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En resumen
Los Convenios de Ginebra tienen 196 Estados parte, un alcance que solo igualan unos pocos tratados. Sin embargo, el mundo tiene más de 120 conflictos armados, y Vladímir Putin, buscado con una orden de detención de la Corte Penal Internacional, sigue en libertad. Eso responde, más o menos, al diseño. Todos los controles externos o casi nunca se usan o exigen el consentimiento del infractor. Tres de los cinco titulares del veto en el Consejo de Seguridad están fuera de la CPI. Sigue habiendo juicios, pero sobre todo cuando un actor poderoso ya ha perdido o cuando se puede llegar hasta el acusado.
Contenido
El 12 de agosto de 2024, la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, publicó un comunicado con motivo del 75.º aniversario de los Convenios de Ginebra. «En un mundo dividido», dijo, «los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario encarnan valores universales que preservan la vida y la dignidad». Hasta el mensaje de aniversario traía una advertencia. El CICR afirmó que el derecho internacional humanitario estaba «sometido a tensión» y declaró que «el mundo debe volver a comprometerse con este marco sólido y protector para los conflictos armados».
Seis semanas después, el CICR publicó su Informe sobre los Desafíos. Contaba más de 120 conflictos armados en todo el mundo. Describía ataques sistemáticos contra instalaciones médicas, detenidos sometidos a tortura, civiles tratados como objetivos militares. El informe repetía lo que el CICR viene diciendo desde su primer informe de este tipo, en 2003: «el desafío más importante para el DIH es la falta de respeto de sus normas».
Leídos juntos, los dos documentos describen esta situación: 196 Estados son parte en los Convenios de Ginebra —una ratificación universal, un alcance que solo igualan unos pocos tratados—. Y, sin embargo, el mundo tiene más de 120 conflictos armados en los que esos tratados se están violando, y 34 personas buscadas con órdenes de detención de la Corte Penal Internacional siguen en libertad, entre ellas Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu.
Por qué los Estados violan estas normas no es ningún misterio: para la mayoría de ellos, cuando lo hacen pasa poco. La pregunta difícil es cómo un marco jurídico logra a la vez una ratificación casi universal y una violación casi sistemática sin que eso se entienda como un fallo de diseño. Si se rastrea hasta sus orígenes, la arquitectura de aplicación pasa por un sistema de Potencias protectoras que los Estados rara vez han puesto en marcha desde 1949, y nunca en las largas guerras de Corea, Vietnam o Irán-Irak; por una Comisión de Encuesta que jamás ha hecho pública una investigación sobre infracciones graves; y por el mapa jurisdiccional de la CPI, con sus lagunas deliberadas. Seguida hasta el final, describe un mecanismo que funciona más o menos como lo construyeron sus firmantes.
Lo que dice el texto
Cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 protege a un grupo de personas. El I Convenio de Ginebra ampara a los heridos y enfermos de la guerra terrestre. El II, a los heridos, enfermos y náufragos en el mar. El III se ocupa de los prisioneros de guerra; su artículo 17 limita lo que un prisionero está obligado a revelar (nombre, grado, fecha de nacimiento y número de matrícula), y su artículo 130 enumera las infracciones graves. El IV protege a los civiles que se encuentran en poder del enemigo, ya sea en territorio ocupado o en el propio territorio de un beligerante: prohíbe los castigos colectivos, las deportaciones desde el territorio ocupado y la destrucción de bienes en él, salvo que las operaciones militares la hagan absolutamente necesaria.
Después llegaron tres Protocolos adicionales, los dos primeros en 1977. El PA I codificó los principios de distinción y proporcionalidad para los conflictos armados internacionales: la obligación de distinguir entre combatientes y civiles y de evitar los ataques cuyo daño a la población civil sea excesivo en relación con la ventaja militar. El PA II extendió unas protecciones mínimas a los conflictos armados no internacionales. El PA III, de 2005, añadió el cristal rojo como emblema protector reconocido.
El artículo 3 común figura de forma idéntica en los cuatro Convenios. Fija normas mínimas para las guerras civiles y los conflictos internos: protección de los no combatientes, trato humano, prohibición de la tortura y de los «atentados contra la dignidad personal». En 1986, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, confirmó que el artículo 3 común refleja un derecho internacional consuetudinario que obliga a todos los Estados, hayan ratificado o no el tratado.
