La arquitectura oculta de los paraísos fiscales: más legítima de lo que se cree

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Última actualización: 25 de octubre de 2026 · 23 min de lectura

En 1998, la OCDE publicó un informe que fijaba formalmente los criterios para identificar lo que denominó competencia fiscal perniciosa. Dos años después, su informe de avances de 2000 señaló sus primeros objetivos concretos: 47 regímenes fiscales preferenciales potencialmente perniciosos dentro de sus propios Estados miembros y una lista de 35 jurisdicciones que cumplían sus criterios de paraíso fiscal (otras seis habían escapado de la lista al comprometerse de antemano a reformarse): 82 problemas con nombre propio, más de la mitad de ellos dentro de la propia OCDE. El informe señalaba el problema y a los responsables, y sugería un calendario para ocuparse de ellos.

Veintiséis años después, las mejores estimaciones actuales indican que alrededor de un tercio de los beneficios que las multinacionales obtienen fuera de sus países de origen (el 34 % en 2023) sigue desviándose a paraísos fiscales. En términos absolutos, la cifra ha crecido hasta superar el billón de dólares al año, mientras que la proporción solo ha retrocedido ligeramente desde su máximo, a finales de la década de 2010.

Esta brecha no suele explicarse. La explicación al uso en documentos de política pública, columnas de opinión y discursos de políticos sostiene que los paraísos fiscales son obra de jurisdicciones díscolas que se aprovechan del derecho internacional, que la reforma avanza aunque es técnicamente compleja y que, con suficiente coordinación institucional, el problema acabará por ceder. Esta explicación halaga a las instituciones que la ofrecen y se equivoca en algo importante: trata como un fracaso un sistema que, a juzgar por los datos, funciona.

La palabra que merece examen aquí es «legítimo». El núcleo del sistema internacional de paraísos fiscales opera dentro de leyes redactadas por los mismos Estados que con más estrépito lo condenan, y sirve a los intereses de desarrollo, perfectamente coherentes, de algunas de las economías más pequeñas del mundo. Para los negocios internacionales es infraestructura ordinaria, la fontanería que hay detrás del informe anual de cualquier gran multinacional. Si las instituciones, el conocimiento técnico y la voluntad proclamada públicamente existen, y el núcleo del asunto no es ilegal, ¿qué es lo que falta?

Qué es un paraíso fiscal

La imagen popular de un paraíso fiscal es una isla caribeña con una oficina con placa de latón y una cuenta numerada. Esa imagen describe una parte del sistema, pero aparta la atención del lugar donde se encuentra su centro de gravedad.

Al rastrear las cadenas de propiedad de las empresas del mundo, las jurisdicciones se dividen en dos tipos: conductos y sumideros. Los centros financieros extraterritoriales de tipo sumidero, entre ellos las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey, las Bermudas y las Islas Caimán, son puntos de llegada: atraen y retienen una parte desproporcionada del valor de la propiedad empresarial, por lo general mediante estructuras de tenencia. Los centros financieros extraterritoriales de tipo conducto son lugares de paso: los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza, Singapur e Irlanda. Las cadenas de propiedad empresarial los atraviesan camino de los sumideros, y su papel se debe a una combinación de retenciones en origen bajas o nulas, amplias redes de convenios fiscales bilaterales y estructuras jurídicas diseñadas a propósito para las operaciones intragrupo.

El hallazgo que menos atención recibe se deriva directamente de esta taxonomía: los Estados miembros de la OCDE ocupan el centro del sistema. Cuatro de los cinco conductos son miembros de la OCDE, y también lo es Luxemburgo entre los sumideros. La comunidad internacional que en teoría combate la competencia fiscal perniciosa cuenta a Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza y Luxemburgo entre sus miembros y socios, firmantes de sus marcos y participantes en sus procesos de reforma.

