Hasta dónde alcanza a un tribunal de La Haya una lista de sanciones de Estados Unidos

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Última actualización: 25 de octubre de 2026 · 22 min de lectura

En agosto de 2025, el Tesoro de Estados Unidos añadió a su lista de personas sancionadas a Kimberly Prost, jueza canadiense de la Corte Penal Internacional. Antes de llegar a la Corte, Prost había trabajado en materia de sanciones para el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora estaba al otro lado. Perdió de inmediato el acceso a sus tarjetas de crédito, y Alexa, la asistente de Amazon, dejó de responderle. Poco después de la designación compró un libro electrónico, El collar de la reina, de Antal Szerb, y más tarde descubrió que había desaparecido de su dispositivo. En un escrito judicial de 2026 afirma que HSBC congeló su cuenta en Nueva York y que Amazon, Google y Expedia restringieron o cerraron sus cuentas. «He trabajado toda mi vida en la justicia penal, y ahora estoy en una lista con personas implicadas en terrorismo y crimen organizado», dijo.

El 9 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro incluyó en esa misma lista a la propia Corte. Las rondas anteriores habían alcanzado a sus jueces y fiscales uno a uno. Este paso podría exponer a cualquier empresa que preste servicios a la institución. Llegó horas después de que Navi Pillay, antigua jueza de la Corte, ganara el Premio Nobel de la Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, expuso el objetivo sin rodeos: «O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI».

Ese día ocurrieron dos cosas distintas. La designación entró en vigor. Y la OFAC emitió cuatro licencias generales, autorizaciones públicas que permiten determinadas operaciones con la Corte pese a la inclusión en la lista. Una de ellas está vigente hasta el 7 de abril de 2027; las otras tres no tienen fecha de caducidad. Las licencias dejan a los bancos y proveedores europeos la tarea de distinguir entre lo que la ley estadounidense prohíbe realmente y aquello por lo que Washington podría castigarlos de todos modos. Dónde tracen esa línea decidirá si la Corte puede seguir pagando a su personal, custodiando a sus presos y juzgando a Rodrigo Duterte, el expresidente filipino cuyo juicio debe comenzar el 30 de noviembre.

Lo que dicen los papeles del Tesoro

El motor jurídico es la Orden Ejecutiva 14203, que Donald Trump firmó el 6 de febrero de 2025. Una vez que una persona o un organismo es designado en virtud de ella, todos sus bienes que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo el control de una «persona estadounidense», quedan bloqueados: congelados allí donde están. Las personas estadounidenses ya no pueden proporcionar fondos, bienes o servicios al sancionado, ni recibirlos de él. La orden define a la persona estadounidense como un ciudadano o residente permanente de Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos o una entidad constituida conforme al derecho estadounidense, incluidas sus sucursales en el extranjero. La oficina de una empresa estadounidense en Ámsterdam está cubierta. Un banco neerlandés en Ámsterdam, como tal, no lo está.

Leída por sí sola, la orden aislaría a la Corte de todos los bancos, proveedores de software y aseguradoras estadounidenses. Por eso la OFAC redactó excepciones ese mismo día. La Licencia General 13 autoriza toda operación que la normativa relativa a la Corte prohibiría en otro caso si es «habitualmente accesoria y necesaria para el mantenimiento o la liquidación de las operaciones» en las que participe la Corte. Está vigente hasta las 00:01, hora de verano del Este, del 7 de abril de 2027. Su texto detalla lo que tiene en mente: los pagos de los Estados miembros a la Corte; los salarios, el seguro de salud y la atención médica de sus empleados, beneficiarios de subvenciones y contratistas, y además el alquiler, los suministros, los impuestos, los seguros y los servicios comerciales habituales, como las suscripciones.

Las otras tres licencias no tienen fecha de caducidad. La Licencia General 14 abarca las telecomunicaciones, los servicios de internet como el correo electrónico y las videoconferencias, y el software empresarial, un término que define de modo que incluye los recursos humanos y las nóminas, la gestión financiera, el almacenamiento de datos y los servicios en la nube. La Licencia General 15 cubre el pago de pensiones, siempre que cualquier pago a una persona bloqueada se ingrese en una cuenta bloqueada y remunerada en Estados Unidos. La Licencia General 16 autoriza todo lo necesario para mantener detenidas a nueve personas nombradas en su anexo, entre ellas Duterte y el líder miliciano de Darfur Ali Kushayb, incluidos su salud y bienestar y el funcionamiento de los centros de detención.