El régimen de las infracciones graves, detallado en un artículo equivalente de cada uno de los cuatro Convenios, es concreto, aunque la lista varía de un tratado a otro. Los cuatro incluyen el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos y el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos. Los Convenios sobre prisioneros de guerra y sobre civiles añaden obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas de la potencia enemiga, y el Convenio sobre civiles añade la deportación o el traslado ilegales y la toma de rehenes. Es una lista penal. Los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido infracciones graves y hacerlas comparecer ante sus propios tribunales o entregarlas para que sean juzgadas en otro lugar.
Hay más Estados parte en los Convenios que miembros de las Naciones Unidas. Algunas normas, como la de proporcionalidad, exigen juicios difíciles sobre el terreno, pero las prohibiciones esenciales de la tortura, la toma de rehenes y el asesinato de prisioneros son inequívocas, así que la distancia entre el texto y la práctica no puede achacarse a la vaguedad.
Incluso el artículo 3 común costó lo suyo. En la conferencia diplomática de 1949, los Estados se resistieron con fuerza. Conceder protección jurídica a grupos armados no estatales, como rebeldes, insurgentes y movimientos anticoloniales, suponía reconocerlos implícitamente como partes con derechos. El texto final incluye una cláusula explícita para disipar ese temor: su aplicación «no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto». Los Estados podían cumplir las normas sin admitir que aquellos contra quienes luchaban tuvieran legitimidad alguna. La misma lógica de preservar la soberanía recorre la arquitectura de aplicación que se describe a continuación.
Lo que se supone que hace una Potencia protectora
El artículo 8 de los tres primeros Convenios (el artículo 9 del cuarto) establece el sistema de Potencias protectoras: un Estado neutral, designado para salvaguardar los intereses de un beligerante, supervisa la aplicación de los Convenios y transmite las comunicaciones entre las partes. Artículos posteriores dotan a sus delegados de poderes reales. El artículo 126 del III Convenio y el artículo 143 del IV los autorizan a acudir a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra o civiles internados y a entrevistarse con los detenidos sin testigos. Si no hay una Potencia protectora, el artículo 10 (el 11 del IV Convenio) prevé un sustituto, y una organización humanitaria como el CICR puede asumir las funciones humanitarias. En más de siete décadas, el cargo solo se ha ocupado un puñado de veces, con mayor claridad en la guerra de las Malvinas de 1982, cuando Suiza actuó en nombre del Reino Unido y Brasil en nombre de Argentina.
La maquinaria que no funciona
Se idearon tres controles externos para vigilar a los Estados en guerra: las Potencias protectoras neutrales, una comisión permanente de encuesta y el CICR.
Potencias protectoras
Desde 1949 solo se han designado Potencias protectoras en un puñado de conflictos. No las hubo en Corea, Vietnam, la guerra Irán-Irak, las guerras del Golfo, los conflictos de los Balcanes de los años noventa, Afganistán, Irak o Gaza. El sistema es propio de las guerras entre Estados; en las guerras puramente internas, como la de Siria, no se aplica en absoluto. Los cuatro Convenios disponen que se apliquen «con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras», y el Protocolo adicional I obliga a cada parte, desde el comienzo de un conflicto de ese tipo, a designarlas o a aceptar un sustituto. En la práctica, casi ninguna parte lo ha hecho nunca.
El caso de las Malvinas muestra hasta qué punto la norma se ha vuelto opcional. Ni siquiera allí, en el primer uso inequívoco de Potencias protectoras desde la Segunda Guerra Mundial, los dos Estados neutrales desempeñaron funciones importantes en el ámbito militar. El mecanismo solo funciona cuando ambos beligerantes deciden dejar que un Estado neutral mire por encima de su hombro.
Durante la guerra Irán-Irak, el acceso del CICR a los prisioneros de guerra fue parcial y se interrumpió una y otra vez: su labor en favor de los prisioneros iraquíes retenidos en Irán quedó suspendida desde octubre de 1984 hasta 1986. El mecanismo de la Potencia protectora, de haber funcionado, habría aportado el tipo de verificación neutral que faltó. En cambio, incluso al observador de reserva se le cerró la puerta. Decenas de miles de soldados pasaron años en cautiverio, y las repatriaciones se prolongaron mucho después del alto el fuego de 1988.