La mecánica no tiene nada de exótica. Una multinacional constituye una filial irlandesa y le cede bajo licencia su propiedad intelectual. Esa filial irlandesa cobra después cánones a las filiales operativas en Alemania, Francia y Estados Unidos, donde están los clientes, los empleados y las fábricas reales. Los pagos de cánones trasladan el beneficio imponible de donde los impuestos son altos a donde son bajos. La propiedad intelectual permanece nominalmente en Dublín, o en una estructura que Dublín facilita, mientras los ingresos que genera se acumulan a tipos muy inferiores a los que habría aplicado el país donde se desarrolla la actividad. El tipo nominal del impuesto sobre sociedades irlandés, del 12,5 %, no era en muchas estructuras el tipo efectivo que se aplicaba. Desde 2024, Irlanda ha mantenido ese tipo, pero ha añadido un impuesto complementario que obliga a los mayores grupos multinacionales a tributar como mínimo al 15 %.

La búsqueda del convenio más favorable (treaty shopping) añade otra capa. Los Países Bajos tienen convenios fiscales con cerca de un centenar de países, que limitan las retenciones sobre los dividendos, intereses y cánones que circulan entre ellos. Una empresa que canalizara un pago a través de una sociedad holding neerlandesa que cumpliera los requisitos de residencia y antiabuso de los convenios podía rebajar la retención aplicada en origen del 30 % al 5 % o a cero. La red de convenios es, en este sentido, un producto que las jurisdicciones compiten por ofrecer, y los Países Bajos han construido una de las más completas del mundo. Desde 2021, bajo presión, los propios Países Bajos aplican una retención a los intereses y cánones que se remiten a empresas vinculadas situadas en jurisdicciones de baja tributación; en 2026, el tipo es del 25,8 %.

El resultado es medible: las filiales extranjeras que operan en paraísos fiscales son un orden de magnitud más rentables que las empresas locales que operan en esas mismas jurisdicciones. Las diferencias de intensidad de capital explican, como mucho, una décima parte de la brecha. En 2015, las empresas de propiedad extranjera en Irlanda contabilizaron unos 8 dólares de beneficio antes de impuestos por cada dólar que pagaron en salarios irlandeses, una proporción que ningún modelo de negocio corriente produce. La prima de rentabilidad es un efecto del traslado de beneficios: rentas reubicadas, sobre el papel, allí donde menos tributan.

Las mismas estimaciones indican que Irlanda es el mayor destino del mundo de beneficios empresariales desviados: unos 184.000 millones de dólares en 2023. Irlanda es miembro de la eurozona, miembro de la UE desde 1973 y un país cuyos dirigentes políticos llevan un cuarto de siglo asistiendo a cumbres de reforma y firmando acuerdos marco.

Más de dos tercios de las empresas de la lista Fortune 500 están constituidas en Delaware, atraídas por un derecho societario flexible, una escasa transparencia sobre la titularidad real (desde 2025, las sociedades creadas en Estados Unidos están exentas de declarar su titularidad real ante las autoridades federales) y un código tributario estatal que exime a las empresas cuya actividad en Delaware se limita a poseer y gestionar activos intangibles. Delaware no es ningún secreto; figura en los documentos de constitución de algunas de las empresas más escrutadas del mundo. Sus críticos lo llaman un paraíso fiscal nacional a la vista de todos, en un país cuyo Gobierno federal ocupa el centro de los debates internacionales sobre la eliminación de los paraísos fiscales.

La transformación de Irlanda, de una de las economías más pobres de Europa occidental en la década de 1980 a una economía próspera, incluso con indicadores que descuentan la contabilidad de las multinacionales, es inseparable de su estrategia fiscal. Esa estrategia fue deliberada, soberana y, en su mayor parte, lícita, aunque, como demostraría el caso Apple, no todos los acuerdos a los que dio lugar sobrevivieron a la normativa europea sobre ayudas de Estado. Si es moralmente inocente no viene al caso aquí. Lo que importa es que la estrategia está arraigada jurídicamente y es institucionalmente normal, y que funciona bien para la jurisdicción que la pone en práctica, a costa de las que no lo hacen.

