criminales obtienen abasteciendo de drogas a los consumidores portugueses. Lo que muestra Portugal es lo que ganó un país al dejar de castigar a los consumidores y pagar su tratamiento, mientras el problema del suministro criminal seguía intacto.
Los límites de la comparación con Portugal
Las condiciones de Portugal en 2001 no se trasladan con facilidad. Una epidemia de heroína de proporciones catastróficas había generado un acuerdo entre partidos de que el enfoque existente había fracasado. Portugal es un país pequeño y relativamente cohesionado, donde una sola política nacional pudo aplicarse en todas partes a la vez. Sus resultados sanitarios mejoraron tras las reformas; si el mismo paquete podría aprobarse en Estados Unidos, el Reino Unido u otra gran democracia fragmentada con bases prohibicionistas más fuertes es otra cuestión.
Los resultados de Portugal no son ningún secreto para los ministerios de Sanidad de Europa, así que la ignorancia no explica por qué el modelo no se ha extendido. El statu quo tiene grupos organizados con dinero en juego.
En agosto de 2016, Insys Therapeutics donó 500.000 dólares a Arizonans for Responsible Drug Policy, la campaña que se oponía a la Proposición 205, que habría legalizado el cannabis recreativo en Arizona. Insys era una farmacéutica cuya fortuna descansaba en Subsys, un analgésico a base de fentanilo, y cuya comercialización de ese fármaco ya estaba atrayendo la atención de los investigadores.
Al mismo tiempo, esperaba que la DEA clasificara como sustancia controlada Syndros, un fármaco de THC sintético. La lógica comercial de la empresa constaba por escrito: mantener ilegal el producto natural y vender la versión sintética patentada. Cuando se hizo pública la donación, esos 500.000 dólares suponían más de un tercio de todo el dinero que había recaudado la campaña contra la legalización.
Entre 1996 y 2019, las acciones farmacéuticas rindieron entre 1,5 y 2 puntos porcentuales menos de lo esperado en las diez sesiones bursátiles posteriores a cada hito de legalización del cannabis, una diferencia que implica que los inversores anticipaban una pérdida de unos 3.000 millones de dólares en ventas anuales por cada uno. Para el sector, la legalización es una amenaza financiera además de una cuestión política, e Insys pagó para derrotarla.
La industria del alcohol ha apostado su dinero en el mismo bando. En Massachusetts, en 2016, el Beer Distributors PAC dio 25.000 dólares a la Campaign for a Safe and Healthy Massachusetts, que se oponía a la marihuana recreativa, y la Wine and Spirit Wholesalers of Massachusetts aportó otros 50.000. En Arizona, los mayoristas de vinos y licores del estado también contribuyeron a la campaña contraria. Son sumas pequeñas en términos absolutos, pero siguen la misma lógica que una empresa de prisiones privadas expuso a sus accionistas: la reforma es un riesgo financiero directo.
CoreCivic, uno de los dos mayores operadores de prisiones privadas de Estados Unidos, advertía en su informe anual de que «la demanda de nuestras instalaciones y servicios podría verse afectada negativamente por la relajación de los esfuerzos de aplicación de la ley, la indulgencia en los criterios de condena o de libertad condicional y en las prácticas de imposición de penas, o por la despenalización de determinadas actividades que actualmente están prohibidas por las leyes penales».
Y luego está la propia DEA. Durante medio siglo, la agencia se resistió a sacar el cannabis de la Lista I; todavía en enero de 2025, varias empresas del cannabis pidieron que se apartara a la DEA de sus propias audiencias sobre la reclasificación, acusándola de hostilidad abierta hacia la propuesta. Hizo falta una orden ejecutiva presidencial en diciembre de 2025 para forzar la cuestión: en abril de 2026, la marihuana presente en fármacos aprobados por la FDA o vendida con licencias médicas estatales pasó por fin a la Lista III, mientras la pelea por todo lo demás volvía a una sala de audiencias.
Nada en esa resistencia requiere corrupción. Una agencia cuyo presupuesto anual de más de 3.000 millones de dólares es un presupuesto de guerra contra las drogas actúa de forma racional cuando defiende esa guerra, puesto que ponerle fin obligaría a replantearse el presupuesto.
Mancur Olson describió la dinámica general. Cuando los beneficios de una política van a parar a un grupo pequeño y bien organizado, con fuertes incentivos económicos para presionar, y los beneficios de la reforma son difusos, tardíos y repartidos entre una población amplia con escasos incentivos para organizarse, gana el grupo pequeño.
«Blando con las drogas» sigue siendo un ataque electoral eficaz porque concentra el coste político en los reformistas. Los beneficios para la salud pública de una reforma se repartirían entre una población amplia y poco organizada, gente que no suele firmar cheques cuantiosos a los comités de campaña.
A lo largo de ese medio siglo, la represión ayudó a construir la industria criminal que debía detener. Sostuvo el precio mínimo que mantiene tan lucrativa la cúspide del narcotráfico, a través de la ley de hierro premió la escalada de potencia que terminó con el fentanilo sustituyendo a la heroína, y mantuvo una agencia, y un círculo de empresas, cuyos presupuestos e ingresos dependen de que la prohibición continúe.
Las organizaciones criminales no presionan para mantener el statu quo. El dinero gastado en defenderlo ha salido de la economía legal, de empresas y de una agencia que tienen mucho que perder si la ley cambia.
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