La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta
La CIHE se creó en virtud del artículo 90 del Protocolo adicional I y se constituyó formalmente en 1991. Su mandato: investigar las presuntas infracciones graves y violaciones graves del DIH. La Comisión solo puede actuar cuando los Estados afectados han aceptado su competencia, ya sea de antemano, mediante una declaración conforme al artículo 90, o para el caso concreto.
Desde entonces, la Comisión se ha activado formalmente dos veces. En 2017, la OSCE le pidió que dirigiera una investigación forense en el este de Ucrania sobre una explosión que mató a un paramédico de la OSCE e hirió a dos observadores. Concluyó que la detonación procedía probablemente de una mina antitanque colocada poco antes, un hallazgo de verdadero valor forense, aunque no una investigación sobre infracciones graves. En 2024, después de que un ataque contra cooperantes de World Central Kitchen en Gaza matara a siete personas, entre ellas un ciudadano polaco, el Gobierno de Polonia firmó un memorando de entendimiento con la CIHE sobre el incidente. Polonia no era parte en el conflicto. La Comisión entregó un informe confidencial al Gobierno polaco en octubre de aquel año; sus conclusiones no se han hecho públicas. En agosto de 2026, el ejército israelí cerró su propio caso al no encontrar «ninguna sospecha razonable de conducta delictiva», una decisión que, según Polonia, la dejó «muy decepcionada». En treinta y cinco años, la Comisión nunca ha hecho pública una investigación sobre infracciones graves.
El pacto del CICR
Entre las muchas organizaciones humanitarias que trabajan en zonas de guerra, el CICR tiene un derecho reconocido por tratado que ninguna otra posee: en las guerras entre Estados, los Convenios facultan a sus delegados para visitar a los prisioneros de guerra y a los civiles internados. Sus delegados visitan centros de detención, vigilan el trato que reciben los combatientes heridos, buscan a personas desaparecidas. Ese acceso da resultados. Pero su forma de trabajar, que el propio CICR llama «bilateral y confidencial», implica que, cuando sus delegados observan violaciones, comunican sus conclusiones en privado a las autoridades responsables. Por norma, no se publica nada y las conclusiones se quedan en manos de las autoridades afectadas.
El CICR explica por qué: si las partes creyeran que el CICR iba a hacer públicas sus conclusiones, probablemente le negarían el acceso. A un organismo conocido por publicar lo que ve rara vez se le concedería el acceso que le permite ver algo.
O el CICR calla y conserva su acceso a los detenidos, o habla y se arriesga a perder el acceso a los recintos donde están recluidos. La confidencialidad es una política propia del CICR, no una condición de los tratados, y en muchas guerras no existe en absoluto un derecho de acceso reconocido por tratado. El acceso se negocia entonces con quien tenga a los prisioneros, y esas autoridades abren sus puertas con más facilidad a un visitante que solo les rinde cuentas a ellas. El CICR acepta el pacto, porque la alternativa amenaza con dejar a esos detenidos sin nadie.
El CICR se reserva el derecho de denunciar públicamente, pero solo de forma excepcional: cuando las violaciones son importantes y reiteradas, y solo después de haber «agotado todos los demás medios razonables» para persuadir a la parte responsable. Lo ha hecho, de vez en cuando. Pero esa opción tiene un coste directo, porque pone en peligro el mismo acceso del que depende su trabajo.
La jurisdicción universal
Los Convenios obligan a los Estados a juzgar o extraditar a cualquier persona acusada de infracciones graves, con independencia de la nacionalidad del acusado o del lugar del crimen. La prueba más conocida de la jurisdicción universal en la práctica se hizo a través del derecho penal alemán y no de la cláusula de infracciones graves de los Convenios: en enero de 2022, el Tribunal Superior Regional de Coblenza condenó por crímenes de lesa humanidad a Anwar Raslan, coronel de los servicios de inteligencia sirios que dirigía la sección de investigaciones de la Rama 251 de la Dirección General de Inteligencia de Siria. El tribunal determinó que unos 4000 detenidos fueron torturados bajo su autoridad y lo declaró responsable, como coautor, de torturas, 27 asesinatos y violaciones y agresiones sexuales. Fue condenado a cadena perpetua, y el Tribunal Supremo Federal de Alemania confirmó la sentencia en 2024.