La metodología de los centros financieros extraterritoriales conducto/sumidero

La taxonomía procede de una reconstrucción de las redes mundiales de propiedad empresarial a partir de una base de datos que registra las relaciones de propiedad entre millones de empresas de todo el mundo. Rastreando las cadenas de propiedad empresarial y ponderándolas por los ingresos de explotación de las empresas situadas en su base, los investigadores que la elaboraron distinguieron entre las jurisdicciones donde el valor se acumula (sumideros) y aquellas por las que, en su mayor parte, solo transita (conductos). Las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Jersey, las Bermudas y las Islas Caimán figuran entre los 24 sumideros; los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza, Singapur e Irlanda son los cinco conductos principales. Un pago que fluye desde una filial operativa alemana hacia una sociedad holding de las Islas Caimán podría pasar por una entidad intermedia neerlandesa o irlandesa, y cada capa reduciría la retención en la etapa correspondiente. El hallazgo de que cuatro de los cinco conductos principales son miembros de la OCDE, con los Países Bajos y el Reino Unido como los mayores, obliga a replantear el relato convencional sobre la geografía de los paraísos fiscales.

Quién los usa

La prima de rentabilidad pertenece sobre todo a la infraestructura empresarial ordinaria de los negocios internacionales: las estructuras de grupo y las políticas de precios de transferencia de las multinacionales que aparecen en cualquier lista Fortune 500 y en cualquier índice FTSE. Los oligarcas que canalizan activos estatales robados a través de sociedades pantalla son otra historia, más pequeña.

Las operaciones intragrupo, es decir, las transferencias de bienes, servicios, propiedad intelectual y capital entre filiales de una misma sociedad matriz, suponen una parte considerable del comercio internacional: en Estados Unidos, el comercio entre partes vinculadas representó casi el 43 % de todo el comercio de bienes en 2025. El marco de precios de transferencia de la OCDE existe precisamente para ocuparse de ellas. Las reglas que rigen cómo se valoran esas operaciones, conocidas como precios de transferencia, determinan dónde aterriza la renta imponible. El principio de plena competencia, eje de los precios de transferencia internacionales, establece que las operaciones intragrupo deben valorarse como si se realizaran entre partes independientes a precios de mercado. Cuando se trata de propiedad intelectual, para la que no existe una comparación de mercado genuina, este principio deja en la práctica un margen enorme para la valoración creativa.

Google estructuró sus beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos mediante lo que llegó a conocerse como el doble irlandés con sándwich holandés (Double Irish with Dutch Sandwich): dos entidades constituidas en Irlanda, una de ellas gestionada desde las Bermudas a efectos fiscales (lo que la hacía irlandesa para el derecho tributario estadounidense, pero bermudeña para el irlandés), y una sociedad holding neerlandesa entre ambas. Los cánones fluían desde la entidad irlandesa operativa, a través de la entidad neerlandesa, hasta la entidad irlandesa gestionada desde las Bermudas que poseía la propiedad intelectual, y la renta imponible se reducía en cada etapa. Solo en 2017, Google desvió aproximadamente 23.000 millones de dólares de beneficios a las Bermudas mediante esta estructura. El tipo impositivo pagado sobre esas rentas en las Bermudas fue cero, porque las Bermudas no gravaban entonces la renta de las sociedades (no introdujeron un impuesto del 15 % sobre las grandes multinacionales hasta 2025).