Si se ponen las cuatro una junto a otra, aparece una forma extraña. Washington ha concedido un permiso sin plazo para que los presos de la Corte sigan alimentados y vigilados, su correo electrónico funcionando y sus pensiones pagadas. El software de nóminas tiene licencia sin fecha de caducidad. Los salarios que calcula, solo hasta abril. De la redacción se desprenden tres límites. Una licencia permite; no obliga a nadie, y ningún banco tiene que mantener abierta una cuenta porque la OFAC lo autorice. La Licencia General 13 excluye además las operaciones con cualquier otra persona bloqueada, como un juez designado a título individual, salvo que estén autorizadas por separado. Y lo que expira el 7 de abril de 2027 es una autorización estadounidense. Después de esa fecha, la orden abarca lo que siempre ha abarcado: los bienes situados en Estados Unidos o en poder de personas estadounidenses, las operaciones de personas estadounidenses y a cualquiera que haga que una persona estadounidense incumpla las normas. Nada en el texto se convierte en una prohibición mundial.

El Departamento de Estado dijo que las exenciones pretendían «dar tiempo a los Estados Partes para demostrar avances significativos» en resoluciones que atiendan las preocupaciones de Estados Unidos, y que el periodo de gracia podría ajustarse en función del «éxito o fracaso» de esos esfuerzos. Rubio señaló a su público. «Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la Corte», dijo. El plazo de abril para los salarios es una presión sobre los Gobiernos que financian la Corte.

Cuando Washington penalizó a países por apoyar a la Corte

La American Servicemembers' Protection Act (Ley de Protección del Personal Militar Estadounidense), firmada en agosto de 2002, autoriza al presidente a emplear «todos los medios necesarios y apropiados» para liberar a las personas estadounidenses o aliadas amparadas por la ley que estén detenidas por la Corte o en su nombre. Sus críticos apodaron la disposición «cláusula de invasión de La Haya». Washington recurrió también a una cláusula del propio tratado fundacional de la Corte. El artículo 98 del Estatuto de Roma establece que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega que obligue a un Estado a incumplir un acuerdo conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe, a menos que la Corte obtenga primero ese consentimiento. Estados Unidos firmó 100 de estos acuerdos de no entrega hasta marzo de 2006. El 1 de julio de 2003 suspendió la ayuda militar a los Estados miembros que no hubieran firmado uno, con la excepción de los miembros de la OTAN y de los aliados principales no pertenecientes a la OTAN, y con dispensas posibles; leyes posteriores recortaron también parte de la ayuda económica. Hasta marzo de 2006, a doce países latinoamericanos, entre ellos Brasil y México, se les había denegado por este motivo la asistencia estadounidense. Algunos altos cargos del Gobierno de Bush y miembros del Congreso se inquietaron por el efecto de los recortes en las relaciones con América Latina. En 2005, Estados Unidos se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad que remitió el caso de Darfur a la Corte.

Donde acaba la ley estadounidense y empieza la cautela

La orden tiene además un segundo filo. Permite a Washington designar a cualquier persona extranjera de la que se determine que ha «prestado asistencia material» a una persona bloqueada o le ha proporcionado bienes o servicios. Y prohíbe toda operación que «cause una infracción» de sus normas. Ninguna de las dos cláusulas, por sí sola, prohíbe a una empresa europea dar servicio a la Corte. La primera deja a la empresa expuesta a que la incluyan a ella misma en la lista, a discreción de Washington. La segunda la hace responsable si un pago o un servicio que organiza para la Corte arrastra a un banco o a un proveedor de servicios en la nube estadounidense a una operación prohibida.