Raslan ocupaba un puesto intermedio en una rama de ese sistema. Los altos cargos que lo diseñaron y lo autorizaron siguen fuera del alcance de cualquier detención. En mayo de 2024, un tribunal de París que juzgaba la muerte de dos ciudadanos franco-sirios condenó en ausencia a cadena perpetua a tres de los más altos responsables, entre ellos el jefe de seguridad Ali Mamluk y Yamil Hasan, director de la Inteligencia de la Fuerza Aérea; ninguno de ellos está detenido. Un antiguo jefe de Estado, el chadiano Hissène Habré, fue condenado solo porque había huido a Senegal, donde un tribunal especial lo juzgó en 2016. La jurisdicción universal atrapa a los acusados a los que un Estado que juzga puede detener; los que todavía están protegidos por un Gobierno quedan fuera de su alcance.
La corte que no llega
Según el Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de un Estado miembro, por un nacional de un Estado miembro o en el territorio de un Estado no miembro que acepte la jurisdicción de la Corte mediante una declaración. Una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU también puede extender la jurisdicción con independencia de la pertenencia.
Estados Unidos, Rusia y China no son miembros. Los crímenes cometidos por nacionales de esos tres Estados en el territorio de Estados no miembros solo entran en la jurisdicción de la CPI si el Estado territorial presenta una declaración conforme al artículo 12.3 que acepte la jurisdicción de la Corte o si el Consejo de Seguridad remite la situación. El derecho de veto en el Consejo de Seguridad lo tienen cinco Estados: Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Tres de esos cinco titulares del veto están fuera de la CPI y, como los Estados más capaces de cometer o encubrir violaciones a gran escala, tienen el poder de bloquear la vía del Consejo que podría poner a sus nacionales al alcance de la Corte.
En la Conferencia de Roma de 1998, el embajador David Scheffer, negociador principal del Gobierno de Clinton y jefe de la delegación estadounidense, presionó a favor de una enmienda que exigía el consentimiento del Estado de nacionalidad del sospechoso antes de que la Corte pudiera actuar. La conferencia se negó: cuando Estados Unidos pidió una votación, una moción para no tomar ninguna medida fue «aprobada por abrumadora mayoría». Scheffer dejó constancia oficial de esa posición, y de su derrota, ante una subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado pocos días después de la votación. Había sido la posición estadounidense explícita durante toda la negociación. Estados Unidos votó en contra del Estatuto de Roma. Clinton firmó el tratado a finales de 2000, lo que preservaba la capacidad de Estados Unidos de participar en el desarrollo de la Corte sin ratificarlo. El Gobierno de Bush «retiró la firma» en mayo de 2002 y notificó formalmente a la ONU que Estados Unidos no tenía intención de ratificarlo. Después negoció acuerdos bilaterales de inmunidad del artículo 98 con más de 100 países, en virtud de los cuales esos Estados no entregarían a nacionales estadounidenses a la Corte. Roma no le dio a Washington el escudo que pedía, así que Estados Unidos construyó su protección fuera del tratado.
Las remisiones del Consejo de Seguridad han dado lugar a dos situaciones ante la CPI: Darfur en 2005 y Libia en 2011. La remisión de Darfur se aprobó por 11 votos contra 0, con las abstenciones de Argelia, Brasil, China y Estados Unidos, e incluía una cláusula que reservaba a los Estados contribuyentes no miembros la jurisdicción exclusiva sobre su personal por actos vinculados a operaciones en Sudán autorizadas por el Consejo o por la Unión Africana. La remisión de Libia se aprobó por unanimidad. Una remisión sobre Siria fue vetada, y para Yemen ni siquiera se intentó. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, Estados Unidos vetó seis proyectos del Consejo de Seguridad sobre Gaza; todos salvo el primero exigían un alto el fuego.
La sobrerrepresentación de acusados africanos en los procesos de la CPI es un patrón documentado: la mayoría de los procesados y todas las condenas hasta la fecha corresponden a situaciones del continente africano. Buena parte de ello se debe al alcance: la pertenencia y el veto del Consejo de Seguridad deciden dónde tiene jurisdicción la Corte, y los acuerdos del artículo 98 limitan a quién se le puede entregar. Las decisiones de la Fiscalía también influyeron. Varios casos africanos llegaron a la Corte porque los propios Gobiernos afectados los remitieron, y allí donde la Corte podía actuar contra fuerzas occidentales, la Fiscalía se ha echado atrás dos veces: en 2020 cerró el examen preliminar sobre la conducta británica en Irak sin abrir una investigación, al considerar que las autoridades del Reino Unido ya se habían ocupado de los casos, y en 2021 dejó en segundo plano la conducta del personal estadounidense en la investigación sobre Afganistán para centrarse en los talibanes y el Estado Islámico. La acusación de selectividad, que han planteado la Unión Africana y otros, sigue siendo objeto de disputa. El resultado es una corte cuyos jueces han dictado 15 condenas, todas en situaciones africanas, en 24 años de funcionamiento. En esos mismos años, Estados Unidos y sus aliados europeos libraron largas guerras de ocupación en Irak y Afganistán, hubo detenidos torturados bajo custodia estadounidense y ningún proceso de la CPI produjo una sola acusación contra su personal.