El logro de Apple fue más concentrado. El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos informó en mayo de 2013 de que Apple Sales International, la filial irlandesa que contabilizaba la mayor parte de los ingresos por ventas de Apple fuera del continente americano, había pagado 10 millones de dólares en impuestos sobre 22.000 millones de dólares de ingresos en 2011, alrededor del 0,05 %, mientras que otra filial irlandesa, Apple Operations International, no había pagado impuesto sobre sociedades en ninguna parte. Ese tipo era el resultado de estructuras con filiales irlandesas que Irlanda no consideraba residentes fiscales porque se gestionaban desde otro lugar, y que Estados Unidos no consideraba residentes fiscales porque estaban constituidas en Irlanda. A efectos prácticos, no eran residentes fiscales en ninguna parte. El patrón precede en décadas a las estructuras de Apple: James Hines y Eric Rice, que analizaron datos de 1982, constataron que las filiales de multinacionales estadounidenses en paraísos fiscales representaban más del 20 % de la inversión extranjera directa de Estados Unidos y casi un tercio de los beneficios en el exterior de las empresas estadounidenses, con tasas de beneficio declaradas extraordinariamente altas.

El doble irlandés se cerró a nuevos usuarios a partir de 2015 y quedó totalmente suprimido en 2020. Es fácil leer ese cierre como prueba de que la reforma funciona; sin embargo, los mecanismos que lo sucedieron lo han sustituido en gran medida, sobre todo el traslado de la propiedad intelectual a la propia Irlanda, que contribuyó a disparar un 26 % el PIB irlandés registrado en 2015.

Los fondos de pensiones, los instrumentos de ahorro para la jubilación de trabajadores corrientes de Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, invierten habitualmente en capital riesgo e infraestructuras a través de fondos de las Islas Caimán; según los propios datos del sector, en torno al 70 % de los fondos de inversión alternativa no estadounidenses gestionados por asesores registrados ante la SEC están domiciliados allí. La estructura caimanesa es fiscalmente neutra: no añade una capa adicional de impuesto sobre la renta en el propio fondo. Los fondos soberanos hacen lo mismo. Es legal, está generalizado y resulta invisible en el debate público sobre las finanzas extraterritoriales, que tiende a centrarse en la gran empresa o en el multimillonario y a pasar por alto al beneficiario del plan de pensiones situado en el otro extremo de la misma cadena.

El doble irlandés con sándwich holandés

La estructura funcionaba a través de tres entidades. La sociedad A estaba constituida en Irlanda, pero se gestionaba desde las Bermudas; con arreglo al derecho irlandés de la época, la residencia fiscal seguía a la gestión, de modo que la sociedad A era residente en las Bermudas a efectos irlandeses. Para el derecho tributario estadounidense, en cambio, estaba constituida en Irlanda y era, por tanto, extranjera. La sociedad A poseía la propiedad intelectual. La sociedad B era una sociedad holding neerlandesa. La sociedad C era la segunda entidad irlandesa, residente de verdad en Irlanda, titular de la licencia para explotar la propiedad intelectual en los mercados de fuera de Estados Unidos. Los cánones cobrados a las filiales operativas de todo el mundo fluían hacia la sociedad C, que pagaba cánones a la sociedad B (reduciendo la renta imponible irlandesa), que a su vez pagaba cánones a la sociedad A (ya en las Bermudas, con tributación nula).

La entidad neerlandesa reducía la retención que, de otro modo, se habría aplicado al flujo de cánones. Para cuando la renta llegaba a las Bermudas, había quedado despojada de carácter imponible en cada etapa. En 2014, bajo la presión de la Unión Europea y de Estados Unidos, Irlanda decidió cerrar esta estructura a nuevos usuarios a partir de 2015 y a los existentes a finales de 2020. El régimen knowledge development box, introducido en 2016, ofrecía un tipo del 6,25 % para las rentas procedentes de propiedad intelectual cualificada, basada en I+D.

El teatro de la reforma: BEPS, el Pilar Dos y lo que no hacen

El proyecto sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), lanzado por la OCDE y el G20 en 2013 con un plan de acción de quince puntos y culminado con los informes finales de octubre de 2015, constituye una obra institucional internacional ambiciosa. En 2024, el Marco Inclusivo había crecido hasta superar las 145 jurisdicciones miembros. De los más de 300 regímenes preferenciales que la OCDE ha examinado desde que comenzó el proceso, contabiliza alrededor del 40 % como suprimidos o en vías de supresión. Los requisitos de información país por país introducidos con la Acción 13 de BEPS han generado más datos para las administraciones tributarias sobre el reparto de beneficios de las multinacionales que en ningún otro momento de la historia.