Los jueces sancionados viven en ese filo desde 2025. Beti Hohler, incluida en la lista en junio de 2025, contó en febrero de 2026, en una audiencia en el Parlamento Europeo, que un banco europeo «del que había sido clienta durante décadas» le anunció el cierre de su cuenta un día después de ser sancionada, y la cerró en cuestión de días. «Aunque una transacción se haga entre dos bancos europeos, en euros y sin ningún vínculo con Estados Unidos, aun así puede ser rechazada», dijo. «Una tarjeta bancaria que funciona hoy puede no funcionar mañana».

Algunos casos siguen sin aclararse. En mayo de 2025, personal de la Corte contó a Associated Press que Microsoft había cancelado la dirección de correo electrónico de Karim Khan, entonces fiscal jefe y ya sancionado por Estados Unidos, y que este se había pasado a Proton Mail, un proveedor suizo. El presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que la empresa no había cancelado ni suspendido sus servicios a la Corte, mientras que Microsoft reconoció un proceso «que llevó a excluir al funcionario sancionado». Las dos versiones dejan abierto quién desconectó a Khan y por iniciativa de quién. Algunas organizaciones no gubernamentales dejaron de trabajar con la Corte ese año.

El caso más claro afecta al dinero de la propia institución. En marzo de 2026, meses antes de que la Corte misma entrara en la lista, Spuerkeess, el banco estatal de Luxemburgo, ya había cerrado las dos cuentas de la Corte, alegando temores por su negocio en Estados Unidos. El 24 de marzo, sus representantes dijeron a los diputados que el cierre era sobre todo una cuestión de la política de riesgos del banco y que se había acordado con la Corte. Laurent Mosar, diputado luxemburgués, defendió la medida: «Cualquier decisión distinta de cerrar estas cuentas habría expuesto al banco a sanciones». En aquel momento, las sanciones estadounidenses señalaban a varios cargos de la Corte, pero no a la Corte.

ABN Amro, el banco neerlandés que gestiona las finanzas de la Corte, se enfrenta a la misma aritmética. Su división de compensación, que liquida operaciones con acciones para sus clientes, tiene un gran negocio en Estados Unidos, y eso podría exponer al banco a sanciones estadounidenses. A mediados de octubre, Cedric Ryngaert, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Utrecht, afirmó que «la legislación no está en absoluto redactada con claridad» y que la incertidumbre tiene un «efecto disuasorio», porque las empresas no pueden saber si están afectadas.

La Corte lleva meses preparándose. Antes del 9 de octubre trasladó los ordenadores de sus oficinas de Microsoft a openDesk, un paquete alemán de código abierto, y tomó nuevas disposiciones para sus servicios bancarios y su seguro de salud. En septiembre, además, ya venía pagando al personal con meses de antelación para amortiguar cualquier trastorno en las nóminas. Su Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas advirtió de que las sanciones «pueden tener el efecto de perturbar los canales financieros, los servicios y las alianzas» de los que dependen las reparaciones.

Los tribunales estadounidenses han recortado los bordes de la orden, pero solo para los estadounidenses que demandaron. Demandas anteriores de profesores de Derecho y activistas de derechos humanos estadounidenses obtuvieron resoluciones que impiden aplicarla contra esos demandantes por determinadas actividades de expresión relacionadas con la Corte. El 13 de octubre, el juez Jesse Furman, en Nueva York, concedió una medida cautelar a dos grupos estadounidenses, DAWN y la Taxpayer Alliance Against Genocide, y a dos miembros de esta última, que los protege de sanciones por las actividades de expresión descritas en su demanda. Se negó a declarar inconstitucional la orden o a suspenderla para todos. Para el 20 de octubre, el Gobierno había aceptado convertir esa medida cautelar en permanente, y los grupos pedían una más amplia. Tres de los jueces sancionados demandaron en junio de 2026 para impugnar sus propias designaciones, y Human Rights Watch y otros tres grupos presentaron en agosto una demanda para que se anulen las sanciones; ninguno de los dos casos se había resuelto a finales de octubre. Nada de esto afecta a las operaciones bancarias de la Corte en Europa. Eso depende de hasta dónde estén dispuestas a llegar las empresas europeas.

La respuesta de Europa, a 24 de octubre

Los Gobiernos han intentado devolver esa línea hacia la letra de la ley. El 9 de octubre, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta en contra de las sanciones. A principios de esa semana, el secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, había pedido a la Unión Europea que estuviera preparada para usar su «mecanismo de bloqueo».