Las órdenes que no se pueden ejecutar
En marzo de 2023, la CPI dictó una orden de detención contra Vladímir Putin por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos. En noviembre de 2024, dictó órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Estas órdenes rompían con el patrón histórico: la Corte actuaba contra el líder en ejercicio de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y contra el líder de un estrecho aliado de Estados Unidos. Ni Israel ni Rusia entregarían a sus ciudadanos para que fueran juzgados. Las órdenes provocaron una contrapresión política inmediata sobre la propia Corte. En febrero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra funcionarios de la CPI e incluía al fiscal de la Corte entre los sancionados, invocando las órdenes contra Netanyahu y Gallant. Rondas posteriores ese mismo año añadieron a jueces y a los dos fiscales adjuntos, unos por el caso de Palestina y otros por la investigación de la Corte sobre el personal estadounidense en Afganistán. Las órdenes tienen peso jurídico y producen consecuencias políticas. Pero la Corte no tiene policía propia. Los Estados parte están jurídicamente obligados a detener y entregar a los sospechosos que se hallen en su territorio, pero la ejecución depende de las autoridades nacionales, y Rusia e Israel, que no son parte, no tienen ninguna intención de cumplir.
Estados Unidos como caso de prueba
Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo adicional I. El Gobierno de Reagan lo rechazó formalmente en 1987: al remitir el Protocolo adicional II al Senado, el presidente Reagan calificó el Protocolo I de «fundamental e irreconciliablemente defectuoso» y se negó a someterlo siquiera a su consideración. Destacaban dos objeciones concretas, ambas dirigidas contra disposiciones que habrían limitado las decisiones operativas. El artículo 1.4 extendería la protección de los combatientes a quienes luchan en guerras de liberación nacional contra la dominación colonial o la ocupación extranjera, lo que el Gobierno interpretó como otorgar estatuto jurídico a la OLP y a organizaciones similares. El artículo 44.3 relaja la exigencia de distinción y permite que, en determinadas circunstancias, los combatientes conserven su estatuto aunque solo lleven las armas abiertamente durante cada enfrentamiento militar y mientras sean visibles para el adversario durante el despliegue previo a un ataque. Fue una de las disposiciones que llevaron al Estado Mayor Conjunto a concluir que «varias de las disposiciones» del Protocolo eran «militarmente inaceptables».
Quedarse fuera del PA I no liberó a Estados Unidos de los propios Convenios, pero sí puso en disputa el alcance del Protocolo. La proporcionalidad y la distinción se reconocen hoy como derecho internacional consuetudinario que obliga incluso a quienes no son parte: el estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario extrae sus normas de la práctica tanto de Estados parte en los tratados como de Estados que no lo son. Estados Unidos acepta esos dos principios; lo que impugnó formalmente fue el método del estudio y muchas de sus normas concretas, alegando que el CICR presentaba erróneamente normas propias del PA I como derecho consuetudinario vinculante para Estados que nunca ratificaron el Protocolo. Estados Unidos y el CICR siguen formalmente en desacuerdo sobre cuánto derecho obliga a los Estados que firmaron los Convenios básicos pero no los Protocolos. Así, la vía por la que las normas del Protocolo llegan a quienes no son parte la discute, en sus detalles, el Estado mejor situado para bloquear su aplicación formal.
Abu Ghraib dejó constancia de cómo es en la práctica la rendición de cuentas nacional. En 2003 y 2004, militares estadounidenses del complejo penitenciario de Abu Ghraib, en Irak, sometieron sistemáticamente a los detenidos a torturas, humillaciones sexuales y tratos degradantes. Manadel al-Yamadi murió bajo custodia estadounidense en el centro, golpeado durante un interrogatorio; su cadáver quedó registrado en las fotografías hoy conocidas por todos. Once soldados estadounidenses fueron condenados por delitos relacionados. Lynndie England cumplió unos dieciocho meses de una condena de tres años antes de obtener la libertad condicional. Charles Graner, señalado como uno de los cabecillas, cumplió seis años y medio de una condena de diez.