Nada de ello cerró la brecha. Las acciones son recomendaciones, no leyes. Incluso los cuatro «estándares mínimos», que los miembros se comprometen a cumplir y someten a revisión entre pares, solo surten efecto a través de la legislación nacional o de los convenios fiscales, aplicados por parlamentos nacionales expuestos a la presión de los grupos de interés de las multinacionales más afectadas por la reforma. Tampoco aborda BEPS la estructura de incentivos subyacente. Los países siguen siendo libres de fijar sus tipos nominales del impuesto sobre sociedades al nivel que quieran. El marco ataja los abusos más flagrantes, estructuras nominalmente conformes a la norma pero abiertamente artificiales, sin tocar el mecanismo central de la competencia a la baja en los tipos.

El principio de plena competencia en materia de precios de transferencia, que BEPS conservó y en algunos aspectos reforzó, descansa sobre una ficción jurídica: que el pago que la filial irlandesa de una multinacional hace a su matriz bermudeña por el uso de la propiedad intelectual es comparable a una transacción de mercado entre partes independientes. Para la mayor parte de la propiedad intelectual, no existe ninguna transacción de mercado comparable. La alternativa es el reparto por fórmula, que divide los beneficios de las multinacionales según dónde se encuentran realmente las ventas, el empleo y los activos. La ficción es necesaria porque esa alternativa exigiría una reestructuración de fondo del derecho tributario internacional que las grandes economías nunca han estado dispuestas a adoptar.

El Pilar Dos, el segundo de la solución de dos pilares acordada en 2021 y en vigor desde el 1 de enero de 2024 en las jurisdicciones que lo aplican, introdujo un tipo mínimo global del impuesto sobre sociedades del 15 % para las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. La ambición era eliminar la competencia de tipos en el escalón más bajo del mercado: si todas las jurisdicciones aplican un impuesto complementario que lleve el tipo efectivo al 15 %, deja de haber incentivo alguno para canalizar beneficios hacia jurisdicciones de tipo cero.

La exclusión de rentas basada en la sustancia matiza esa ambición. Las multinacionales pueden excluir del beneficio sujeto al impuesto complementario un porcentaje del valor contable de sus activos materiales y de sus costes salariales en cada jurisdicción: un 5 % de cada uno a largo plazo, pero más durante una transición de diez años (un 7,4 % de los activos materiales y un 9,4 % de los costes salariales para los periodos que comiencen en 2026). Para un fabricante intensivo en capital, con activos físicos y empleados reales en una jurisdicción de baja tributación, esta exclusión reduce la deuda por el impuesto complementario. Para una empresa tecnológica o farmacéutica cuyo principal activo es la propiedad intelectual, radicada en una jurisdicción con una presencia física mínima, la exclusión sirve de relativamente poco, y son esas empresas las que practican la mayor parte del traslado de beneficios. Para los grupos con plantas y plantillas considerables en jurisdicciones de baja tributación, el suelo efectivo puede quedar, por tanto, muy por debajo del 15 %.

Estados Unidos agrava el problema. La ley de reconciliación presupuestaria firmada en julio de 2025, conocida popularmente como One Big Beautiful Bill Act, rebautizó el régimen Global Intangible Low-Taxed Income como «net CFC tested income» y fijó su tipo en el 12,6 % antes de los créditos por impuestos extranjeros, por debajo del suelo del 15 % del Pilar Dos. En lugar de que Estados Unidos se alineara con el estándar internacional, fue el estándar el que se movió para adaptarse a él: en enero de 2026, el Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 adoptó un acuerdo «paralelo» (side-by-side) en virtud del cual los grupos con matriz estadounidense pueden optar, a partir de 2026, por quedar exentos de las reglas de inclusión de rentas y de beneficios insuficientemente gravados de otros países, aunque sigan pagando los impuestos complementarios mínimos nacionales allí donde operan. El resultado es una brecha persistente: las multinacionales estadounidenses no se enfrentan a la misma arquitectura de impuesto mínimo que sus competidoras europeas. La brecha refleja los intereses de las multinacionales estadounidenses que se benefician de la arquitectura actual, intereses bien representados en el Congreso de Estados Unidos.