El Estatuto de bloqueo es un reglamento de la UE que protege a los operadores europeos de los efectos de las leyes extranjeras enumeradas en su anexo. Les prohíbe cumplirlas, aunque una empresa puede solicitar a la Comisión Europea autorización para hacerlo. Se aplicó por primera vez frente a las sanciones estadounidenses contra Cuba, Irán y Libia, y el anexo abarca medidas estadounidenses sobre Cuba e Irán; la UE lo actualizó en 2018, cuando Washington volvió a imponer sanciones a Irán. Para proteger a la Corte, la UE tendría que añadir a ese anexo las medidas relativas a la CPI. Aun así, la protección sería parcial: ABN Amro podría verse obligado a elegir entre incumplir las normas de la UE e incumplir las de Estados Unidos.

El 14 de octubre, un portavoz de la Comisión dijo: «Aún no hemos tomado ninguna decisión». El Consejo Europeo se reunió el 15 y el 16 de octubre. Los líderes subrayaron el acceso sin trabas a los servicios financieros y el valor de que las empresas europeas sigan prestando servicio a la Corte, e instaron a Washington a revocar las medidas. El 20 de octubre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo al Parlamento Europeo que se estaba trabajando en el Estatuto. «Si usamos el Estatuto de bloqueo, tenemos una oportunidad, y solo una, de hacerlo bien», dijo. En el mismo discurso describió las sanciones como «aún no en vigor», una descripción política de una designación que entró en vigor el 9 de octubre.

El 23 de octubre, la Comisión publicó orientaciones formales. «Los operadores de la UE deben seguir prestando servicios a la CPI como hasta ahora», afirmó, remitiéndose a la Licencia General 13. Eso incluye los pagos en la zona única de pagos en euros (SEPA), el sistema de transferencias en euros dentro de Europa, que, según señaló la Comisión, funcionan con infraestructura europea. La comunicación dice a los bancos lo que la licencia estadounidense ya permite. No les da ninguna protección jurídica frente a sanciones estadounidenses. A 24 de octubre, el anexo del Estatuto de bloqueo no se había ampliado a la Corte, aunque los eurodiputados lo habían pedido en repetidas ocasiones. El 22 de octubre, el Parlamento había concedido su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la Corte y a sus cargos.

Una corte que toma prestada su policía

La dependencia de terceros es anterior a las sanciones. El Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte, se adoptó el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Corte juzga a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita una situación, solo puede actuar cuando un crimen se ha cometido en el territorio de un Estado miembro o por un nacional de un Estado miembro, y un Estado no miembro puede aceptar su competencia mediante una declaración. Las investigaciones comienzan cuando un Estado miembro o el Consejo de Seguridad remite una situación, o por iniciativa propia del fiscal. La Corte se aparta cuando un Estado con jurisdicción está investigando o enjuiciando realmente el caso por su cuenta. Los jueces dictan una orden de detención, o una orden de comparecencia, cuando hay «motivo razonable para creer» que una persona ha cometido un crimen. El acusado debe estar presente en el juicio.

La Corte no tiene policía. Los Estados miembros «cooperarán plenamente», y cuando uno se niega, el único recurso formal de la Corte es hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, en los casos que le haya enviado el Consejo de Seguridad, al Consejo. En septiembre de 2024, Vladímir Putin, buscado desde marzo de 2023 por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos, visitó Mongolia, Estado miembro. Mongolia no lo detuvo. Los jueces constataron que había incumplido su obligación y remitieron el asunto. Los incumplimientos anteriores de este tipo apenas habían traído más que reprimendas verbales.

El caso Duterte muestra la dependencia desde el otro lado. Filipinas abandonó la Corte en 2019. El sucesor de Duterte, Ferdinand Marcos Jr., dio a entender al principio de su mandato que no cooperaría, pero a finales de 2023 su Gobierno dejó entrar en el país a los investigadores de la Corte. Las dos familias han protagonizado desde entonces una ruptura espectacular. En marzo de 2025, Duterte fue detenido en Manila con ayuda de Interpol, y el 12 de marzo fue entregado a la Corte. En abril de 2026, la Sala de Apelaciones confirmó que la Corte es competente para los presuntos crímenes cometidos en territorio filipino entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, los años en que el país fue miembro. El 8 de octubre, la Corte anunció que Duterte estaba en condiciones de ser juzgado por cargos de asesinato e intento de asesinato como crímenes de lesa humanidad. Un Gobierno que había abandonado el tratado entregó al acusado.