Las fotografías hacían imposible negarlo; lo que quedó abierto era hasta dónde subiría la rendición de cuentas en la cadena de mando. Las penas de prisión se quedaron en los suboficiales y la tropa. El único oficial sometido a consejo de guerra, el teniente coronel Steven Jordan, fue absuelto de los cargos relacionados con los abusos. Donald Rumsfeld, que autorizó técnicas de interrogatorio ampliadas que crearon las condiciones en las que se produjo Abu Ghraib, no se enfrentó a ningún proceso penal. Jay Bybee y John Yoo, los abogados del Departamento de Justicia autores de los memorandos de la Oficina de Asesoría Jurídica que redefinían la tortura para abarcar solo un dolor de intensidad equivalente al que acompaña a una lesión física grave, como el fallo orgánico, el deterioro de una función corporal o la muerte, nunca fueron acusados, aunque la propia Oficina repudió después esos argumentos jurídicos. Los contratistas civiles que trabajaron como interrogadores en la prisión nunca fueron sometidos a un juicio penal; la única rendición de cuentas legal para su empleador, CACI, llegó a través de una demanda civil presentada por supervivientes iraquíes. Dos décadas después, Human Rights Watch no encontró ninguna prueba de que el Gobierno estadounidense hubiera pagado indemnizaciones ni ofrecido otra forma de reparación a los iraquíes torturados en Abu Ghraib y en otras prisiones gestionadas por Estados Unidos.
El Estado que cometió las violaciones controló a quién se acusaba, qué pruebas se reunían y hasta dónde subía en la cadena de mando cualquier investigación. Lo que mantuvo las condenas en el nivel de los suboficiales y la tropa fue que el marco confía en los tribunales del propio infractor. En derecho, cualquier Estado parte puede juzgar una infracción grave; en la práctica, ningún otro Estado tenía bajo custodia a los altos cargos implicados y ningún tribunal internacional tenía jurisdicción sobre ellos.
En Yemen los papeles cambiaron de manos y la estructura se mantuvo. Las fuerzas de la coalición saudí bombardearon hospitales cuyas coordenadas GPS se habían comunicado a los mandos de la coalición. Estados Unidos prestó apoyo militar a la coalición, incluidas la inteligencia y la logística. Ni Yemen ni Arabia Saudí son parte en el Estatuto de Roma, y el Consejo de Seguridad nunca remitió la situación a la CPI. La coalición se investigó a sí misma mediante un Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes, que concluyó que el bombardeo de octubre de 2015 contra el hospital de Haydan, apoyado por MSF, no causó «daños humanos»; Human Rights Watch constató que esas revisiones no sirvieron para exigir responsabilidades a nadie. La misma brecha se abre allí donde ningún tribunal exterior puede llegar, sean o no las fuerzas estadounidenses las autoras directas.
Lo que el sistema consigue
Donde no hay procesamiento, la documentación sigue teniendo cierto efecto: los Estados modifican su conducta cuando las violaciones se documentan, se atribuyen y se hacen públicas. Lo que los mueve es el coste reputacional; los poderosos tienen pocos procesos que temer. El enfoque bilateral y confidencial del CICR da resultados en casos concretos: acceso negociado a prisioneros de guerra, mejores condiciones de detención, prisioneros concretos localizados. La documentación pública de MSF sobre los ataques contra hospitales en Yemen generó una presión política que los mecanismos nacionales de rendición de cuentas no lograron generar. El mecanismo falla cuando los Estados deciden que el beneficio de la violación supera el coste reputacional, y eso ocurre con regularidad.
El derecho sustantivo también se ha extendido más allá de su forma de tratado. El caso Nicaragua confirmó el artículo 3 común como derecho consuetudinario. Los principios esenciales de proporcionalidad, distinción y precaución del PA I se reconocen hoy como consuetudinarios pese a la falta de ratificación estadounidense. Los Estados que nunca ratificaron el PA I siguen jurídicamente obligados por sus prohibiciones esenciales, en opinión de la mayoría de los especialistas en derecho internacional y del CICR. El derecho se ha extendido aunque la aplicación haya seguido siendo débil, y Estados Unidos se ha tomado el estudio consuetudinario lo bastante en serio como para impugnarlo formalmente.