La exclusión de rentas basada en la sustancia del Pilar Dos

La exclusión se calcula jurisdicción por jurisdicción. Una multinacional con 100 millones de euros en activos materiales y 40 millones de euros en costes salariales en una jurisdicción con un impuesto sobre sociedades del 9 %, una vez concluida la transición en 2033, excluirá 5 millones de euros (5 % × 100 mill. €) más 2 millones de euros (5 % × 40 mill. €) de beneficio antes de aplicar el porcentaje del impuesto complementario al beneficio excedente restante; para un periodo que comience en 2026, la exclusión es mayor: 7,4 millones de euros (7,4 % × 100 mill. €) más 3,76 millones de euros (9,4 % × 40 mill. €). La exclusión se aplica con independencia de que los activos y la plantilla estén allí por razones comerciales o precisamente para aprovecharla. La exclusión resulta más valiosa para los grupos con fábricas y plantillas reales en lugares de baja tributación, y menos útil para los grupos cargados de propiedad intelectual de los sectores tecnológico, farmacéutico y de marcas de consumo, cuyo principal activo generador de beneficios es intangible, cuya huella física en jurisdicciones de baja tributación es mínima y que practican la mayor parte del traslado de beneficios.

La economía política del fracaso permanente

Las estimaciones actuales indican que la proporción de la recaudación del impuesto sobre sociedades que se pierde por el traslado de beneficios ha pasado de alrededor del 1 % en 1975 al 8 % en 2023, tras alcanzar su máximo a finales de la década de 2010. El tipo nominal medio mundial del impuesto sobre sociedades, ponderado por el PIB, cayó de alrededor del 47 % en 1980 al 26 % en 2025. Ese descenso lo impulsó la competencia. Cada país que rebajó su tipo lo hizo de forma racional, desde su propia perspectiva, para atraer o retener inversión, y ninguno tenía motivos para detenerse por su cuenta.

El caso Apple/Irlanda muestra esa economía política en acción. En 2016, la Comisión Europea dictaminó que Irlanda había concedido a Apple ayudas de Estado ilegales a través de sus acuerdos fiscales; en concreto, que la Administración tributaria irlandesa (Revenue Commissioners) había emitido dictámenes sobre las estructuras fiscales de Apple que equivalían a un trato selectivo del que no disponían otras empresas. La Comisión ordenó a Irlanda recuperar aproximadamente 13.000 millones de euros en impuestos no pagados.

Irlanda recurrió junto con Apple. El Tribunal General anuló la decisión de la Comisión en 2020. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea la restableció el 10 de septiembre de 2024. Los fondos, unos 14.250 millones de euros con los intereses acumulados, se abonaron íntegramente al Tesoro irlandés a más tardar en mayo de 2025.

El Gobierno irlandés pasó la mayor parte de una década litigando para no recibir 13.000 millones de euros que legalmente se le debían. Desplegó considerables recursos públicos y capital político para evitar cobrar dinero a una empresa que apenas había pagado nada sobre unos beneficios obtenidos gracias a mecanismos irlandeses. El Gobierno defendía racionalmente un modelo de desarrollo soberano que había dado resultados reales. El modelo económico del país depende de atraer inversión extranjera directa gracias a una combinación de acceso a la UE, una mano de obra cualificada y anglófona y un régimen fiscal que convierte a Irlanda en una ubicación competitiva para las sedes y las estructuras de tenencia de las multinacionales. Cobrar 13.000 millones de euros a Apple, y transmitir a todas las demás multinacionales con una estructura irlandesa que sus acuerdos fiscales podían anularse años después, era una amenaza directa a los cimientos de ese modelo. El cálculo del Gobierno irlandés no era difícil: renunciar a 13.000 millones de euros en un pago único o arriesgarse a perder la base de inversión extranjera que genera decenas de miles de millones al año.