Las órdenes contra los talibanes muestran el desenlace opuesto. En julio y septiembre de 2025, una Sala de Cuestiones Preliminares dictó órdenes de detención contra cuatro líderes talibanes, entre ellos el líder supremo, Hibatulá Ajundzada, y el 5 de octubre de 2026 levantó el secreto de las cuatro. Los jueces encontraron motivo razonable para creer que los cuatro son responsables de persecución por motivos de género contra mujeres, niñas y personas que no se ajustan a la política de género talibán, y por motivos políticos contra quienes son considerados sus aliados, desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Los talibanes han prohibido a las niñas estudiar más allá del sexto curso y a las mujeres la mayoría de los empleos y de los espacios públicos. Afganistán se adhirió a la Corte en 2003. Con los talibanes en el poder, la perspectiva de cualquier detención es remota.

El propio recuento de la Corte, a finales de octubre de 2026, pone cifras a todo esto. Sus jueces han dictado 68 órdenes de detención. Veintitrés personas han sido detenidas y llevadas ante la Corte, 34 siguen en libertad y los cargos contra 9 se retiraron porque murieron. Los jueces han dictado además 9 órdenes de comparecencia. El sudanés Omar al Bashir, el primer presidente en ejercicio al que la Corte ha perseguido, tiene dos órdenes en su contra; ninguna se ha ejecutado.

Cómo se detuvo al último prófugo del tribunal para Yugoslavia

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cerró el 31 de diciembre de 2017, tampoco tenía policía. Acusó a 161 personas, y las 161 figuran como «localizadas», una cifra que incluye a 20 cuyas acusaciones se retiraron y a 10 que murieron antes de su traslado. Radovan Karadžić fue detenido por las autoridades serbias en julio de 2008. El último prófugo, Goran Hadžić, fue detenido en el norte de Serbia el 20 de julio de 2011, después de haber escapado una vez, al parecer alertado desde dentro de los servicios de seguridad serbios. El presidente de Serbia dijo que la detención satisfacía las exigencias de la UE de capturar a todos los prófugos acusados de crímenes de guerra. El fiscal del tribunal, Serge Brammertz, señaló más tarde tres razones principales de su balance: una unidad de búsqueda de prófugos en su oficina, fuerzas internacionales sobre el terreno dispuestas, al final, a practicar detenciones, e incentivos para que los Estados de la región cooperaran. Entre esos incentivos, la UE había hecho de la plena cooperación una condición para la adhesión desde 2002, y en octubre de 2010 dijo que la mejor prueba por parte de Serbia sería la detención de sus dos últimos prófugos, Ratko Mladić y Hadžić.

Una vieja objeción, una campaña más amplia

Los argumentos de Washington están expuestos en la orden ejecutiva. Esta declara una emergencia nacional ante cualquier intento de la Corte de investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a «personas protegidas», una categoría que abarca a toda persona estadounidense, soldados y altos cargos incluidos, salvo que Washington consienta la competencia de la Corte sobre ellas, y a los ciudadanos y residentes de los miembros de la OTAN y de los aliados principales no pertenecientes a la OTAN cuyos Gobiernos no hayan dado su consentimiento o no se hayan adherido al tratado de la Corte. «La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni sobre Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI», dice. Los agravios inmediatos están documentados. En noviembre de 2024, la Corte dictó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, después de que los jueces encontraran motivo razonable para creer que habían privado a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, entre ellos alimentos, agua y medicamentos.

Trump ha dicho que la campaña pretende proteger a Netanyahu. Dos de las juezas incluidas en la lista, Prost y Solomy Bossa, habían suscrito en 2020 una resolución de apelación que autorizó una investigación en Afganistán que abarcaba presuntos crímenes cometidos por estadounidenses; en 2021, el fiscal dijo que «dejaría de priorizar» ese aspecto. Una tercera, Reine Alapini-Gansou, formaba parte de la sala que aprobó las órdenes contra Netanyahu y Gallant.