Luego están los tribunales: Núremberg, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, su homólogo para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la condena de Anwar Raslan en Alemania. Los tribunales posteriores se basaron directamente en los Convenios de Ginebra. El estatuto del tribunal para la ex Yugoslavia tipificó las infracciones graves como delito por sí mismas, y el tribunal para Ruanda juzgó violaciones del artículo 3 común. Núremberg, anterior a los Convenios de 1949, contribuyó a inspirarlos. Ninguno actuó a través de los mecanismos de aplicación propios de los Convenios. Cada uno necesitó algo que los Convenios no proporcionan: vencedores o un Consejo de Seguridad dispuestos a crear un tribunal después de los combates, o un fiscal nacional dispuesto a actuar. Los Convenios mantienen las normas preparadas para cuando la política permita un juicio. Ese momento suele llegar cuando un actor poderoso ya ha perdido, o cuando un tribunal de un tercer país, con la determinación suficiente, actúa contra un acusado al que puede alcanzar.
El TPIY juzgó a funcionarios serbobosnios y croatas porque la constelación política de principios de los años noventa hizo posible crear un tribunal ad hoc; Estados Unidos, Rusia y las potencias europeas tenían motivos para apoyarlo. El TPIR juzgó a los autores del genocidio de Ruanda porque el nuevo Gobierno ruandés había pedido un tribunal internacional (aunque acabó votando en contra de su diseño final) y porque la comunidad internacional estaba visiblemente avergonzada de su inacción. Alemania juzgó a Raslan porque se encontraba físicamente en territorio alemán y la justicia alemana estaba dispuesta a hacerlo. Estos juicios exigieron responsabilidades, y también muestran lo que hizo falta para ello: una alineación política concreta que no se repetirá a voluntad.
Raslan cumple cadena perpetua en Alemania por lo que hizo en Damasco. El TPIY condenó a Radovan Karadžić, y Núremberg ejecutó a dirigentes nazis. Las leyes de la guerra hicieron posibles estos resultados, en Núremberg antes de que existieran los Convenios y a través de los Convenios después. La aplicación, en el sentido habitual, significa una consecuencia fiable y previsible de la violación. Estos resultados dependieron de condiciones que, para los artífices y los poderosos, muy rara vez coinciden.
Lo que compraron las firmas
En un sentido estricto, la celebración del aniversario era exacta: 196 Estados han ratificado los mismos cuatro documentos, un alcance que solo igualan unos pocos de los tratados existentes y un logro de la historia del derecho internacional.
Pero los Estados pudieron ratificarlos de forma tan amplia porque la arquitectura de aplicación preservaba su soberanía. Obtuvieron el prestigio del compromiso formal, incluido el derecho a invocar los Convenios contra sus adversarios, sin renunciar al control práctico sobre si su propia conducta llegaría alguna vez a juzgarse. Todos los mecanismos concebidos para crear una rendición de cuentas externa o casi nunca se usaron o se estructuraron para exigir el consentimiento del infractor: una Potencia protectora significa aceptar un observador neutral con acceso real, y la CIHE significa consentir el escrutinio; el CICR trabaja casi siempre en silencio porque la alternativa conlleva el riesgo de ser excluido; la CPI rara vez alcanza a los Estados más poderosos porque se quedaron fuera de ella y tienen un veto sobre la vía del Consejo que conduce hasta ella. Washington pidió a Roma un escudo basado en el consentimiento del Estado de nacionalidad, y cuando Roma lo rechazó, Washington se quedó fuera.
Así es como la misma organización pudo, con seis semanas de diferencia, celebrar un tratado con 196 partes e informar, como hace desde 2003, de que la falta de respeto de sus normas es el desafío más importante de ese derecho.
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4:44Las leyes de la guerra (en pocas palabras) | CICRResumen animado del CICR sobre las reglas básicas del derecho internacional humanitario en los conflictos.Cómo citar este artículo
Johan Karlsson. “Cómo funcionan de verdad los Convenios de Ginebra: la práctica frente a la teoría.” Eikleaf, 11 de mayo de 2026, actualizado 2 de noviembre de 2026. https://www.eikleaf.com/es/how-the-geneva-conventions-actually-work-in-practice-versus-in-theory/
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Principales fuentes y referencias
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