Estados Unidos alberga, en Delaware, el domicilio societario más conocido del mundo, y en 2018 sus multinacionales desviaron más de la mitad de sus beneficios en el exterior a paraísos fiscales, aproximadamente el doble que las multinacionales de otros países. El Reino Unido mantiene vínculos constitucionales con Jersey y Guernsey (dependencias de la Corona con autogobierno) y con las Islas Caimán (territorio británico de ultramar), y es en sí mismo uno de los dos mayores conductos del mundo para la propiedad empresarial extraterritorial. Francia, Alemania y los Países Bajos predican la reforma en los grupos de trabajo de la OCDE mientras sus propias multinacionales recurren profusamente a estructuras neerlandesas y luxemburguesas. Solo los fondos de inversión de Luxemburgo tienen unos 6,7 billones de euros en activos netos, lo que convierte la administración de fondos en un pilar de su economía.

Estas posiciones expresan los intereses de Estados que quieren dos cosas a la vez: parecer que apoyan la reforma y evitar llevarla a cabo a un ritmo que perjudique a sus propios actores. El proceso de la OCDE sirve bien a ambos intereses. Genera informes, marcos, planes de acción y listas de miembros del Marco Inclusivo, y crea un relato de progreso. Sus resultados son reales, pero limitados, y deja intactos los incentivos estructurales de la competencia de tipos, los precios de plena competencia, la búsqueda del convenio más favorable y la cesión de licencias de propiedad intelectual.

El caso de ayudas de Estado de la UE Apple/Irlanda

La decisión original de la Comisión Europea, de 2016, concluyó que Irlanda había emitido en 1991 y 2007 dictámenes fiscales que permitían a dos filiales de Apple constituidas en Irlanda atribuir casi todos sus beneficios por ventas a unas «sedes centrales» que solo existían sobre el papel, sin empleados ni locales, en lugar de a sus sucursales irlandesas. El resultado fue que los beneficios de las operaciones de Apple en Europa, Oriente Próximo, África e India no tributaban, en la práctica, en ninguna jurisdicción. La Comisión concluyó que ello constituía una ayuda de Estado selectiva. Irlanda recurrió alegando que la Comisión había aplicado mal la normativa europea sobre ayudas de Estado y malinterpretado el derecho tributario irlandés. El Tribunal General le dio la razón en 2020. El TJUE revocó esa sentencia el 10 de septiembre de 2024 y restableció la decisión original de la Comisión. El pago de aproximadamente 14.250 millones de euros, retenido en una cuenta de depósito en garantía durante el litigio, se transfirió al Tesoro irlandés a más tardar en mayo de 2025. Irlanda había dedicado ocho años y cuantiosos recursos jurídicos a luchar para no recibir esa suma.

Por qué no puede cambiar

Una reforma auténtica del sistema tributario internacional exigiría un conjunto concreto de condiciones. Las mayores economías del mundo (Estados Unidos, el Reino Unido, los principales Estados miembros de la UE) tendrían que actuar simultáneamente contra los intereses materiales de sus empresas más poderosas y de sus ciudadanos más ricos, y aceptar un periodo de desventaja competitiva mientras se desarrollaba la transición, sin garantía alguna de que otras jurisdicciones fueran a seguirlas. También tendrían que imponerse a la capacidad de presión de entidades que pueden trasladar capital, propiedad intelectual y sedes nominales de un país a otro como no pueden hacerlo los ciudadanos corrientes ni las pequeñas empresas. Y ninguna de ellas tendría la ventaja de moverse primero, porque el país que se mueve primero exporta sus multinacionales al que no lo ha hecho.