La objeción es anterior a Trump. Con Bill Clinton, Estados Unidos fue uno de los siete únicos países que votaron en contra del Estatuto de Roma en 1998, y el 6 de mayo de 2002 comunicó a la ONU que no tenía intención de llegar a ser parte. En septiembre de 2020, la OFAC incluyó en la lista a la entonces fiscal, Fatou Bensouda, y a un alto cargo, Phakiso Mochochoko. Joe Biden levantó esas sanciones en abril de 2021, al considerar que no eran «una estrategia eficaz ni apropiada», al tiempo que afirmaba que Estados Unidos sigue oponiéndose a la competencia de la Corte sobre el personal de Estados no miembros sin su consentimiento o sin una remisión del Consejo de Seguridad.

El segundo Gobierno de Trump amplió la campaña. En junio de 2025, la OFAC incluyó en la lista a cuatro jueces. En agosto añadió a Prost, al juez Nicolas Guillou y a los dos fiscales adjuntos; en diciembre, a otros dos jueces; en agosto de 2026, a la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y a un abogado litigante de alto rango. Para entonces, nueve de los 18 jueces de la Corte estaban sancionados por Estados Unidos. En julio de 2026, Rubio prometió «desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario», y un funcionario del Departamento de Estado dijo que a los países que acogen fuerzas estadounidenses «se les está pidiendo que rechacen la supuesta autoridad de la CPI para procesar a funcionarios y militares estadounidenses». El 22 de septiembre, Trump dijo ante la Asamblea General de la ONU: «Pido a todas las naciones que son miembros de la CPI que abandonen oficialmente y de inmediato esta institución descontrolada». Esa semana solo lo siguió Naoero, la isla del Pacífico antes llamada Nauru. El 9 de octubre, la campaña pasó de las personas a la institución.

Los argumentos contra la Corte

La objeción de Washington merece exponerse en su forma más sólida. Un tratado obliga a los Estados que se adhieren a él, y Estados Unidos e Israel nunca se adhirieron. La respuesta de la Corte es territorial: en el caso del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el territorio de un Estado miembro queda bajo su competencia sea quien sea el sospechoso. En febrero de 2021, una Sala de Cuestiones Preliminares resolvió, por mayoría, que Palestina es un Estado miembro cuyo territorio, a estos efectos, incluye Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este. El juez que la presidía, Péter Kovács, emitió un voto parcialmente disidente precisamente sobre ese punto, al dudar de que Palestina pueda considerarse el Estado territorial. La disputa atraviesa el propio tribunal.

El historial de la Corte da más material a los críticos. A octubre de 2026 contabiliza 15 condenas y 4 absoluciones. Entre las 15 figuran cinco personas condenadas en un solo caso por delitos contra la administración de justicia, a raíz de falsos testimonios de testigos de la defensa. Ha fracasado con acusados que ya estaban en el banquillo: Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé, juzgados por presuntos crímenes de lesa humanidad en Costa de Marfil, fueron absueltos de todos los cargos en 2019, y la absolución se confirmó en apelación en 2021. En 2020, una revisión de expertos independientes encargada por los Estados miembros constató que estaba «muy extendida» la opinión de que la fase preliminar no filtra los casos débiles, y describió «desconfianza y una cultura del miedo» dentro de la Corte. En julio de 2026, los Estados miembros destituyeron a Khan como fiscal por faltas graves, la primera destitución de este tipo en la historia de la Corte; él niega las acusaciones, y sus dos adjuntos dirigen la Fiscalía.

Una segunda línea de ataque llega desde la dirección contraria. Seis Estados presentaron notificaciones de retirada en 2026, cada una con efecto un año después. Venezuela alegó que la actuación de la Corte responde a «un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos». Chad la acusó de ineficacia y de parcialidad contra África. Burkina Faso, Malí y Níger la denunciaron como un instrumento neocolonial. Hungría retiró su propia notificación en mayo de 2026, y solo Burundi y Filipinas han completado alguna vez su salida.