Una mejor coordinación entre instituciones no lo arreglaría, porque el obstáculo es estructural: en este sistema, quienes controlan las reglas son quienes se benefician de ellas. El sistema extraterritorial fue construido deliberadamente, a lo largo de décadas, por los mismos Estados e instituciones financieras que nominalmente se oponen a él, como parte de la construcción de la globalización.

La elusión fiscal (sociedades de tenencia, búsqueda del convenio más favorable, cesión de licencias de propiedad intelectual, precios de transferencia) es legal. La evasión fiscal (ocultar ingresos, falsear registros, mantener cuentas no declaradas) no lo es. La distinción es real y debe mantenerse. Los papeles de Panamá y los papeles de Pandora documentaron una auténtica actividad delictiva junto a la elusión legal, y esa actividad delictiva merece persecución penal. Pero la distinción no puede hacer el trabajo ideológico que suele encomendársele: no puede explicar por qué la elusión a la escala que muestran las estimaciones del traslado de beneficios sería de algún modo ajena al sistema del que depende. Las estructuras son legales porque los Estados que redactan la legislación tributaria las redactaron para que lo fueran. La línea entre elusión y evasión la traza la misma economía política que produjo el sistema, y ningún principio neutral decide dónde cae.

Las empresas y los grandes patrimonios que más se benefician de los mecanismos extraterritoriales son quienes tienen más capacidad de presionar contra la reforma. Financian investigaciones favorables a la competencia fiscal. Pueden, si cambian las reglas, trasladar la propiedad intelectual, las sedes y, en última instancia, el capital de maneras que imponen costes reales a las jurisdicciones que intentan reformar. El desequilibrio entre quienes se benefician y quienes soportan el coste, y entre quienes tienen opciones de salida y quienes no, es el mecanismo que reproduce el sistema a lo largo de ciclos políticos e iniciativas de reforma, sea cual sea el partido o la ideología en el poder.

El mínimo del Pilar Dos pretende impedir que los Estados que compiten por una base imponible móvil lleven los tipos por debajo del 15 %. Con la exclusión basada en la sustancia rebajando aún más el suelo efectivo, con Estados Unidos fijando el 12,6 % mediante la OBBBA y con los grupos de matriz estadounidense pudiendo, desde 2026, sustraerse a las principales reglas de aplicación de otros países, la carrera, en el mejor de los casos, se ha puesto en pausa.

Conclusión

El principio de plena competencia en los precios de transferencia tendría que dar paso al reparto por fórmula, una medida que redistribuiría a gran escala la renta imponible y que las grandes economías nunca han adoptado, pese a las reiteradas propuestas en Europa. Irlanda tendría que abandonar la estrategia de desarrollo que la convirtió de país de emigración neta en destino neto, y el Reino Unido tendría que rehacer la relación entre la City y las dependencias de la Corona. En Estados Unidos, el Congreso tendría que imponerse a las preferencias de unas multinacionales que lo presionan intensamente y cuyos comités de acción política ayudan a financiar las campañas de sus miembros.

Veintiséis años después de que la OCDE enumerara 82 objetivos que eliminar, después de quince acciones, un mínimo global y casi 150 miembros del Marco Inclusivo, alrededor de un tercio de los beneficios que las multinacionales obtienen en el exterior sigue desviándose a paraísos fiscales.

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• Tax Havens: How Globalization Really Works — Ronen Palan, Richard Murphy, Christian Chavagneux (2010). Panorama académico de cómo se construyen los paraísos fiscales y cómo encajan en las finanzas globales normales; citado en el artículo.
• La riqueza oculta de las naciones — Gabriel Zucman (2014). Estimación breve y basada en datos de cuánta riqueza de los hogares está en el extranjero, con propuestas para cambiar los incentivos de los paraísos fiscales.
• Las islas del tesoro — Nicholas Shaxson (2014). La historia crítica de un periodista sobre el sistema offshore, desde la City de Londres hasta Delaware.

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Principales fuentes y referencias

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Baker McKenzie. “Pillar Two Side-by-Side Package Released.” January 2026. bakermckenzie.com https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/01/pillar-two-side-by-side-package-released

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