La objeción de Washington tiene que ver con el consentimiento; la de los Estados que se retiran, con a quién decide procesar la Corte; la revisión de expertos y la absolución de Gbagbo, con la calidad de sus casos; la destitución de Khan, con su dirección. Las sanciones no resuelven ninguna. Alcanzan, en cambio, a toda la lista de causas. La licencia sobre detenidos nombra a Kushayb, condenado por Darfur, y a Mahamat Said Abdel Kani, condenado en septiembre de 2026 por crímenes de lesa humanidad en la República Centroafricana. Los tres jueces que litigan en Nueva York sostienen que la orden perturba investigaciones que han respaldado por igual Gobiernos republicanos y demócratas, entre ellas las relativas a Sudán, Libia, Uganda, Malí, la República Democrática del Congo y Ucrania. A 9 de octubre de 2026, la Corte no había intentado procesar a ningún estadounidense.

Lo que queda por decidir

Washington solo ha descrito en términos generales el propósito de ese margen. Rubio dijo que la medida se estructuró para que los Estados miembros pudieran «negociar y presentar una solución», y que, si fracasan, Estados Unidos «se ajustará en consecuencia». A 24 de octubre, la lista de actuaciones recientes de la OFAC no mostraba nada nuevo sobre la Corte desde el 9 de octubre.

El tratado limita lo que pueden ofrecer los 125 Estados miembros. Los jueces son independientes en el desempeño de sus funciones, y los miembros de la Fiscalía no pueden solicitar ni cumplir instrucciones de fuentes ajenas a la Corte. Solo los jueces pueden retirar las órdenes contra Netanyahu y Gallant. El Consejo de Seguridad puede suspender una investigación o un enjuiciamiento por periodos de doce meses mediante una resolución aprobada con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pero ningún Estado miembro puede hacerlo por su cuenta. Lo que sí controlan los miembros es el dinero. Financian la Corte mediante cuotas, y para 2026 aprobaron un presupuesto de 196,9 millones de euros y una plantilla de 1.008 puestos.

El juicio de Duterte debe comenzar el 30 de noviembre, holgadamente dentro del periodo que cubre la Licencia General 13. Lo verá la Sala de Primera Instancia III: la jueza Joanna Korner como presidenta, con los jueces Keebong Paek y Nicolas Guillou. Hasta el 7 de abril de 2027, la licencia permite a bancos, aseguradoras y proveedores estadounidenses seguir gestionando los salarios y el alquiler de la Corte y las contribuciones de los Estados miembros, y Washington dice que puede ajustar ese margen según cómo vayan las negociaciones. Guillou es otro asunto. Figura en la lista de sanciones a título propio desde agosto de 2025, y la Licencia General 13 no autoriza operaciones con él.

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Multimedia

Corte Penal Internacional, 2022 – Wikimedia Commons (Foto: Choinowski, CC BY-SA 4.0)

Edificio del Tesoro de Estados Unidos – Wikimedia Commons (Foto: MeanieHyaena, CC BY 4.0)

Edificio Berlaymont, 2024 – Wikimedia Commons (Foto: Cbliu, CC BY-SA 4.0)

Principales fuentes y referencias

Office of Foreign Assets Control, US Department of the Treasury. «International Criminal Court Designation and General Licenses.» Recent Actions, 9 October 2026. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261009

Office of Foreign Assets Control. «International Criminal Court-Related General License No. 13: Authorizing Certain Transactions Involving the International Criminal Court.» 9 October 2026. https://ofac.treasury.gov/media/937186/download

Office of Foreign Assets Control. «International Criminal Court-Related General License No. 14: Authorizing Certain Transactions Related to Telecommunications and Enterprise Software Involving the International Criminal Court.» 9 October 2026. https://ofac.treasury.gov/media/937191/download

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Office of Foreign Assets Control. «International Criminal Court-Related Designations; Issuance of International Criminal Court-Related General License.» Recent Actions, 20 August 2025. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250820

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Office of Foreign Assets Control. «International Criminal Court-related Designations; Venezuela-related Designation; Issuance of International Criminal Court-related General License.» Recent Actions, 18 August 2026. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260818

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